Gobierno ignora masiva petición de tierra para campesinos de Marina Cue

A tres meses de la presentación de 37.500 firmas en apoyo a la demanda de tierras para campesinos de Marina Cue, el gobierno sigue sin dar respuesta al pedido de las familias. La presentación se había realizado en el marco de la campaña “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro”.

«El gobierno del presidente Horacio Cartes no ha avanzado en dar respuesta al pedido de las comunidades, dilatando el proceso de diálogo y evitando la responsabilidad estatal en el tema», señaló Oscar López, director de Oxfam Paraguay, organización que había impulsado la campaña.

Además del apoyo de la ciudadanía, políticos y personalidades de Estados Unidos, España, América Latina y el Caribe se pronunciaron solicitando al Estado paraguayo una respuesta para las familias campesinas que reclaman la recuperación de las tierras públicas usurpadas por la empresa Campos Morombí, propiedad del fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

El gobierno incluso ha descartado que vaya a recuperar las tierras de Marina Cue y a cambio ofreció un traslado de las familias que acampan al costado de la Ruta 10 a alguna propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). De hecho, existe un dictamen de la Secretaría del Ambiente (Seam) que señala que las tierras no son aptas para asentamientos humanos por hallarse en el lugar una reserva natural. Sin embargo, en otros casos la oficina estatal ha demostrado poca preocupación por la conservación ambiental al ser activo promotor de la explotación del Cerro León para la extracción de piedras y haber habilitado en el pasado la cacería masiva de teju guasu.

Las tierras de Marina Cue, en el departamento de Canindeyú, fueron donadas al Estado paraguayo en 1967 por la Industrial Paraguaya para el funcionamiento de un destacamento militar de la Marina. En el año 2004 el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos declaró las 2.000 hectáreas de interés social para la reforma agraria, pero no se avanzó en la titulación. En el año 2005 la empresa ganó un juicio de usucapión, pero la sentencia salió con el número de otra finca. El juez José Dolores Benítez procedió entonces a la “rectificación de la sentencia”, una situación que abogados calificaron de irregular, pues lo que correspondía es la apertura de otro juicio.

El mismo magistrado emitió una orden de allanamiento contra los campesinos que acampaban en el lugar, pero el 15 de junio de 2012 lo que se llevó a la práctica fue un desalojo que se cobró la vida de once campesinos y seis policías, tragedia que luego derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político “exprés” de menos de 48 horas.

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