Gobierno de Cartes: represión y persecución política a las radios comunitarias

«Las grandes corporaciones privadas comerciales de comunicación, la política del gobierno del Partido colorado y de Cartes, son incompatibles con la institucionalidad democrática y con la democracia soberana participativa». (Opinión)

Foto: Fan page de Horacio Cartes.

Foto: Fan page de Horacio Cartes.

  1. El gobierno de Horacio Cartes y del Partido Colorado es un  gobierno de restauración oligárquica, continuidad del golpe de Estado de junio de 2012 contra el legítimo gobierno de Fernando Lugo. En el plano regional y subregional tuvo y tiene el objetivo de desestructurar el proceso de integración soberana en el continente, como parte de la ofensiva de los Estados Unidos para desestabilizar la región y destruir los procesos democráticos.
  2. En el plano interno,  el Gobierno utiliza el aparato represivo del Estado como parte de su política de criminalización, persecución y represión- por diversos medios- de la contestación social, y como herramienta privilegiada de defensa de los intereses de latifundistas, sojeros y ganaderos así como del proyecto neoliberal ya fracasado en la región y en el mundo. Esta vez es el turno de los medios alternativos comunitarios, debido a que son la voz de la contestación social.
  3. Entre varios otros casos, en el Departamento Central, en la ciudad de San Lorenzo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con el apoyo directo de la fiscalía, como instrumento de represión y persecución, procedió a la clausura de radios comunitarias y a la confiscación arbitraria de todos sus materiales técnicos. En el departamento de Canindeyú,   23 radios  comunitarias de organizaciones campesinas son objeto de notificaciones por parte de la Conatel con amenaza de cierre. Un periodista de una de las radios comunitarias del Departamento Canindeyú fue citado por la fiscalía con una orden de cierre y con una ya probable imputación. Este hecho se repitió con unas cinco radios comunitarias en el mismo departamento. En todo el país se registran clausuras y confiscaciones de radios comunitarias, así como imputaciones a quienes intentan ejercer la libertad de expresión.
  4. En esta persecución política planificada y ejecutada desde el Gobierno  participan, de acuerdo a las fuentes,  la Unión de Radiodifusores del Paraguay (propietarios privados y corporaciones), el mismo  Parlamento, específicamente desde la Cámara de Diputados, y la ya nombrada Conatel. Otras corporaciones de la prensa comercial privada participan también en esta persecución como el diario empresarial ABC Color. La Fiscalía y el Poder Judicial son piezas claves para los arbitrarios allanamientos, para las confiscaciones de los materiales técnicos y para las acusaciones-imputaciones falsas a  periodistas de las radios comunitarias.
  5. En el Paraguay, las radios comunitarias, impulsadas por organizaciones sociales y campesinas  y otros movimientos sociales, están siendo acosadas por el gobierno de Horacio Cartes. Esta persecución encuentra su razón político-ideológica en el hecho de que son –particularmente las organizaciones campesinas– las que se oponen al modelo agroexportador/latifundista, a las fumigaciones y denuncias a los latifundistas que usurpan tierras del Estado (las tierras malhabidas, que totalizan unas 8 millones de hectáreas). En el área urbana es también la lucha por la tierra (hay centenares de ocupaciones en el gran Asunción), acaparada por inmobiliarias, como Inmobiliaria del Este, propiedad de Aldo Zuccolillo, dueño del diario ABC Color. Las radios comunitarias, como voceras de estos sectores sociales, constituyen medios alternativos de expresión y de información de los ciudadanos y  espacios  democráticos  frente a los intereses oligárquicos latifundistas (rurales y urbanos), frente la concentración y monopolio de la prensa y de los medios de comunicación en manos privadas, que responden a tal oligarquía latifundista.
  6. La actual y abierta persecución a las radios comunitarias es parte integral de la política de criminalización y de persecución planificada y ejecutada desde las más altas instancias del Estado. Es toda una política de Estado destinada a desmantelar, bajo una fachada legal, todo medio alternativo crítico.
  7. Aunque no posean los medios económicos y tecnológicos de las grandes corporaciones privadas monopólicas –justamente, por ser medios comunitarios, no se puede desconocer el “poder” e influencia que ejercen por medio de la difusión de la información crítica y alternativa– son reales factores de lucha contrahegemónica, alternativa al proyecto antidemocrático oligárquico en el Paraguay. Y, sobre todo, un medio alternativo frente a la campaña de propaganda desatada por la prensa privada y comercial contra los movimientos sociales y organizaciones democráticas progresistas y de izquierda.
  8. La actual y ensañada persecución tiene también  su explicación económica: es un medio de defensa de los intereses latifundistas (urbanos y rurales) de los propietarios de corporaciones privadas de comunicación, que hoy por hoy tienen el monopolio privado de la información y del jugoso negocio de la publicidad comercial.
  9. Como en toda la región, estas corporaciones monopólicas  actúan como piezas fundamentales de la lucha hegemónica a favor de sus intereses privados. Como es sabido, estos medios corporativos privados se posicionan como grupos corporativos políticos de oposición, atacando los procesos democráticos progresistas de la región, la integración y los movimientos sociales y políticos democráticos y progresistas. Más grave: como en el caso de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Honduras, Paraguay y otros países,  fomentan, participan y apoyan golpes de Estado, parlamentarios o no.
  10. La actual persecución a las radios comunitarias desatada en gran escala por el gobierno de Horacio Cartes y el Partido Colorado, debe ser entendida como medidas y acciones políticas, bajo fachada de aplicación de la ley –como lo hicieran las tenebrosas dictaduras en toda América Latina– destinadas a la destrucción y aniquilación de la prensa libre y crítica al modelo oligárquico vigente, y a desmantelar los derechos democráticos, tales como el derecho a la información y la libertad de expresión. En esta perspectiva, las grandes corporaciones privadas comerciales de comunicación, la política del gobierno del Partido Colorado y de Cartes, son incompatibles con la institucionalidad democrática y con la democracia soberana participativa. La persecución política desatada contra las radios comunitarias –fuentes de información crítica y contrapoder a los abusos monopólicos–,  las imputaciones de la fiscalía, las citaciones a periodistas comunitarios como método de amedrentamiento, los cierres con allanamientos violentos, la confiscación ilícita de los materiales técnicos,  hablan, precisamente, de esa incompatibilidad.

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