Financierización, control social y Ley «antiterrorista»

La vigencia de la Ley «antiterrorista» en el Paraguay podría ser una expresión más de dominación y control social montado desde los Estados Centrales Capitalistas en los países periféricos, en el marco de la crisis del capitalismo global. El mundo está padeciendo en grado crítico las consecuencias de la financiarización que impera en el planeta. Financiarización que no es otra cosa que la predominancia  del capital financiero sobre la economía
real de bienes y servicios.

El patético espectáculo que se vive en Grecia con las movilizaciones populares brutalmente reprimidas, son las expresiones desesperadas de rechazo a las políticas de ajuste que se imponen al pueblo griego, para
hacer frente al deault consecuente de la especulación financiera. El mal griego tenderá a extenderse al resto de Europa y de ahí, al resto del mundo, habida cuenta del carácter integrado del mercado financiero, rasgo
consecuente a su vez de un capitalismo mundializado en crisis.

El alcance de esta financiarización, irà trascendiendo los límites de Europa, y un síntoma reducido a escala local, sería, aunque parezca poco económico a primera vista, la sanción de la ley antiterrorista .

La historia del proyecto de la llamada Ley “antiterrorista” en nuestro país arranca en el año 2002, en el gobierno de Luis González Macchi, teniendo en esa fecha, una dura resistencia popular, expresada en una movilización que tuvo dimensión nacional. En la misma falleció un dirigente campesino.
El fantasma del proyecto reapareció en el año 2007 bajo el gobierno de Nicanor Duarte Frutos,  y de nuevo tuvo una resistencia masiva, pero de menor dimensión que la del año 2002.

Estos escenarios tenían una justificación mediada y lejana. Tenían como referencia el clima de riesgo generado por el atentado a las torres gemelas en New York , cuya responsabilidad era atribuida al terrorismo
islámico, que para trasladarlo a nuestra región, había que buscar la supuesta  financiación de ese terrorismo en las tres fronteras, argumento que no revestía mucho impacto.

El espectáculo que ofrece la actual coyuntura nos haría pensar que para lograrse la sanción de dicha ley con alguna justificación mediana, tendría que haber un escenario que diera cuenta de una violencia registrada
dentro de nuestro territorio. En síntesis, tendría que haber hechos de terrorismo para justificar una ley antiterrorista. Ese escenario arrancaría con el secuestro del ganadero Fidel Zavala, que tendría como
consecuencia la firma del acuerdo entre las cancillerías de Paraguay y Colombia sobre cooperación en la lucha contra el terrorismo. Un tiempo breve después, se producen los dos hechos que se constituyen los detonantes para la legitimación: lo de Arroyito primero, y después el macabro atentado contra el senador liberal Robert Acevedo.

Silenciosamente pero en forma urgente, se llega por fin a debatir con una celeridad sin precedentes en el Senado el proyecto, lográndose la media sanción.

El argumento de peso esgrimido por los parlamentarios propulsores del proyecto no feuron sin embargo aquellos dos hechos violentos, sino a la presión de  la Seprelad (Secretaría de Prevención de lavado de
dinero),  que les urgió a sancionar la Ley. La Seprelad es una entidad local creada por ley que se encuadra en las exigencias de  (GAFI), Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, que  es un
organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se creó en París en julio de 1989 por la Cumbre del G-7 con el fin de estudiar medidas de lucha contra el blanqueo de capitales.

Inicialmente lo integraban dieciséis miembros, y en la actualidad forman parte de este grupo 31 paises  y dos organismos internacionales: el FMI y el BM. Se celebran tres reuniones plenarias anuales; dos en la sede
central de la OCDE en París y una en el país que ejerza la presidencia anual. En el año 2001, a raíz de los atentados del 11-S, el GAFI amplíó su mandato hacia la lucha contra el terrorismo y su financiación y acordó la adopción de recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo.

Estos datos dejan en claro el carácter de este organismo, que desde el2002 viene presionando a nuestro país de forma coercitiva a encuadrarse a una normativa pensada y pergeñada por los Estados centrales capitalistas , que es lo mismo que decir, por quienes manejan el capital financiero mundial.

Tenemos entonces sobre nuestras cabezas las similares presiones que en la década de los 80 ejercían sobre Latinoamérica los organismos financieros multilaterales y sus tristemente célebres “cartas de intención”, que no eran otra cosa que exigencias que implicaban “ajustar” con recetas neoliberales nuestras economías en detrimento de coberturas sociales. Actualmente se habla  entonces de las exigencias del GAFI, a las cuales hay que someterse.

Si no se cumplieran esas exigencias, estaríamos imposibilitados a recibir financiación externa. Así planteado, queda claro que el motivo que mueve a la sanción de la Ley “antiterrorista” no responde tanto al establecimiento de una relación directa de una norma con su consecuencia, sino a las
exigencias de un capital financiero internacional, que debe sortear una crisis a costa de nuestros pueblos.

Sabido es, a la luz de los procesos de crisis cíclicas del capitalismo, que sus clases dominantes, para sortear las mismas, han recurrido más de una vez a la imposición de medidas en el marco del
terrorismo de Estado.

Para el caso del  proyecto de la llamada Ley “antiterrorista”, desde ese marco, la ecuación sería: Si no se controla la tensión social, no tendrán financiamiento externo. Para ese efecto sancionen rápidamente esa ley , que posibilitará ese control social, y tendrán la financiación.

Más de un analista económico afirma que esta crisis del sistema capitalista es la más aguda registrada en toda su historia. Para el escenario latinoamericano, la misma se da sin embargo, con la emergencia
de gobiernos incompatibles a los centros de poder mundial, especialmente EEUU. Esto nos hace pensar que la llamada Lley “antiterrorista” en nuestro país, además de apuntar al control social local, apuntaría a
a instalar en nuestro territorio el epicentro de control para todo el Cono Sur.

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