Fiscal «enferma» a pobladores de Tacuaty Poty y los niños dejan las clases atemorizados por policías

Pobladores denuncian abusos, allanamientos violentos y detenciones arbitrarias en el marco de investigación fiscal del asesinato de un tractorista y del ganadero Luis Lindstron. Joven epiléptico fue apresado 24 horas, incomunicado y privado de su medicación. Creen que el transfondo de la represión es el conflicto de tierras con menonitas de Manitoba y la ganadera Mary Llorens. Centro de Salud se llena de casos de presión alta por el temor generado.

El abogado René Villasboa, del PPT, recogiendo las denuncias de los pobladores de Tacuaty Poty. Foto gentileza de PPT.

Pobladores del asentamiento Tacuatí Poty -2da Planta- del Departamento de San Pedro, denunciaron persecución penal a personas inocentes, abusos de autoridad y de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Fiscala Fanny Aguilera, del Comisario Benegas de la Comisaría Décima de Tacuatí y de los agentes policiales asignados a la investigación de los asesinatos de un tractorista ocurrido el 18 de abril y, de Luis Lindstron, acaecido semanas atrás.

Este fin de semana, a pesar de la intensa lluvia y de las malas condiciones del camino vecinal,  unas setenta personas en su mayoría mujeres y niños, se reunieron con la comitiva legislativa que llegó al lugar, integrada por el abogado René Villasboa, director de bancada del Partido Popular Tekojoja y Rolando Nuñez, jefe de bancada. Según se informó, los mismos elaborarán un informe pormenorizado en base a los datos recogidos para elevarlo a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, a los efectos de generar una visita in situ de dicha comisión, recoger los testimonios de los pobladores y encaminar institucionalmente los hechos denunciados.

Los lugareños reclamaron a la comitiva la injusta detención de sus allegados y peticionaron la inmediata libertad de los mismos, pues, a criterio de la comunidad, no existen hechos o documentos probatorios que justifiquen tal situación de privación de libertad. A su vez, solicitaron la presencia de autoridades nacionales, medios de prensa, y de organismos públicos o privados de derechos humanos para constatar los hechos que denuncian.

Testigo falso y violación de garantías

Las familias de los señores Alipio Acosta, Lucio Otilio Coronel Gonzalez, Damacio Miranda Medina, Aurelio Escurra Cardozo, Froilan Escurra Cardozo, Delia Cardozo De Escurra, Ursulina Cardozo De Pavon, Daniel Medina, Elvio Cardozo Lara, Gustavo Ramon Cardozo Bazan, Juan Ramon Cardozo, Ireneo Vallejos Y Joel David Coronel, denuncian, específicamente, que las carpetas fiscales de los asesinatos del tractorista y de Luis Lindstron, están montadas sobre argumentos y testimonios falsos de la principal testigo del caso, una adolescente llamada Liz Mariela Bazán.

También denuncian allanamientos sin exhibición de orden judicial (en uno de los casos, Damacio Miranda), órdenes de allanamientos sin especificación de motivos que lo sustente, órdenes de allanamientos sin indicaciones precisas de qué objetos o elementos probatorios deban ser recogidos. Igualmente, denuncian amenazas verbales y con armas de fuego, destrucción de cultivos, intimidaciones verbales, sustracciones y secuestros de objetos y bienes que no hacen a la investigación, tentativa de implantación de pruebas por parte de agentes fiscales y policiales presentes en los allanamientos, así como maltratos verbales, trato degradante y humillaciones de todo tipo.

Los pobladores manifiestan que se han violado las garantías procesales de respeto al debido proceso de los hoy imputados, desde el momento en que han sido presentados a la prensa como si fueran culpables y se han publicado fotos filtrados por los mismos investigadores a los medios de prensa, sin existir siquiera elementos probatorios a pesar de los múltiples allanamientos e interrogatorios realizados.

Pobladores de Tacuaty Poty protestando por abusos de la fiscalía. Foto gentileza de PPT.

Los pobladores refieren que, incluso, se ha involucrado a personas respetables de la comunidad que prestan servicios públicos en la misma, como en el caso del profesor Marcelo Larrosa, Director de la Escuela N° 7.220 San Ramón, cuyo domicilio también fue allanado y del médico Hugo Álvarez,Director del Centro de Salud local, quienes refieren su malestar por haber sido involucradosinjustamente en el hecho por una supuesta testigo clave y se muestran temerosos de perder sus puestos de trabajo por una denuncia fiscal irresponsable.

Ambos niegan tener conocimiento e involucramiento en los hechos denunciados y refieren que los servicios públicos que prestan se han visto resentidos por las secuelas que han dejado los allanamientos. En el caso del Centro de Salud, el doctor Álvarez indica que se han incrementado dramáticamente los episodios de hipertensión arterial (presión alta) de los pobladores de la zona, habiéndose registrado unos cincuenta casos tras los allanamientos, especialmente entre los familiares de los imputados y detenidos.

En el mismo sentido, el Profesor Larrosa indica que más de diez niños de la Escuela Santa Teresita dejaron de asistir a clases como consecuencia directa del intenso temor que tienen a los allanamientos y a la presencia de personas armadas, ya que uno de los lugares allanados estaba cerca de la escuela y el procedimiento fue presenciado por los niños.

Otra preocupación

Los pobladores expresan su preocupación por la suerte del señor Carmelo Recalde, uno de los líderes de la comunidad, cuyo domicilio fue varias veces allanado sin resultado alguno, quien se encuentra con paradero desconocido. Indican que la mayoría de las personas imputadas, detenidas y con órdenes de detención son dirigentes sin tierra del Asentamiento Tacuatí Poty, por lo que consideran que la situación obedece a una persecución o criminalización de la lucha social, puesto que han estado enfrentados desde hace mucho tiempo con los menonitas de la Colonia Manitoba y la ganadera Mary Llorens, porque ambos pretenden las tierras que están ocupando los pobladores desde hace años y que está en trámites ante el Indert.

Anticipan el temor de nuevos allanamientos y detenciones de personas inocentes ya que tienen como antecedente la detención e incomunicación por espacio de 24 horas de un joven epiléptico, Joel David Coronel, de 22 años, quien por el mismo caso fue privado de recibir la atención y medicación de sus familiares, según refieren los pobladores.

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