En un comunicado difundido el pasado 22 de abril, el Foro de Periodistas del Paraguay (Fopep), cuyos miembros son periodistas trabajadores de medios comerciales, principalmente de medios escritos, califica  la campaña de expresión ciudadana “ABC miente” de “evidentes intentos de acallar las críticas de la prensa” y afirma tener “indicios” de que la campaña fue “proyectada” para ser financiada por “el gobierno…o sectores afines” a éste.

El comunicado es firmado por Jorge Benítez, periodistas del diario ABC Color y presidente de la Fopep, y Luis Bareiro, secretario de libertad de expresión y periodista de holding de medios de A.J. Vierci.

Abajo transcribimos el texto íntegro:

MANIFIESTO DEL FORO DE PERIODISTAS PARAGUAYOS (FOPEP)      
                                       
    El Foro de Periodistas del Paraguay (Fopep) expresa ante la opinión pública nacional e internacional su preocupación ante los evidentes intentos por acallar las críticas de la prensa que se están dando en el país desde diversos sectores.   
 
    Esta vez, estos intentos tienen como blanco al diario ABC Color, cuyo director, Aldo Zuccolillo, fue condenado recientemente a pagar una indemnización al juez Carmelo Castiglioni porque el periódico llamó la atención sobre la celeridad con que dicho magistrado definió la situación del ex presidente de la República Luis Ángel González Macchi, a quien absolvió en el “caso de los 16 millones de dólares”.   
 
   Entre las justificaciones de la condena, se esgrime que el diario hizo juicios de valor en una crónica, cuando que para ello debió apelar a un artículo de opinión. Se trata de una grosera intención de la justicia de “reglamentar” el trabajo de la prensa, definiendo dónde y cómo se puede opinar, o cuándo el uso de un adjetivo convierte una crónica en una opinión. Estos temas hacen en todo caso a la ética del periodismo y deben ser definidos en un código de ética, no en una sentencia judicial.    
 
    A otro nivel, existe una campaña montada contra el diario ABC Color por parte de una organización anónima que busca restar credibilidad a publicaciones sobre presuntos hechos de corrupción del Gobierno.   
 
   Investigaciones realizadas por colegas de ese periódico encontraron indicios de que esa campaña ha sido especialmente proyectada para ser financiada desde el mismo Gobierno o por colaboradores y sectores afines al Gobierno.   
  
   El trabajo de la prensa ya está sujeto al escrutinio del lector, del oyente o el televidente. Además, las personas o sectores que se sientan afectados o que consideren equivocado el tratamiento de una información tienen absoluta libertad de criticar al medio, a todo el gremio o a algún periodista en particular.   
    Lo que nadie puede hacer, ni la prensa ni el poder político ni el judicial, es cercenar el derecho a la opinión y la crítica manipulando la justicia o impulsando campañas en contra de un medio con fondos públicos, y con el objetivo de establecer protecciones, en este caso políticas.   
 
   La libertad de prensa, de expresión y de opinión, consagrada por el Pacto de San José (Art. 13) y la Constitución Nacional (Art. 26) es un requisito indispensable para elevar los niveles de transparencia en la administración pública. Cualquier hecho o plan urdido para debilitar esa libertad, sólo puede hacer pensar que los autores, sus correligionarios o sus amigos tienen mucho que esconder.

                  Jorge Benítez C.                                Luis Bareiro
                    Presidente de FOPEP            Secretario Libertad de Expresión FOPEP