Gobierno arrasó una comunidad Avá Guaraní y quemó edificaciones estatales

Por orden del Juez de primera instancia de Curuguaty de Curuguaty, Carlos Goiburú Bado, 400 policías arrasaron con la comunidad Yva Poty de Villa Ygatimi del pueblo Ava Guaraní. Fue el 20 de noviembre, en el mismo departamento donde se produjo la masacre de Curuguaty.

Según relato de los pobladores de Yva Poty, la comunidad fue quemada, también la escuela con las libretas, plan de estudios, planillas de asistencias, etc. La comunidad poseía una de las pocas escuelas indígenas del país con cursos regulares del Pre-escolar hasta el noveno grado. También fue quemado un puesto sanitario con medicamentos, fichas por persona y por familia y 1 despensa comunitaria con provistas incluido.

Para el desalojo se utilizó el mismo esquema que en la matanza de Curuguaty. El título de propiedad pertenece al Estado Paraguayo. En este caso, según una constancia expedida por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), la Finca N 719 del Distrito de Villa Ygatymi pertenece al INDI.
Sin embargo, el Juez de Curuguaty, Carlos Goiburú Bado, que recientemente fue confirmado en el cargo, procedió como lo hizo en su momento el juez de garantías José Benítez, quien autorizó el procedimiento para Marina Cué el 15 de junio pasado a pedido de los representantes de Blás N. Riquelme, sin antes confirmar a quién pertenece la finca.
Los representantes de la comunidad presentaron, el pasado martes, una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento por el proceder irregular del juez, que en este caso favoreció a empresario extranjero que se dedica a la producción de soja y dejó a los miembros de la comunidad en la calle, sin escuelas, sin casas, sin despensa, sin provistas.

Según relato de los nativos, el procedimiento fue muy parecido al de Marina Cué, con 400 efectivos policiales.

Caso muy parecido a lo ocurrido en Guido Almada, departamento de Coordillera, donde los policías quemaron centenares de viviendas campesinas, destruyeron cultivos y saquearon.

Por su parte, la Dirección de Educación Indígena denunció y protestó la excesiva violencia y la violación de los derechos humanos que se produjeron el martes 20 de noviembre en Yva Poty.

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