Golpistas quieren reinstaurar la figura del operador político pagado por el pueblo

Franco despide a funcionarios públicos a mansalva con el silencio cómplice del poder fáctico, la prensa patronal y todo el arco político social del retroceso que consiguió aglutinar en su respaldo. Esta irresponsabilidad política tiene ya consecuencias que la población verifica en programas sociales, atención en salud y emergencias.

El Frente de Trabajadores del Estado contra el Golpe se conformó para resistir los atropellos del gobierno surgido del golpe de Estado de junio de este año.

Vuelve la idea del operador electoral pagado por el pueblo en un inútil intento de volver atrás la idea del servidor público profesional y eficiente que el pueblo ya vio en acción. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogió denuncias.

Se estima que más 2 mil funcionarios contratados y nombrados ya fueron cesanteados en un marco de persecución ideológica innegable y peligrosa.

Los despedidos son generalmente mujeres y hombres que tienen afiliación o simpatía con los partidos del Frente Guasu o con ideas de izquierda.

También, en la mayoría de los casos, trabajadores calificados que llegaron al Estado a aportar visiones diferentes en la administración de los recursos y las políticas públicas a favor de los más necesitados.

Con el despido de los sujetos se pretenden borrar ideas y programas y he aquí lo grave, lo que no se consigna en las crónicas de la gran prensa patronal que califica peyorativamente de “zoqueteros” a estos trabajadores en artículos de corte fascista.

“A dos meses y medio del quiebre del proceso democrático, la persecusión política e ideológica ha sido una constante en todas las instituciones públicas, situación que ha generado el despido masivo, sin justificación ni respeto a las normativas laborales vigentes y que hasta el momento registra aproximadamente 2.500 casos de trabajadores que han quedado desvinculados de sus puestos de trabajo”, expuso en un comunicado el Frente de Trabajadores del Estado.

Esta organización tuvo la oportunidad de reunirse con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el domingo 8 de septiembre, en una delegación encabezada por Carlos Rodríguez, especialista principal en actividades con los trabajadores.

De esta manera lo sintetizaba: “Hemos iniciado las acciones para acompañar las denuncias a nivel local e internacional, dándose de este modo el contacto con la OIT, instancia a la cual se recurre para solicitar una intervención al Estado paraguayo por el incumplimiento de los convenios internacionales que Paraguay ha suscrito en su calidad de miembro”, expusieron Alcides Molinas, del Sindicato de la Secretaría de la Niñez (Sifeposna), Pablo Chávez, del Sindicato de la Secretaría de Emergencia (Sinatrasen) y Genaro Palacios, del Sindicato de la Secretaría de Acción Social (Sitrasas), entre otros dirigentes.

“Tras este primer contacto el Frente de Trabajadores elaborará la documentación necesaria para formalizar la denuncia ante la OIT e iniciará las gestiones para formalizar las denuncias ante otras instancias del exterior”, agregaron.

Recordaron que el accionar del gobierno de facto ha violado “de manera flagrante” los acuerdos internacionales suscritos con la OIT como el convenio 87 que garantica la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización; el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación).

En dicha reunión, el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Báez Mosqueira, recordó que es de gravedad absoluta la violación del precepto de no discriminación por cuestiones ideológicas.

En ese marco, el Sindicato de Periodistas del Paraguay denunció que más de 30 periodistas y comunicadores fueron cesados arbitrariamente en sus funciones en el servicio público tras la irrupción del gobierno de facto. A la vez, el gremio señaló que en la práctica el derecho a la huelga está proscripto, dada la prepotencia de las patronales y la inacción de los organismos públicos para arbitrar acciones en favor de los trabajadores organizados.

También el Sindicato de Trabajadores de Prosegur denunció la flagrante violación de su derecho a la huelga bajo el amparo del gobierno a la patronal multinacional. Ello originó el despido de 302 trabajadores, de los cuales 170 demandaron a la justicia la reincorporación a sus puestos de trabajo.

Este este último caso, si bien se trata del sector privado, los despidos ocurrieron tras la falta de mediación del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT). La propia ministra María Lorena Segovia instó a los trabajadores a levantar la huelga con la promesa de que negociaría el contrato colectivo que pretendían. Lo hicieron un sábado y al regresar el lunes a sus puestos de trabajo como resultado obtuvieron sus notificaciones de despido.

Un caso emblemático que habla también de un poder que se desentiende de los trabajadores y deja hacer cualquier cosa a los privados.

Viejas prácticas

Los trabajadores públicos siguen resistiendo los atropellos del gobierno del presidente de facto Federico Franco. Foto: Sobrevivencia.org.py

Volviendo a los despidos en el sector público, lo que sorprende a propios y extraños es el silencio de importantes sectores de la clase política que sufrieron la tiranía de Alfredo Stroessner y que hoy hacen caso omiso a una violencia estructural como la desatada por el régimen de Federico Franco.

“Esta campaña de despidos, impulsada por el gobierno golpista, es cada vez más parecida a viejas prácticas implementadas por gobiernos autoritarios que se caracterizaron por cercenar todos los lazos comunitarios que se pudieran crear, instalando en la gente el temor, la intolerancia, la desconfianza y el odio para con ello desmovilizar su capacidad de construcción de historia colectiva”, expuso el Frente de Trabajadores del Estado que aportó casos importantes en su denuncia ante la OIT.

“Ursulina Díaz, facilitadora del Programa Tekoporä en la zona de Santa Rosa del Aguaray, contó que muchas y muchos compañeros que no fueron a la movilización por los despidos en la Secretaría de Acción Social (SAS) fue porque recibieron la oferta de conservar sus puestos siempre y cuando no participaran de la protesta. El que aparentemente también está detrás de esto en el departamento de San Pedro podría ser el diputado Carlos Sena (PLRA)”, reportó el Frente.

Vale recordar que en el caso de la SAS entre los despedidos figuraban mujeres embarazadas con permiso por maternidad y hasta una persona con licencia sindical, que luego de las manifestaciones recuperaron sus puestos de trabajo en un primer logro importante del Sitrasas que sigue resistiendo con una manifestación permanente frente al edificio Ayfra que alberga al organismo en Ayolas y Presidente Franco de esta capital.

Federico Velázquez era trabajador de la Tv Pública: “Creo que usaron el pretexto de la falta de presupuesto para despedirme. Pasa que yo participé activamente en la convocatoria ciudadana de “Micrófono abierto” que se realizó frente a la sede de la Tv inmediatamente después del Golpe Parlamentario del 22 de junio; además, soy afiliado al Partido Comunista “, le contó al períodico digital E´a (www.ea.com.py).

Tropa electoral

Los trabajadores organizados denuncian que Federico Franco despide y persigue a empleados públicos para llenar los espacios con operadores de su partido.

Para Julio López, presidente de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), con los despidos Franco “mata dos pájaros de un tiro: por un lado persigue y echa a los socialistas, y por otro lado va metiendo a sus correligionarios liberales en los cargos que quedan vacantes con fines electorales para el 2013. Los despidos son para meter a operadores políticos del partido de gobierno”, expuso el dirigente con claridad.

Este hecho fue ratificado por sindicalistas colorados que señalaron que tambien están despidiendo a funcionarios de esa divisa partidaria en el sector público, “especificamente en el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) en todo el interior, pero nos constan los casos de Edelira”, denunciaron.

Usar los cargos del Estado como las piezas más pequeñas de una frondosa maquinaria electoral, esta vez liberal, es la apuesta de la dirigencia del partido que usurpa el gobierno, que hace desfilar personas con carpetas azules por las oficinas, tirando por la borda lo poco que se había avanzado en la idea de elevar las exigencias y la capacitación del personal público.

Un inútil intento de deshacerse de una idea social ya sembrada

La mayoría de los despedidos son trabajadores de las secretarías de Acción Social (SAS), de Emergencia Nacional (SEN), de la Mujer (SM), de la Niñez (SNNA), del Ambiente (SEAM), de control de Sanidad Vegetal (Senave), de la Juventud, de las binacionales Itaipú y Yacyretá. También de la Empresa de Servicios Sanitarios (ESSAP) y en el Instituto de Previsión Social (IPS).

En el caso de Acción Social, el Sitrasas denuncia que “de la larga lista de despedidos la mayoría son socios de nuestro sindicato y cercanos a organizaciones sociales que –desde el gobierno de Lugo– lucharon por depurar las listas de beneficiarios, que en el último gobierno colorado era manejado por intendentes y gobernadores representantes de partidos tradicionales”.

Liberales y colorados juzgan la operatoria en el cargo público como en un juego de espejos. Como ellos colocan operadores, punteros para una maquinaria electoral, no cabe en su razonamiento de que la gente que están despidiendo pueda ser profesionalmente apta.

“No es lo que se necesita para ganar una elección.  Este es el lamentable punto de vista del acuerdo golpista”, así lo expresa Ramón Medina, dirigente de la Organización por la Lucha por la Tierra (OLT).

“Con la políticas sociales del gobierno de Fernando Lugo se incorpora en la agenda pública el concepto del “sujeto de derechos”. Tampoco se le persiguió a nadie por cuestiones política ni ideológicas, no se echó de sus trabajos sin respetar sus derechos ni era requisito ser luguista para obtener trabajo. Ser de uno u otro partido no te favorecía ni te impedía para ser beneficiarios de los programas sociales. Eso tuvo una repercusión muy importante en lo social, con los programas de Atención Primaria de Salud, Salud Gratuita, el programa Tekoporã. La ciudadanía empezó a tomar conciencia de sus derechos y a tomar distancia de la práctica tradicional de hacer política de los partidos PLRA, ANR, UNACE, PQ”, explicó.

Para Medina “la correa de transmisión de estos partidos era la de condicionar a la gente a ser afiliados y operadores partidarios para trabajar o recibir asistencia del Estado, utilizar el aparato del Estado y del gobierno para presionar a la gente a responder a una política electoralista que siga justificando el modelo de dominación y explotación del sistema capitalista, y mantener la hegemonía de los partidos tradicionales y sus cúpulas en los espacios de poder”.

De esta manera “un desarrollo de conciencia en la ciudadanía que participaba con libertades más amplias y un funcionariado que empezaba a convertirse en servidores públicos en vez de operadores políticos, hacía que se fuera terminando la cadena de dominación de uno sobre otro y eso era intolerable a la clase política tradicional”.

Por eso para el dirigente “los partidos golpistas intentan reinstaurar el viejo sistema de amenaza, chantaje, manipulación laboral y social con la intención de que el 2013, definitivamente tengamos una elección que justifique el sistema y no se profundice el proceso democrático en el Paraguay”.

Medina considera que “la consigna más importante en este momento es llevar adelante la lucha por la restauración democrática con la participación ciudadana, levantando las demandas históricas de nuestro pueblo como la democracia participativa, la soberanía nacional, la Reforma Agraria, los programas sociales con enfoque de derecho, y la construcción de un proyecto de desarrollo nacional. Estos ejes deben ser asumidos por la masa, sobre ella organizarse, movilizarse y continuar avanzando en la conciencia de que los partidos tradicionales y sus cúpulas no tienen una respuesta para continuar la democratización del país”.

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