Funcionaria que liberó “cosecha” del teju guasu había sido imputada por delitos de caza

Así lo recordó la fiscal María Bernarda Álvarez quien había investigado a Martha Motte y otros funcionarios de la Seam. Habían sido imputados por liberar cupos de caza de animales silvestres sin estudios poblacionales. El negocio del comercio del teju mueve al menos 10 millones de dólares y los indígenas son los menos beneficiados, según la misma.

Imagen referencial. Foto: Amione Juan Fernando.

La ex fiscala de la Unidad Penal Especializada Ambiental, María Bernarda Álvarez, recordó en radio Carinal que había imputado a la funcionaria de la Secreataría del Ambiente, Martha Motte, quien en estos días autorizó la cacería de 214 mil unidades de teju guasu. Motte había dicho que prefería utilizar el término «cosecha» antes que cacería. Justamente fue porque otorgaron cupos sin hacer estudios poblacionales de diferentes especies, entre ellos también el teju, indicó.

Motte había admitido su responsabilidad, aseguró. A raíz de estas irregularidades la convención internacional que regula el comercio de especies silvestres obligó al cierre de los cupos de caza, caso contrario se daría sanción económica, según Álvarez. Se estableció una pausa obligatoria.

Motte es directora de la Dirección de Vida Silvestre de la Seam.

Tejus por 10 millones de dólares

Por otra parte, la fiscala aseguró que el comercio de pieles es un negocio que en 2003, se vendía a 50 dólares la unidad, cuando el dólar estaba a 6000 guaraníes. Principalmente van al mercado italiano. Según la fiscala, a los indígenas se les contrataba para cazar y se les pagaba 10 mil guaraníes. Si se mantuvieran esos precios, el comercio del teju implicaría un negocio de al menos 10 millones de dólares.

“Dios mío!”, exclamó la entrevistada al conocer el cupo de 214 mil unidades de caza permitidas por la Seam. Dudo que exista esa cantidad de animales, por todo lo que se ha deforestado en el Chaco.

Imputación

Motte había sido imputada en 2005 junto a otros funcionarios, incluyendo a dos ex ministros de la Seam.

Fueron imputados por dos causas. 1) Violación de las leyes 716 «Que sanciona delitos contra el medio ambiente» y 96/92, que penaliza la comercialización ilegal de productos forestales.

Miguel Angel Paredes Fassino, ex titular de la Secretaría del Ambiente; Nora Neris de Colmán, Wilfrido Sosa Yubero, Martha Motte e Isabel Daria Gamarra de Fox, fueron imputados por la supuesta responsabilidad en la violación de estas leyes.

En opinión del Ministerio Público existían elementos que indican la comisión de delitos contra el medio ambiente, e inclusive del hecho punible de prevaricato.

Álvarez sostenía que estos funcionarios violaron los principios del debido proceso administrativo y del principio de legalidad «habiendo otorgado autorizaciones para el acopio de animales silvestres».

Según las investigaciones, una serie de resoluciones firmadas por funcionarios de la Secretaría del Ambiente permitieron a lo largo del año 2002 emitir resoluciones para dar amparo legal a la cacería de animales silvestres en el Alto Paraguay.

Según publicaciones de la prensa de entonces, el hecho “constituyó uno de los más groseros casos de corrupción en materia de comercio de pieles y acopio de animales silvestres vivos. En el año 2002, con el amparo de la Secretaría del Ambiente, se permitió la caza en propiedades privadas, con la obligación de entregar al organismo gubernamental estudios biológicos que justifiquen la racionalidad del acopio”.

Falsificación de datos

Se habría comprobado entonces que hasta los datos georreferenciales fueron falsificados por los biólogos contratados por los acopiadores. Se presentaron a la Secretaría del Ambiente coordenadas de estancias que en realidad se encontraban en territorios brasileño y boliviano, inventaron los datos.

El programa se presentó como un proyecto de alimentación para comunidades indígenas, bajo el supuesto de que tendrían carne para comer. Se llegaron a cazar 1.000 yacarés en una semana, en la zona de Bahía Negra, que daba un promedio de 4 yacarés por día, por indígena, según la carpeta fiscal.

Cupos para comercio de pieles

La segunda causa contra Motte fue por Prevaricato e infracción de la Ley 716. También fueron imputados por esto Menandro Grisetti, ex titular de la Secretaría del Ambiente y Ana Beatriz Pin.

Los ilícitos señalados habrían sido cometidos a finales de 2003 y estaban relacionados con la distribución de cupos para el comercio de pieles silvestres en el Chaco.

Lastimosamente fueron absueltos, lamenta hoy Álvarez.

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