Fiscal de delitos económicos ratifica acusación contra Rubén Quesnel

El extitular del Indi, Rubén Quesnel, había retirado más de 3.000 millones de guaraníes que debían ser destinados a proyectos de desarrollo de comunidades indígenas.

Rubén Quesnel, expresidente del Indi durante el gobierno de Federico Franco. Foto: IP Paraguay.

El fiscal de delitos económicos René Fernández ratificó las acusaciones de lesión de confianza y apropiación contra el expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Rubén Quesnel, y contra la exadministradora del ente, Marlene Mendoza, por la desaparición de unos 3.100 millones de guaraníes de un fondo de desarrollo comunitario que debía ser destinado a las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhoyamaxa, que contaban con sentencias internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligan al Estado paraguayo a la devolución de sus tierras ancestrales.

“Quienes tienen deber de cuidado sobre los fondos, en este caso del Indi, son las personas que están imputadas en carácter de autor. Hay dos exfuncionarios del Indi que se encuentran imputados como autores de lesión de confianza y apropiación, que son el expresidente y la exadministradora. Hay otro funcionario que se encuentra imputado como cómplice”, señaló el agente fiscal a la radio 780 AM.

“La hipótesis del Ministerio Público, y basada en evidencia bastante sólida, es que esa suma de dinero nunca fue entregada a esa fundación, sino que simplemente se hizo una justificación documental de la extracción de dinero realizada. Nosotros consideramos que esos recibos son simples simulaciones porque si efectivamente hubiese habido una transferencia de fondos legítima, como ellos sostienen, se deberían haber cumplido los trámites administrativos obligatorios para todo funcionario público”, añadió Fernández.

Quesnel, quien se entregó el miércoles luego de haber estado prófugo desde que se difundió el video en que se lo observa con los demás funcionarios imputados retirando el dinero del Banco Nacional de Fomento (BNF), alega que desembolsó los fondos a la ONG Reforeast Par, cuyo representante es Óscar Viera. Este, a su vez, sostiene que, si bien emitió unos recibos, nunca recibió los fondos. La ONG sería un organismo fantasma, ya que durante una intervención realizada en la supuesta sede solo se encontró un domicilio particular.

“El Estado, para realizar este tipo de contrataciones, tiene previstas leyes y reglamentos que regulan los pasos, los trámites que debe cumplir un funcionario público para realizar una contratación. Acá estamos hablando de una contratación de 3.000 millones de guaraníes”, expresó el fiscal al señalar que, considerando la magnitud de los montos manejados, se debieron haber realizado concursos públicos de precios y licitaciones.

Los acusados, por su parte, alegan que se trataba de una situación excepcional, aunque el agente fiscal contrapone que los casos de excepcionalidad también están previstos en la ley. En este sentido explicó que para los casos en que por la urgencia no se puedan realizar concursos públicos o licitaciones se requiere de un dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones que fundamente la contratación por la vía directa.

Asimismo, el agente del Ministerio Público sostuvo que el no cumplimiento de los compromisos de parte de la organización contratada no exime al funcionario de sus responsabilidades, ya que este tiene la obligación de fiscalizar y de velar por los bienes públicos.

“Si yo estoy diciendo que le di el dinero a un irresponsable no quiere decir que eso a mí me releva de mi responsabilidad. Al contrario, estoy cargando un poco más el grado de culpabilidad”, subrayó Fernández.

“El pato de la boda”

Por su parte, la abogada María Bobadilla, defensora de la imputada Marlene Mendoza, dijo que su cliente es el “pato de la boda” y que las responsabilidades de este caso deben recaer en las autoridades del gobierno anterior, tanto Fernando Lugo como Federico Franco. Bobadilla sostuvo que existe un documento sin fecha que establece la creación de un equipo conformado por los ministerios del Poder Ejecutivo para la formación y gestión de estos fondos.

“Mi cliente Marlene Mendoza es el pato de la boda, es el final de este eslabón simplemente. Estas decisiones fueron tomadas a nivel gubernamental del gobierno anterior. El fiscal tiene la obligación de llamarle directamente con ese documento a una declaración testifical a Fernando Lugo, a Federico Franco y a quienes integraron estos ministerios”, declaró la abogada a la 730 AM.

“En el gobierno de Lugo, en 2010, esta ONG fue aceptada por el Poder Ejecutivo. Si hay que aceptar una objeción de que esta ONG no existe, de que tiene poco dinero, que las personas que están ahí no son personas preparadas. El Poder Ejecutivo tenía esa facultad de rechazar esa ONG y sin embargo no lo hizo”, reforzó.

Quesnel se encuentra guardando prisión preventiva en el penal de Tacumbú por orden del juez Hugo Sosa Pasmor, quien hizo lugar al pedido del fiscal Fernández.

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