Gobierno insiste en pagar dudosa deuda a empresas europeas

 

El procurador general, Roberto Moreno, sostiene que la deuda debe ser pagada y después ver quiénes son los responsables. Foto: pgr.gov.py.

El procurador general, Roberto Moreno, sostiene que la deuda debe ser pagada y después ver quiénes son los responsables. Foto: pgr.gov.py.

El gobierno de Horacio Cartes insiste en pagar una dudosa deuda de 62.5 millones de dólares que fue impuesta al Paraguay por haber rescindido el contrato a empresas que debían realizar controles aduaneros, pero que incumplieron las cláusulas del acuerdo.

Representantes del Poder Ejecutivo se reunieron ayer con integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a fin de solicitar a los legisladores que aprueben el pago de la deuda, informó la página de la Cámara de Diputados.

Juan Afara, junto con representantes del equipo económico del gobierno nacional, hicieron lobby ante el presidente de la Cámara Baja para que se apruebe el pago de las deudas reclamadas por las empresas europeas Societé Genérale de Suervillance (SGS) y Bureau Veritas (Bivac).

Además del vicepresidente, participaron como representantes del Ejecutivo el titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Valdovinos; el representante del Ministerio de Hacienda, Pedro Correa; y el procurador general de la República, Roberto Moreno.

El principal argumento esgrimido por el procurador fue que estas deudas deben ser pagadas por el Estado a fin de salvaguardar la “imagen internacional” del país y que, en caso de incumplimiento, se pueden afectar los “bonos soberanos” que se están emitiendo con el supuesto fin de financiar obras de infraestructura.

Las expresiones de Moreno resultaron especialmente llamativas en cuanto a su insistencia en pagar el monto reclamado por las empresas y determinar recién con posterioridad quiénes son los responsables del perjuicio ocasionado al Estado.

«Luego de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas, el gobierno se encargará de esclarecer quiénes fueron los responsables de que tengamos que pagar estas cuentas, tanto tiempo después, y castigar a los mismos», dijo el procurador. Moreno se refirió exclusivamente a los funcionarios públicos que puedan estar implicados, pero no así a los responsables de la empresa que incumplieron el contrato.

Sesión extraordinaria

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, dijo citado por la web de la Cámara Baja que «los líderes y representantes de bancadas solicitamos la presencia de los responsables del equipo económico, para saber cuál es la posición del gobierno y los argumentos por los cuales quiere honrar esa deuda».

Posteriormente informó que tras el análisis del tema en las diversas bancadas, la Cámara Baja realizará una sesión extraordinaria este miércoles 16 de julio, a partir de las 14:00 horas, para tratar el pago de la deuda ilegítima que se pretende imponer al país.

Las empresas habían sido contratadas en 1996, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, para realizar controles aduaneros, pero el contrato fue rescindido en 1999 a raíz de que las empresas no cumplieron con los compromisos. Según dictaminó la Contraloría en su momento, el Estado sufrió un daño patrimonial de al menos 75 millones de dólares por el incumplimiento de estas empresas. Las firmas denunciaron al Paraguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde nuestro país fue condenado a pagar 120 millones de dólares, aunque luego se llegó a un “acuerdo” y se eliminaron los intereses y la deuda quedó en 62.5 millones (41 millones para la suiza SGS y 21.5 para la francesa Bivac).

El Senado había aprobado el pago a ambas empresas, pero los diputados excluyeron a Bivac por estar suspendidos los trámites ante el Ciadi.

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