Gobierno es el aliado estratégico de los campesinos, dice Cárdenas

Víctimas de la masacre de Curuguaty reafirman que el reclamo es por las tierras donde fallecieron sus familiares. Foto: Jacobo Xavier Ramírez.

Víctimas de la masacre de Curuguaty reafirman que el reclamo es por las tierras donde fallecieron sus familiares. Foto: Jacobo Xavier Ramírez.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, afirmó que “el Gobierno es el aliado estratégico de los campesinos, especialmente de los sectores más vulnerables”, asegurando que las tierras del Estado deben cumplir un rol social y no ir a parar en manos de productores sojeros.

Fue durante una reunión realizada ayer con dirigentes de la Colonia 8 de Diciembre, del distrito de Itakyry, Alto Paraná, quienes estuvieron encabezados por el titular de la Comisión Vecinal, Ariel Tamay.

En la ocasión analizaron los trabajos que se llevan adelante con vistas al próximo traslado de las supuestas 95 familias campesinas desde Marina Cué, en el departamento de Canindeyú. Cárdenas aseguró a los altoparanaenses que se respetaría el arraigo y los títulos, ya sea en trámite o ya finiquitados, de las personas que se encuentran en la colonia.

Los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty reclaman la recuperación de tierras del Estado que se encuentran en poder de Campos Morombí y donde el 15 de junio de 2012 fallecieron 11 campesinos y 6 policías durante el desalojo llevado a cabo a pedido de la firma que explota unas 2.000 hectáreas de tierras públicas y que en parte son alquiladas a productores sojeros brasileños.

El Indert había anunciado un “final feliz” con la supuesta aceptación de las víctimas a ser trasladadas al departamento de Alto Paraná. Sin embargo, integrantes de la Comisión “Yvy Ñande Rekove” desmienten al ente agrario reafirmando que el reclamo es por las tierras donde fallecieron sus familiares.

Afirman que las personas que habrían aceptado el traslado son apenas unas treinta y pertenecen a otra comisión, no serían víctimas de la masacre y presuntamente estarían manipuladas por políticos que intentan desbaratar la lucha de los familiares de los fallecidos y anular cualquier intento de recuperación de las tierras que habían sido donadas al Estado y que se encuentran usurpadas por la empresa del fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

A fines del mes de junio familiares de las víctimas de la masacre reingresaron al lugar donde fallecieron sus familiares reafirmando la demanda de tierra, justicia y libertad para los campesinos acusados por invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa y que enfrentan un proceso repleto de irregularidades, empezando por la parcialidad manifiesta del fiscal Jalil Rachid, quien es allegado político de la familia Riquelme.

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