FNC denuncia privación de asistencia médica a campesino encarcelado por oponerse a fumigaciones ilegales

La Federación Nacional Campesina (FNC) denunció este lunes que las autoridades de la penitenciaría regional de Coronel Oviedo han negado sistemáticamente el ingreso de profesionales médicos para revisar la herida en el brazo de Pablino Rojas, campesino baleado y privado de su libertad luego oponerse a la fumigación de un campo de soja colindante con la colonia Maracaná, departamento de Canindeyú. 

Pablino Rojas fue herido en ambos brazos y no recibe atención médica adecuada, denunció la FNC. Foto: FNC.

“El brazo de Pablino Rojas necesita de atención medica porque su herida se descompuso y hemos pedido ya a las autoridades de la cárcel y no nos han permitido que ingresen profesionales médicos a revisar su situación”, denunció hoy el dirigente de la FNC, Marcial Gómez, en conversación telefónica con Radio Nacional.

Gómez indicó que la FNC hace dos semanas viene realizando el trámite para que el compañero encarcelado reciba la atención médica y advirtió que si luego la denuncia pública de la situación no se soluciona recurrirán a una manifestación frente a la cárcel como medida de presión.

“Es grande su herida y precisa de la atención de un profesional. Él está en la unidad de sanidad de la cárcel, pero necesita de la atención de un profesional para que se pueda detectar que es lo que exactamente tiene su herida”, dijo.

Junto con Rojas, está también recluido y con herida en el abdomen el campesino Herminio Enríquez. Ambos fueron heridos el pasado 16 de noviembre en la colonia Maracaná, del departamento de Canindeyú, donde se opusieron a la fumigación de campos de soja a raíz de que las aspersiones de veneno afectan la salud de los miembros de la comunidad, destruye los cultivos y mata los animales, atentando contra las fuentes de subsistencia de los labriegos.

Herminio Enríquez fue herido en el abdomen por policías que realizaron un procedimiento para resguardar las fumigaciones ilegales. Foto: FNC.

Las fumigaciones se realizan en total violación de las leyes ambientales, que prohíben las aspersiones a menos de 100 metros de todo asentamiento humano. Asimismo, establece la obligación de que los cultivos cuenten con barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos metros.

En caso de violación de estas leyes, el abogado Juan Martens había subrayado días atrás que el artículo 239 del Código Procesal Penal (CPP) establece la facultad de toda persona de actuar en caso de flagrancia ante la comisión de un hecho punible. Por ello, ante estas fumigaciones ilegales la ley ampara a los campesinos a ingresar y aprehender a los responsables de la comisión de estos delitos contra la salud y el ambiente.

Sin embargo, a pesar de ello, los propietarios de los campos consiguieron custodia policial y fiscal para seguir violando la ley con las fumigaciones ilegales.

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