Fiscal Rogelio Ortuzar dice que hablar de lucha de clases es un «delito»

El mismo que había presentado como prueba una película de Cantinflas para vincular a unos campesinos con el EPP. La libertad de expresión e ideología están garantizadas en la Constitución Nacional. El fiscal es acusado de la ejecución de seis campesinos en Minga Guasu en el 2007.

En su cuenta de Twitter, el fiscal Rogelio Ortuzar afirmó que la lucha de clases es un delito porque «incita a la violencia». Esto, al ser interpelado por varios tuiteros. Al ser motivo de burlas, pidio a los internautas que recurran al articulo 269 del Código Penal paraguayo, indicando que «la lucha de clases» es abolir el Estado.

La «lucha de clases» es una teoría fundamental del pensamiento marxista, según la misma se constituye en la fuerza motriz de los acontecimientos históricos. Según sus teóricos, Karl Marx y Friedrich Engels, a través de la historia las personas han tratado de organizarse en diferentes tipos de sociedades bajo la tensión causada por pobres y ricos, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores feudales y siervos, burguesía y proletariado. Este conflicto sólo puede resolverse, según ellos, cuando se llegue a una sociedad sin clases. (Wikipedia)

Es decir, el marxismo no propicia la lucha de clases puesto que es una fuerza natural, según la teoría, ni tampoco este concepto quiere decir «abolir» del Estado. 

Ya en 1989 pasó a retiro la Ley 294, de «Defensa de la Democracia», que reprimía la difusión de ideas comunistas, la cual fue utilizada por la dictadura para persecuciones políticas. La Constitución  Nacional actual garantiza en su articulo 24 la libertad de ideología. «Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología».

Rogelio Ortuzar fue denunciado por organismos de derechos humanos por la matanza de 6 campesinos en Minga Guazú. Ortuzar es uno de los fiscales acusadores del caso Cecilia Cubas. Junto a la fiscal Sandra Quiñonez mantuvieron presos por más de 1 año y 7 meses a 14 campesinos y dirigentes sociales acusados de ser «logística» del EPP. En este caso violaron leyes nacionales e internacionales en el proceso, según el juez de la causa. Los acusados fueron sobreseídos por la inconsistencia de las pruebas. «Fue deficiente en todo el proceso y se entregó elementos como para considerar» sentenciaba entonces el Juez Gustavo Bonzi. En dicha ocasión, una de las «pruebas» presentadas fue una película de Cantinflas, que habían requisado a un acusado.

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