Imponen medidas alternativas a la prisión a familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty

Integrantes de la Comisión de Familiares y Víctimas de la Masacre de Curuguaty habían sido imputados por invasión de inmueble. Denuncian intento de descabezar el movimiento.

Martina Paredes y Mariano Castro, durante una protesta en el Palacio de Justicia por habérseles negado el ingreso a la audiencia preliminar.

El juez de Curuguaty José Benítez impuso medidas alternativas a la prisión a Martina Paredes, Mariano Castro y Darío Acosta, familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty que fueron imputados por invasión de inmueble por haber hecho una chacra comunitaria en una parcela cercana al lugar de la tragedia.

El magistrado impuso a los imputados medidas restrictivas como prohibición de salir del país, de acercarse al inmueble, de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado así una fianza personal de 60 millones de guaraníes a nombre de la abogada Jorgelina Candia.

“Esto es un intento por descabezar el grupo para que la gente tenga miedo”, señaló Paredes luego de su comparecencia. Ante la consulta sobre la versión de la Fiscalía de que la finca no forma parte de las tierras en litigio entre el Estado y la firma Campos Morombí, Paredes se preguntó: “Por qué no hacen la mensura judicial. Por qué Campos Morombí lo impide. A cualquier lugar donde vamos nos dicen que no es Marina Cue”, sentenció.

La abogada defensora apuntó que es llamativo que no exista ninguna notificación del Ministerio Público y que el fiscal José Zarza haya pedido directamente la prisión de los imputados cuando estos tienen probado arraigo en la localidad de Yvypytã.

Al justificar la imputación, el fiscal José Zarza dijo que la parte donde se realizaron los cultivos pertenecen a la finca 72, que no forma parte de las tierras conocidas como Marina Cue y que se encuentran en conflicto entre el Estado y Campos Morombí.

El proceso contra los campesinos tuvo una notable celeridad y en él aparece nuevamente el juez José Dolores Benítez, quien tuvo una cuestionada participación en el caso.

El juez José Dolores Benítez. Foto: Nova Paraguay.

Recordemos que en un irregular proceso de usucapión en que el Estado no tuvo intervención, el juez Carlos Goiburú había dictado sentencia favorable a la firma Campos Morombí en el año 2005, pero tres años y medio después, en 2009, al momento de intentar inscribir la propiedad, cayeron en la cuenta de que la usucapión fue dictada con el número de otra finca. Ante este hecho, que ameritaba el inicio de un nuevo juicio, el juez Benítez “rectificó” la sentencia, una figura inexistente en las leyes paraguayos, en una acción calificada por juristas como un claro hecho de prevaricato.

Además, el juez Benítez había dictado la orden de allanamiento con que se llevó a cabo el trágico desalojo que terminó con 17 muertos aquel 15 de junio de 2012.  El procedimiento se realizó con el supuesto fin de resguardar una reserva natural privada, pero actualmente la mayor parte de la superficie está cubierta de soja.

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