Funcionario del Indert condenado por tráfico de influencias destituido recién dos años después

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Lic. Justo Cárdenas, destituyó al funcionario Francisco Alberto Martínez Ovando, condenado a dos años de cárcel, en abril de 2012, por un tribunal integrado por la jueza Elsa García, Eva María de Witte y Gustavo Santander, por tráfico de influencias en la venta de tierras fiscales. Los miembros del tribunal lo sentenciaron a dos años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la condena por ese mismo plazo.

La destitución fue resuelta teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que rechazó un recurso de revisión de la sentencia a Martínez, quien había apelado en dos ocasiones la condena.

Los ministros Luís María Benítez Riera, Alicia Pucheta de Correa y Sindulfo Blanco firmaron el Acuerdo y Sentencia Nº 581 de la máxima instancia judicial de la República por la cual declaró «inadmisible el recurso extraordinario planteado por Martínez Ovando contra la sentencia definitiva Nº 67 del 25 de abril de 2012, dictada por el Tribunal de Sentencia…»

El funcionario había apelado la sentencia, pero la Corte finalmente resolvió que las actuaciones de primera y segunda instancia estaban encuadradas en la ley.

De esta forma, el presidente del INDERT firmó la resolución teniendo en cuenta la sentencia de la máxima instancia judicial, basándose en el Art. 79 de la Ley Nº 1.626/200 De la Función Pública que en su última parte establece que si un funcionario procesado finalmente es condenado «se procederá a su inmediata destitución».

Antecedentes del caso

Martínez Ovando fue detenido en un operativo encubierto encabezado en el año 2012 por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio, en el que se comprobó con grabaciones, imágenes y filmaciones de los momentos que el funcionario del ente rural recibía dinero para influenciar en la venta de tierras en Salto de Guairá.

Giuzzio indicó en su momento que la denuncia inicial involucraba a Registros Públicos, al INDERT y un abogado que se encargaba de falsificar documentos y de esta manera conseguía la inscripción de las tierras fiscales a nombre de sus cómplices.

En una parte de la sentencia de primera instancia que luego fue ratificada, el Tribunal argumentó que “en esta circunstancia debe considerarse en forma negativa que el acusado en ningún momento trató de reparar el daño causado a sus víctimas devolviendo el dinero obtenido ilícitamente y mucho menos demostró arrepentimiento”.

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