Gobierno avala desalojos de campesinos e indígenas

Por Base IS y Jorge Zárate

Las organizaciones campesinas e indígenas advirtieron que tras la aprobación de la Ley Zavala-Riera, se suceden sin parar los desalojos y los ataques a las comunidades.

La normativa, que incrementó las penas para las personas que participen de una ocupación de tierras, parece funcionar como un aval indiscriminado para la expansión del agronegocio que envalentonado y avalado por el estado repite una secuencia criminal que ya provocó denuncias internacionales como la que hiciera la comunidad indígena de Hugua Poty, ante la delegación paraguaya de las Naciones Unidas.

Campesinos e indígenas se articulan para una eventual movilización este 10 de diciembre en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, se anunció.

Entre tanto, los atropellos continúan. Amanecía el 18/11 cuando la fuerza pública rodeó a la comunidad indígena Hugua Poí y comenzó a ejecutar una orden de desalojo. Sus pobladores trataron de defender pertenencias y cultivos, pero fue imposible ante el descomunal despliegue de policías, carros hidrantes y helicóptero que lograron nuevamente expulsar a los Indígenas de sus tierras.

Reportó la Ong Base de Investigaciones Sociales (Base Is) que las 70 familias de la comunidad del Pueblo Mbya Guaraní, ubicada en Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú a unos 250 kilómetros al este de la capital Asunción fueron víctimas de una violación de normas nacionales e internacionales “que protegen a los Pueblos Indígenas para favorecer a sojeros”.

Las tierras reclamadas por los indígenas serán entregadas a sojeros de origen alemán que fueron beneficiados por una orden judicial, que no tuvo en cuenta la normativa constitucional que prohíbe los Desalojos a pueblos indígenas. El procedimiento tampoco tuvo en cuenta lo establecido en pactos internacionales que señalan que debe garantizarse el acceso a un lugar de reubicación y a derechos fundamentales como alimentos.

Luego describió in extenso: “Según denunciaron los indígenas de Hugua Po’i el propio Instituto del Indígena (Indi) habría dado su visto bueno al desalojo de la comunidad que ocupaba unas 1000 hectáreas que forman parte de su territorio ancestral. El aparatoso desalojo se realizó con la presencia de decenas de policías fuertemente armados, sin embargo no se dió la presencia de ninguna institución que pueda proteger a niños, niñas y ancianos que fueron desplazados a la vera de la Ruta apenas con las pocas cosas que pudieron rescatar.

Tras el desahucio los cultivos de las familias indígenas fueron destruidos así como sus viviendas y templos. La comunidad mantenía una reserva de bosques que se encuentra en riesgo ya que está rodeada por cultivos extensivos de soja”.

Recordó allí también que se trató de una violación expresa de la Constitución, leyes reglamentarias y a varias disposiciones internacionales de derechos humanos.

A su turno, la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy), en una declaración realizada en el marco del Seminario Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos expuso:  “En el 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ocasión de condenar al Paraguay por la violación de derechos territoriales indígenas, señaló claramente, que el hecho de que las tierras estén en manos de particulares no es argumento suficiente para denegar el derecho de restitución territorial, por lo que el Estado, antes de desalojar, debe valorar los derechos de todas las partes interesadas y resolver en consulta y consenso la resolución al conflicto suscitado»

Sigue señalando el texto citado que: “Hoy, a tempranas horas, 70 familias indígenas han pasado a confirmar lo que ha sido un año plagado de violaciones hacia comunidades indígenas en Paraguay en lo que respecta al derecho particular que les asiste de no ser removidos de su hábitat sin su consentimiento. Hugua Po´i, asentada en parte del territorio ancestral del Pueblo al que pertenecen, hace años viene reclamando la restitución de 1000 hectáreas. Y hoy, 18 de noviembre de 2021, fueron desalojados sin ningún ente público que abogue, en ejercicio de sus funciones, lo que corresponde en derecho. Hoy han sido privados de sus tierras, destruidas sus viviendas, cultivos, lugares sagrados, en un operativo vergonzosamente aparatoso ante humildes familias, hombres y mujeres, con bebés en sus brazos, que bajo la lluvia han debido salir con las escasas pertenencias que pudieron salvar… ¡Justicia y tierra para la comunidad indígena Hugua Po´i! ¡Justicia y tierra para todas las comunidades desalojadas!”, termina reclamando.

Violenta presión.

Base Is recordó que en las últimas semanas tres comunidades indígenas sufrieron ataques o amedrentamientos por parte de agroempresarios:

“Una semana atrás fueron asesinados dos indígenas Ava Guaraní, miembros de la comunidad Cristo Rey, ubicada en el distrito de Yvyrarovaná, Departamento de Canindeyú, uno de ellos era el profesor Claudio Aguero, referente de la comunidad mencionada. Los indígenas fueron asesinados por matones armados, que según relatan los pobladores de las comunidades cercanas actúan bajo el mando de empresarios extranjeros vinculados algunos a la soja y otros al narcotráfico.

Según denunciaron Mario Saucedo y Antonio Carrillo, integrantes de la Comunidad Tekoha Y’apo, esta situación de violencia es permanente en la zona dominada por los terratenientes extranjeros que actúan con absoluta complicidad por parte de las autoridades, cometiendo abusos y crímenes de todo tipo, buscando avanzar sobre el territorio indígena y dejando en zozobra a las comunidades

Entre los distritos de Yvyrarobana y Corpus Christi, ubicados al noreste de Paraguay cerca de la frontera con el Brasil, se ubican decenas de comunidades indígenas del Pueblo Ava Guaraní, su territorio estuvo cubierto históricamente por el Bosque Atlántico, del que hoy sólo quedan algunas hectáreas, el resto se ha convertido en inmensos sojales. Allí los únicos territorios no dominados por el agronegocio son las comunidades indígenas, que luchan por defender sus tierras y continuar viviendo.

El líder indígena Mario Saucedo relató recientemente a medios de prensa que la situación de violencia que viven en la zona se desprende del conflicto por la tierra, mencionó que en los últimos días los empresarios sojeros extranjeros realizaron un tractorazo para exigir el desalojo de su comunidad de las 4.600 hectáreas de tierra que ocupan, y que forma parte de su territorio ancestral. En el año 2014 las empresas sojeras habían ejecutado un desalojo ilegal con civiles armados y quemaron las casas y cultivos de la comunidad, temen que una situación similar vuelva a ocurrir, o que los matones que abundan en la zona puedan continuar asesinando a sus hermanos.

El líder señaló que no abandonarán sus tierras y exigió a las autoridades que garanticen el territorio indígena además de poner fin a la violencia de los terratenientes, pidió que el crimen contra los indígenas de la comunidad vecina sea aclarado y los responsables condenados para evitar que esto continúe ocurriendo”.

Por otra parte, a principios de noviembre fue desalojada la Comunidad Kaa Poty, del Distrito de Itakyry, Departamento de Alto Parana, por segunda vez debieron abandonar sus tierras y se instalaron en la capital ya que no tenían donde ir. El caso también se vincula con el avance de la soja en los territorios de las comunidades, las autoridades no brindan una solución a los indígenas que viven en permanente intranquilidad.

Analizó la socióloga e investigadora indigenista Lea Schwartzman: “Estos casos indican un nuevo fenómeno de avanzada violenta del agronegocio sobre las tierras del país, particularmente las indígenas, ya que por la misma protección constitucional como por el valor cultural que dan los pueblos indígenas a la conservación de sus bosques, éstos forman parte de las pocas tierras libres de los dominios del monocultivo transgénico. Tal como indican las teorías críticas de los estudios culturales, los pueblos indígenas son respetados en sus modos de vida, siempre y cuando no representen un obstáculo para las economías capitalistas y para la idea occidental del progreso”

Según los datos oficiales del último Censo de Población Indígena llevado a cabo en el año 2012, se registró que del total de comunidades censadas, un 29% de ellas tienen algún problema con relación a la tenencia de tierra, de las cuales los casos más problemáticos son de alquiler y apropiación indebida de las mismas por agroempresarios, totalizando un 61 % de los casos, agregó.

Campesinos resisten

Entre tanto, la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), denunció la situación de zozobra en la que se encuentran las comunidades tras el desalojo del Asentamiento Campesino María la Esperanza, de más de 30 años de existencia. Según indicaron es urgente la acción estatal a fin de regularizar todas las comunidades campesinas de modo a frenar los desalojos violentos que en las últimas semanas se dieron en diferentes puntos del país, causando enormes pérdidas a las familias productoras.

El dirigente Augusto Acuña señaló que los desahucios a las comunidades campesinas son recurrentes y se dan de forma irregular ya que estos desalojos forzosos no cuentan con orden de un juez competente, ni respetan los protocolos básicos de derechos humanos establecidos en los pactos internacionales. Lo hizo anunciando cierres de ruta en diferentes puntos del Departamento de Caazapá, hasta tanto exista alguna respuesta al reclamo por parte de las autoridades.

Comunidad indígena Ka’a Poty (Alto Paraná), Asentamiento María la Esperanza (Caazapá), Asentamiento Edilson Mercado (Canindeyú), Comunidad Cristo Rey (San Pedro) son algunos de los casos de desalojos forzosos ejecutados por el Estado en las últimas semanas, a esto se suma la amenaza de desalojo que pesa sobre la Comunidad 1 de marzo, de Canindeyú, tras el rechazo del Senado a la expropiación de las tierras que ocupan desde hace más de 10 años.

 

Links

E’a | Denuncian a la ONU desalojo ilegal de Ka’a Poty (ea.com.py)

Pronunciamiento: ¡Justicia y tierra para la comunidad indígena Hugua Po´i! – Codehupy

Se concretó el desalojo de Hugua Po’i – baseis.org.py

El agronegocio presiona con violencia a los territorios indígenas – baseis.org.py

Rechazo a desalojos moviliza al campesinado – baseis.org.py

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