Fiscalía de DD.HH. garantiza impunidad en casos de torturas y violencia policial

El fiscal Santiago González Bibolini se dedica a desacreditar la denuncia de las víctimas. Foto: Facebook.

El fiscal Santiago González Bibolini se dedica a desacreditar la denuncia de las víctimas. Foto: Facebook.

La inacción y la falta de investigación adecuada de las denuncias de tortura y violencia policial garantizan la impunidad así como la perpetuación de estas prácticas de parte de los organismos de seguridad. En este sentido, la incompetencia de la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Santiago González Bibolini, es un aval para el aumento de la violencia institucional ante la asegurada impunidad en que terminan estas violaciones a los derechos humanos.

Un capítulo del informe Derechos Humanos en Paraguay 2014 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) compila una serie de denuncias presentadas en el periodo que va de los meses de octubre de 2013 a 2014. “Investigaciones ineficaces aseguran la impunidad en los casos de torturas” se titula el apartado cuya elaboración estuvo a cargo de Claudia Cuenca, Ximena López y Dante Leguizamón. El texto advierte sobre el aumento del uso excesivo de la fuerza durante el actual gobierno contra manifestaciones y actos de reivindicación de derechos, en su mayoría protagonizados por comunidades campesinas.

Protección a fumigaciones

Menciona en primer lugar los aparatosos operativos desplegados para proteger a empresarios agrícolas que realizan fumigaciones sin las medidas de seguridad dispuestas por las leyes ambientales como las barreras vivas de protección. Entre estos casos se citan atropellos policiales que se saldaron con decenas de heridos e incluso la pérdida de un ojo por impacto de balín de goma que sufrió Aníbal Alegre en General Resquín, San Pedro, en enero de 2014.

En tanto, en noviembre de 2013 en una manifestación realizada por idénticas razones resultaron heridos con balas de plomo Herminio Enríquez y Pablino Rojas en la Colonia Maracaná, Canindeyú. En octubre de 2014 un menor de edad recibió también una bala de plomo en el brazo de parte de un policía en una represión contra manifestantes que pedían la libertad de campesinos que habían sido apresados por protestar contra las fumigaciones en Brítez Cue, Canindeyú.

Otros violentos procedimientos en la Zona Norte del país fueron efectuados por militares en el marco de las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que habilita al Ejecutivo a utilizar a los militares en cuestiones de seguridad interna sin la declaración del estado de excepción bajo la supuesta lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Entre varias actuaciones arbitrarias se enumeran allanamientos nocturnos, sin orden judicial, torturas, malos tratos y amenazas de vincular a la gente con el EPP.

Manifestaciones urbanas

Así también se citan el violento accionar policial contra manifestaciones urbanas como las realizadas por los habitantes del Bañado Sur en diciembre de 2013 y contra la suba del pasaje en enero de 2014. En el primer caso incluso una niña de 9 años fue herida con balines de goma y en el segundo el cronista de nuestro medio Paulo López fue arrestado, torturado y despojado de su cámara fotográfica cuando concurrió a la Comisaría Tercera a realizar la cobertura de las detenciones de manifestantes.

En agosto de 2014 los docentes que se manifestaban en reclamo de más presupuesto para la educación pública también fueron reprimidos siendo heridos periodistas que trabajaban en la cobertura como el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz, quien sufrió una lesión sangrante en la cabeza producto de un golpe de cachiporra.

Descrédito a las víctimas

El Ministerio Público no ha avanzado en la investigación de las torturas y ejecuciones contra campesinos que habrían sido perpetradas en la masacre de Curuguaty el 15 de junio de 2012. La fiscalía se ha limitado a tomar declaraciones testificales a los policías y a recopilar diagnósticos médicos de los agentes heridos durante el procedimiento cuando que el objeto de investigación en esta denuncia debería ser la actuación policial.

La desidia de la unidad a cargo de González Bibolini llega al punto de que en el caso de una denuncia de torturas en Yhu del año 2013 el último movimiento que registró la carpeta fiscal fue un pedido de fotocopias de parte de la Codehupy en setiembre de 2013.

En sus conclusiones, el informe advierte sobre las actuaciones sumamente ineficientes de la fiscalía para investigar y esclarecer estos hechos, que en la práctica es un aval de las autoridades para que los funcionarios policiales actúen de manera arbitraria y violen derechos elementales de las personas. Esto poniendo muchas veces como pretexto la supuesta falta de infraestructura y movilidad para obtener elementos de prueba.

“Existen espacios de tiempo prolongados en los que no se realizan diligencias, se realizan diligencias esporádicas y muchas tendientes a cuestionar a la víctima su cualidad de tal así como sus dichos, en lugar de corroborar su versión; en muchos casos ni siquiera se ha constituido en el lugar para recabar más información, tomar declaraciones testificales u otras acciones; se sobrevalora la versión de los agentes de las fuerzas de seguridad, en detrimento de las declaraciones de víctimas y testigos presenciales”, enumera el informe.

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