Hoy se inician las reuniones para revisar tratado de Yacyretá

A 40 años de la firma del tratado, la deuda debe ser cero, pero el gobierno de Horacio Cartes reconoce un pasivo de 6.300 millones de dólares en carácter de aportes del Tesoro argentino.

Según el Tratado de Yacyretá, a 40 años de su entrada en vigencia la deuda debe ser cero.  Foto: Yacyretá.

Según el Tratado de Yacyretá, a 40 años de su entrada en vigencia la deuda debe ser cero. Foto: Yacyretá.

Esta mañana se inician las reuniones entre los representantes de Paraguay y Argentina para revisar el Anexo C del Tratado de Yacyretá, firmado hace 40 años.

La Cancillería paraguaya anunció que los tres puntos que planteará el Gobierno es “transparentar las deudas, cogestión plena y obras complementarias”, reportó la Agencia de Información Paraguaya.

La delegación de negociadores estará encabezará por el canciller Eladio Loizaga y estará integrada por el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira (quien se había integrado al Ejecutivo como asesor “ad honórem” de Cartes), el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Víctor Romero, y el director paraguayo de Yacyretá, Juan Schmalko. Por su parte, los negociadores argentinos estarán encabezados por el ministro de Planificación Julio de Vido.

Si bien el Anexo C señala claramente que al término de los 40 años la deuda debe ser cero, el Gobierno paraguayo había anunciado en marzo pasado que reconoce un pasivo de 6.300 millones de dólares en concepto de aportes del Tesoro argentino sin intereses. De su lado, Argentina reclama como deuda de Yacyretá unos 18.000 millones de dólares, cifra a la que se llega contabilizando los aportes argentinos como créditos sujetos a intereses.

Pago con energía

Sin embargo, el experto en temas energéticos Ricardo Canese señala de manera enfática que la deuda debe ser cero y que los aportes argentinos fueron cubiertos por el Paraguay, entre otras cosas, cediendo su parte de energía a precios excepcionalmente bajos.

Canese explica que el anexo C es claro al establecer que luego de 40 años la deuda debe ser cero, pues el desembolso de esta se encuentra incluido en el pago del servicio así como cualquier saldo negativo. Canese sostiene que los fondos proporcionados por Argentina, que pretende sean tratados como créditos con intereses y no como aportes del Tesoro, fueron compensados con creces por el Paraguay con la provisión de energía extraordinariamente a bajo costo, a unos USD 8,15 por MWh con precios de mercado que pueden superar los USD 300 MWh.

Así también, el porcentaje de este “pasivo” que correspondería al Paraguay puede considerarse saldado por el lucro cesante provocado por los retrasos en la puesta en funcionamiento de la represa, fundamentalmente por responsabilidad de Argentina. Entre algunas de las razones citó la imposición de los militares argentinos de que la mayor parte del territorio inundado sea el paraguayo, lo cual causó una demora de cinco años. Así también mencionó una demora de dos años por el propósito de los integrantes de la Junta Militar de imponer a la firma italiana Impregilio en las obras civiles principales.

Canese es enfático al rechazar esta supuesta “quita” de USD 18.000 millones a USD 6.300 millones, porque ello implicaría aceptar una deuda espuria. Precisó que de haber una deuda legítima (como no es el caso), Paraguay solamente deberá pagar en función a la potencia que contrató, que fue el 5%. Es decir, incluso si se aceptara la deuda de USD 18.000 millones, a Paraguay le correspondería pagar solo USD 900 millones.

Canese advierte que esta claudicación del gobierno de Cartes respondería al objetivo de sacar provecho de los negocios de la construcción de Aña Cua y Corpus Christi, que ni siquiera pueden iniciarse hasta que la deuda sea cancelada. Dijo que el mandatario paraguayo estaría observando con sumo interés las inmensas posibilidades de negocios que se pueden lograr con dichas obras en el marco de la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que habilita entregar al sector privado absolutamente todo el patrimonio público por plazos de hasta 40 años.

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