Política
Grupos parapoliciales operan desde hace décadas
La convocatoria de Eduardo Avilés a formar comandos anticomunistas es extemporánea. Pero se le agradece la sinceridad por exponer al menos una situación cotidiana. En realidad los grupos parapoliciales o paramilitares ya están en operaciones desde hace décadas. El saldo, más de 120 dirigentes campesinos y campesinas asesinados, crímenes que siguen impunes hasta el momento, a pesar del “proceso de cambio”, iniciado en agosto del 2008.
Basta con leer el “Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2005)” elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) para tener idea de la magnitud de esta desigual pelea, que todavía es favorable a los criminales.
“En 53 casos son sindicados como victimarios guardias parapoliciales o sicarios, en tanto que 22 ejecuciones arbitrarias están atribuidas a agentes de la Policía Nacional, ya sea en actuaciones oficiales (represión con manifestaciones públicas, desalojos o cumplimiento de órdenes de detención), como en atentados criminales perpetrados por agentes fuera de sus funciones oficiales, conjuntamente con sicarios.
“En todos los caos de ejecuciones arbitrarias perpetradas por civiles armados, se constató de un modo fehaciente que el Estado incumplió su deber de prevención y garantía o su deber de investigación y sanción, e incluso ambos deberes respecto a un mismo caso. Las acciones de estas bandas parapoliciales son manifiestamente ilegales y corresponde su persecución penal sin excusas en cualquier caso”, siguió relatando el reporte, aún ignorado por la mayoría de la ciudadanía, dada su, lógica, escasa difusión por parte de los medios de comunicación oligárquicas, fieles a sus principios y defensora de sus negocios, tierras entre ellos.
El informe Chokokue prosigue: “Sin embargo, a pesar de que esta situación fue denunciada debidamente ante las autoridades públicas, los actos delictivos de estas bandas continúan impunemente, ante la ausencia de control pública, sin que ninguna medida de prevención se haya adoptado para prevenir su accionar o reestablecer el orden público”.
“Nuestro país está militarizado, en Paraguay se vive un régimen semi feudal en donde una oligarquía bastante poderosa está presente en todas las estructuras de poder”, argumentó Belarmino Balbuena, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo.
Queda pues, en manos, de los trabajadores y trabajadoras organizados, tanto del campo como de la ciudad, seguir bregando por la transformación estructural de esta realidad. Neike.
*El informe Chokokue, en su versión digital, está disponible en www.codehupy.org
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De acuerdo a Pagina 12:
“Según los registros de la Corte Suprema chilena, su orden de extradición fue firmada con la vuelta de la democracia, pero el reclamo nunca se tramitó en la Cancillería paraguaya”
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/134707-43445-2009-11-05.html
Que espera el gobierno para extraditarlo ?
Genial Miguel H.! Brillante..!
“Escuadrones anticomunistas”
Es lo mismo que decir escuadrones de la muerte.
La propuesta provino del seno mismo de la oligarquía criolla ganadera del país y constituye el síntoma visible de la intolerancia y la mentalidad criminal antidemocrática y sin respeto a la vida que sigue incubándose en sectores de la sociedad paraguaya (en cualquiera de los extremos).
Ni en los peores tiempos de la dictadura stronista promocionar semejante propuesta fue tan livianamente manejada.
Heredero y ejecutor de uno de los peores regímenes dictatoriales del continente, el de Augusto Pinochet, el dirigente de la Asociación Rural del Paraguay -ARP- Eduardo Avilés propuso, encontrando coro favorable en cierto sector de su gremio, comprar arma pesada, equipar matones a sueldo y salir a asesinar a personas que piensan y conciben la vida de forma diferente a la de ellos.
La razón esgrimida, que en el fondo es más un pretexto, es la insuflada inseguridad y el secuestro del ganadero Fidel Zavala (el segundo después de Lindstron en 2008).
Por encima del Estado, de las instituciones y los organismos constituidos en ley, la propuesta solo apunta a empeorar la existencia de civiles armados que mantienen ilegalmente algunos criadores de ganado en ciertas regiones del país desde hace décadas.
La idea que basa su fundamento en el fascismo apunta a la criminalización de las ideologías -en este caso la de izquierda- y por causa de delincuentes comunes como los del EPP que reproducen discursos zurdos para dar ropaje doctrinario a la deleznable criminalidad por la criminalidad, pretenden matar a todo aquel que no huela a la derecha conservadora a la que pertenece el ganadero.
¿Dónde se vio semejante gesto abiertamente delincuencial que no mereciera una rápida reacción de la Fiscalía y otros organismos públicos? Aun cuando el propio procurador de la República pidió investigación y procesamiento, hasta el momento el criador sigue gozando de libertad. A contramarcha asume la petulante actitud de anunciar posible querella contra quienes “violaron su correspondencia” al difundir el contenido criminoso de su escrito distribuido por correo electrónico dentro de su gremio, cuyos miembros igualmente son acusables por complicidad manifiesta u omisiva.
El gesto del ganadero tuvo rechazo, pero también eco agraciado, aunque más edulcorado, en otros referentes de la Rural. Armarnos es la última opción ante la falta de garantías del Estado, fue la respuesta.
Si tales llamados y apología del delito los hubiera hecho cualquier hijo de vecino, ya estaría demorado en alguna comisaría y con rastros de no muy buen trato. Ellos no. Es más, según el diputado oviedista Víctor Yambay, la ARP tiene el poder de tumbar al presidente de la República y que incluso se reunió con ellos para analizar algunas medidas para defenderse. Nadie accionó o reaccionó.
Lo de Avilés agrega más tensión y enrarecimiento a la crispación que alimentan incluso los legisladores. Con el manejo poco prolijo de algunas informaciones por parte de cierto sector de la prensa, inclusive, el olor a golpe de Estado se propaga, la sensación de que el país está agonizando por la inseguridad recrudece y engendra por ello mismo mayor inseguridad. Y los incitadores, alimentadores de usinas de rumores y pescadores de río revuelto de todos los colores partidarios (no a favor del país, precisamente) se propagan y pululan por los albañales de la política casera.
De entremedio los parlamentarios provocaron recortes mortales al presupuestos de áreas sensibles e indispensables en un país altamente desigual: la Secretaría de Acción Social y la de Emergencia Nacional. Con lo que la necesidad se potenciará y la intranquilidad puede hasta estallarles en sus caras a los promotores del caos.
Tal vez un escuadrón de sensatez y democracia podría ayudarnos a poner un contrapunto a tanta mierda politiquera y fascista.
Por Miguel H. López