Gobierno ofrece explotación de recursos hídricos a inversores japoneses

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, se encuentra en una gira por el Japón para presentar las “ventajas de inversión” que proporciona la Ley de Alianza Público-Privada (APP). El secretario de Estado señaló ante las autoridades niponas que las relaciones entre ambos países deben ir más allá de la cooperación e instalarse a un nivel de inversiones.

Entre los paquetes ofrecidos para atraer capitales del país asiático, Jiménez Gaona mencionó que en los próximos 12 a 14 meses se realizarán llamados a licitación por 1.200 millones de dólares en proyectos de provisión de agua potable y saneamiento en Asunción y el interior del país, especialmente en las ciudades aledañas a la cuenca del lago Ypacaraí, señala un reporte de la Agencia de Información Paraguaya. A su vez, el informe oficial destaca que este rubro es el que genera mayor interés en las empresas japonesas.

Jiménez Gaona expuso el martes el Plan Maestro de Infraestructura, Transporte y Logística, que contempla una inversión de 7.500 millones de dólares en cinco años. Destacó que en el 2014 se procedió a llamados a licitación por 1.000 millones de dólares y que en este 2015 se pretende llegar a más de 2.000 millones de dólares, con una ejecución de unos 600 millones de dólares, aseguró.

Por su parte, Hiroshi Watanabe, CEO de Japan Bank Internacional Cooperation (JBIC), encargado de brindar apoyo financiero a empresas niponas que inviertan en el exterior, dijo que las firmas japonesas observan a Paraguay con interés como país sujeto a radicar inversión y que en ese sentido darán todo el apoyo a quienes manifiesten interés en invertir en el país. “Nos complace los beneficios que ofrece Paraguay. La tecnología japonesa puede contribuir a la infraestructura paraguaya, ofreceremos apoyo a quienes lo soliciten”, señaló citado por la agencia oficial.

La ley de APP

La Ley de Alianza Público Privada (APP) habilita al Ejecutivo a concesionar de manera unilateral, sin participación del Parlamento, todos los bienes, recursos y empresas públicas por plazos de hasta 30 años, que se pueden prorrogar por otros diez años en caso de que las empresas aleguen no haber obtenido el margen de ganancias que compense la inversión realizada.

En su artículo 3 la ley hace referencia explícita al agua al mencionar que bajo esta norma se pueden entregar a empresas privadas “proyectos de infraestructura y de gestión de servicios, incluyendo proyectos viales, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, proyectos de hidrovías, de dragado y mantenimiento de la navegabilidad de los ríos; los de infraestructura social; infraestructura eléctrica; proyectos de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano; abastecimiento de agua potable y saneamiento; entre otros proyectos de inversión en infraestructura y servicios de interés público. También podrán comprender la producción de bienes y la prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, empresas y sociedades en las que el Estado sea parte”.

El Estado además asume como principal garante al crear un fondo fiduciario reservado para indemnizar a empresas en casos de pérdidas o de que sus inversiones no hayan reportado las ganancias esperadas. Asimismo, en casos de diferendos se establece la figura del arbitraje, es decir que los contratos estarán por encima de las leyes nacionales y las controversias deberán ser dirimidas en tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que funciona en la sede del Banco Mundial y que en sus fallos favorece mayoritariamente a las empresas en perjuicio de los Estados.

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