Fiscalía intervino de forma violenta en comunidad Totobiegosode

La comitiva fiscal-policial incautó postes, alambres y hubo amenazas con armas de fuego.

Por Jazmín Rodríguez.

Los Ayoreos Totobiegosode de Alto Paraguay fueron víctimas de una violenta intervención por parte de la fiscalía de Filadelfia el pasado jueves. La misma fue encabezada por el Fiscal de la zona José Luis Brusquetti, quien en compañía de dos policías y un asistente, procedió a incautar alambres y postes, comprados dentro del proyecto “Marcando territorio, expresando cultura”, que llevan adelante la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) y la
Secretaría de la Cultura.

Además de incautar bienes, los policías ingresaron a la comunidad de Chaidi generando un gran revuelo debido a que la comunidad se encontraba en ese momento sin su líder, llegando incluso a amenazar a la gente con desenfundar sus armas, motivo que generó el pánico y el enojo de todos.

Policías ingresaron a la comunidad de Chaidi generando un gran revuelo debido a que la comunidad se encontraba en ese momento sin su líder

Esa misma noche, Poai Picanerai, líder de la comunidad de Chaidi y presidente de la Organización, se presentó en la fiscalía junto con otros indígenas a pedir explicaciones. Recién en ese momento el fiscal les mencionó la existencia de una denuncia.

Al día siguiente y a pedido de la comunidad, participaron de una reunión con el Fiscal tanto el presidente de la OPIT, como el Vicepresidente, Ñame Picanerai. El Fiscal Brusquetti mencionó en la ocasión que la denuncia fue realizada por el Sr. Carlos Martínez. En la misma se les acusa de invasión de propiedad privada y dijo que al parecer habría una supuesta superposición de la
tierra.

Vale resaltar la mala actitud del Fiscal para con los indígenas en todo momento, que incluso al ser reclamado por no haber consultado con ellos sobre la veracidad de la denuncia habría respondido que esto se trata de una ley de los blancos, que no tiene por qué consultar con ningún indígena.

La lucha por la recuperación de sus tierras para los Ayoreos data de mucho tiempo. Las mismas se encuentran amenazadas constantemente por grandes terratenientes, menonitas y empresas ganaderas transnacionales. Es importante en este caso volver a resaltar que la misma Constitución Nacional reconoce el derecho de los indígenas sobre sus tierras ancestrales, por lo que es absolutamente absurdo y descabellado que sean acusados de invasores.

Con todo esto se evidencia el absoluto desconocimiento del fiscal interviniente acerca de las leyes que amparan a los Pueblos Indígenas de nuestro país y de cómo deben llevarse a cabo este tipo de procedimientos cuando se trata del ingreso a comunidades.

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