Gremios de la producción defienden invasión extranjera a territorio paraguayo

Buscan dilatar la implentación de la reglamentación de la Ley de Zona de Seguridad Fronteriza. Argumentos en contra no tienen fundamento.

Abc Color y los gremios realizan una campaña para atemorizar y desacreditar la medida. Parlamentarios ya amenazan con juicio político a Lugo. Actualmente existe una total destrotección de la soberanía territorial. Solamente en manos brasileñas hay casi 5 millones de hectáreas, en su mayoría en zona de frontera.

Cristaldo (UGP), productores brasiguayos de Santa Rita, Carlos Soler y otros referentes de Patria Querida.

Ola de invasiones, confiscaciones disfrazadas, violación a la propiedad privada, persecución a los productores, inconstitucionalidad, militares pyragues, son algunas de las declaraciones alarmistas realizadas por dirigentes de los gremios de la producción, y los medios y parlamentarios afines.

El pasado 26 de octubre, el presidente Fernando Lugo reglamentó la postergada ley 2.532, que establece la Zona de Seguridad Fronteriza, la cual data de 2005. Ella prohíbe que personas o empresas de Brasil, Argentina o Bolivia se instalen en territorio paraguayo a menos de 50 kilómetros de la frontera con sus países. La falta de reglamentación ha impedido hasta la fecha su cumplimiento.

En una clara intención de dilatar y evitar su implementación se ha iniciado una campaña que busca generar temor y desacreditar la reglamentación. Parlamentarios que responden a los intereses de los propietarios extranjeros ya amenazaron con juicio político al presidente.

La reglamentación

Establece que serán el Ministerio de Defensa, a través de su Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza (CISOZEF), el Servicio Nacional de Catastro y el INDERT quienes se encarguen del inventario de todas las tierras.

Para esto, el Ministerio de Defensa deberá revisar la situación de todos los inmuebles dentro de la zona protegida, sean de paraguayos o extranjeros. Las FF.AA. a través de sus destacamentos fronterizos tienen la responsabilidad de realizar verificaciones periódicas de la situación de las tierras dentro de la franja protegida e informar a la CISOZEF.

Los funcionarios de la CISOZEF podrán requerir a los propietarios los documentos de las tierras, y estos deben presentarlos dentro de las 72 horas desde el pedido. Si se niegan a hacerlo o no pueden demostrar que están en regla, el Estado puede iniciar acciones legales a través de la Procuraduría.

Dentro de sus obligaciones,  la CISOZEF deberá remitir trimestralmente sus informes de trabajo de campo a Catastro a INDERT y a la Dirección Nacional de Registros Públicos.

Argumentos en contra

Los principales argumentos en contra afirman que las Fuerzas Armadas no puede realizar dicha función, argumento que utilizan para tacharlo de inconstitucional. También afirman que la reglamentación no aclara que la ley no es retroactiva, es decir que no afectará a los propietarios extranjeros que adquirieron propiedades antes del 2005.

El vicepresidente de la Unión de Gremios de Productores (UGP), Héctor Cristaldo, en declaraciones a la 970, afirmó que Lugo realiza un atropello a la Constitución Nacional y a la propiedad privada, al promulgar un decreto que establece que en 72 horas se debe presentar el título de propiedad autenticado y la agromensura. Con esto, de invasión pasamos a desalojo, afirmó. Entre los asociados de la UGP se encuentran muchos extranjeros.

La preocupación por las 72 horas evidencia un temor por la situación irregular de muchos propietarios.

El diputado de Patria Querida, Carlos Soler, afirmó a Abc Color que “la Constitución Nacional, ya en el Artículo 109 garantiza claramente la propiedad privada, y la verificación no es el rol de las Fuerzas Armadas”. “Se está ante el peligro de que la confiscación se venga en forma disfrazada”.

En otra parte, Soler lanzó una amenaza al ejecutivo ante la implementación del decreto. “Estamos ante una situación delicada (…), ya estuve hablando con algunos colegas que incluso me decían que, de acuerdo al resultado del estudio del decreto, el presidente –Lugo– hasta podría ser pasible de un juicio político por mal desempeño de sus funciones”.

Sin sustento

Más allá de las intenciones alarmistas, los argumentos esgrimidos no tienen sustento. Ninguna ley es retroactiva, por lo tanto esta reglamentación no podrá afectar a propietarios extranjeros que adquirieron tierras antes del 2005.

En cuanto a la participación de los militares en las tareas de verificación, la misma está establecida en la misma ley que fue promulgada por los parlamentarios en el 2005.

El artículo 6 de la normativa encomienda al “Ministerio de Defensa Nacional la realización ante el Servicio Nacional de Catastro, de las diligencias necesarias para el establecimiento de la Zona de Seguridad Fronteriza, debiendo inventariar las condiciones de los inmuebles rurales actualmente existentes”.

En todo caso, cabe un «juicio político» a Nicanos Duarte Frutos y a los parlamentarios que promulgaron la ley.

La intención de ridiculizar el papel de las fuerzas armadas en este trabajo, según puede observarse en las declaraciones, busca que recaigan todas las tareas en manos de Servicio Nacional de Catastro, cuya directora se ha mostrado afín a los intereses de los gremios terratenientes en los últimos conflictos.

“Lugo otorga  a los militares una potestad que por ley orgánica corresponde al Servicio Nacional de Catastro”, Felino Amarilla, en declaraciones a Abc Color.

Soberanía desprotegida

Según un trabajo realizado por el investigador Marcos Glauser, en base a cruzamiento de informaciones y datos del Censo Agropecuario 2008 unas 4.800.000 hectáreas de territorio paraguayo están en manos de brasileños. La mayoría se ubican en gran parte de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay y el Chaco.

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