Campamento de los campesinos al costado de la ruta.

Fumigaron a familiares y víctimas de la masacre de Curuguaty

Momento en que el tractor pulveriza veneno cerca del campamento de los campesinos. Foto: Qué pasó en Curuguaty.

Momento en que el tractor pulveriza veneno cerca del campamento de los campesinos. Foto: Qué pasó en Curuguaty.

Esta mañana, pasadas las 8:00, un tractor de la empresa empezó a pulverizar veneno en las parcelas en que los labriegos tienen sus cultivos de subsistencia y sus campamentos, al costado de la Ruta 10 Las Residentas del distrito de Yvyrapytã, departamento de Canindeyú.

Una fracción de tierra de la empresa de los Riquelme separa el asfalto de las tierras públicas que fueron escenario de la masacre de 2012. En dicha porción de terreno tienen cultivos mecanizados que llegan prácticamente hasta la ruta, sin franja de protección alguna.

Miembros de la organización de sintierras Naranjaty señalaron que el tractor pulverizó el veneno, que se trataría de glifosato, sobre sus cultivos de maíz, mandioca y otros productos.

A raíz del fuerte viento, el conocido como “matatodo” inundó a los que se encuentran acampando en el lugar, causando náuseas y dolores de cabeza principalmente a los niños. Denunciaron que la acción fue intencionada, ya que las disposiciones ambientales son claras al señalar que las fumigaciones no pueden ser realizadas cuando soplan vientos fuertes.

Los labriegos señalaron que la próxima semana realizarán movilizaciones contra Campos Morombí en repudio a este y otros atropellos cometidos por la firma. Apuntaron que el reclamo de un pedazo de tierra es justo, ya que está comprobado que las tierras son del Estado y que no desistirán de la lucha, realizada en memoria de los que fallecieron en la masacre de Curuguaty, cuando 11 campesinos y 6 policías perdieron la vida en un ilegal procedimiento de desalojo llevado a cabo con una orden de allanamiento.

Más imputados

A esto se suma que ayer se conoció la noticia de que cuatro personas más fueron imputadas por los cargos de invasión de inmueble. Se trata de Rodolfo Castro, hermano de uno de los fallecidos en la masacre y de otros dos en prisión domiciliaria; Roberto Ortega, padre de un fallecido en la tragedia; Norberto Rolón y Alberto Aquino. La comisión de víctimas y de sintierras señalaron que no conocen a esta última persona.

La Articulación Curuguaty denunció que la motivación principal de estas imputaciones es impedir que los familiares y sobrevivientes de la masacre puedan asistir al juicio oral y público programado para el 17 de noviembre en Saltos de Guairá.

En el proceso, repleto de irregularidades, solo existen campesinos acusados, ya que ningún policía fue sometido a investigación por la muerte de los 11 labriegos. El fiscal del caso, Jalil Rachid, tiene vinculaciones políticas explicitas con una de las partes, ya que integrantes de ambas familias fueron altos dirigentes del Partido Colorado.

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