Fiesta en la rural en medio de imputaciones a miembros de la ARP por generar tragedia en el Chaco

La Asociación Rural del Paraguay y sus socios realizan su feria anual en Mariano Roque Alonso, en tanto destacados miembros del gremio siguen imputados por las represas ilegales que causaron las inundaciones en el Chaco este año. 4 personas fallecieron y más de 13 mil familias fueron afectadas por las mismas.

  • La ARP busca salvar a sus socios apelando a la irretroactividad de la ley, pues supuestamente construyeron los diques antes que se prohibieran.

  • La asistencia a los pobladores de la tragedia le costo al Estado 216 millones de guaraníes por día.

Federico Franco y Tito Núñez en la edición 2011 de la Expo. Hoy está imputado por delitos ambientales.

Juan Néstor “Tito” Núñez, anterior titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y propietario de la estancia Isla Alta, así como los ganaderos José Daniel Casamada, de la estancia Quebracho, Francisco Brusquetti, de la estancia Yukeri, y Artur Niedhammer, de la estancia Loma Pytã, todos asociados a la ARP, fueron imputados por el delito de represamiento de cauces hídricos por el fiscal de Medio Ambiente, Carlos Arce.

Por medio de fotos satelitales y la visitas al lugar se comprobó que los imputados habían colocado represas sobre el río Montelindo, acción que colmó el estero Patiño y produjo las trágicas inundaciones en la localidad de General Díaz, Chaco paraguayo. Las mismas se cobraron la vida de al menos cuatro personas por el aislamiento generado por las aguas, esto sin contar con los daños materiales y desplazamientos que sufrieron miles de personas.

Este delito puede significar de tres a ochos años de cárcel. Al emitirse la imputación, el fiscal había solicitado medidas alternativas a la prisión con la imposición de una fianza real de 300 millones de guaraníes para cada uno de los sindicados. Durante las inundaciones, la asistencia a los pobladores afectados le costó al Estado 216 millones de guaraníes por día. Solo hasta el 1 de mayo, se habían desembolsado unos 3900 millones de guaraníes, según la SEN. El fiscal ya abrió la posibilidad de que los presuntos delincuentes solo sean condenados a pagar multas por la catástrofe ocasionada.

La ARP afirma que fue una catástrofe «natural» 

Una de las estancias inspeccionadas por la SEAM. Foto: SEAM.

Poco antes del juicio político realizado por el parlamento a Fernando Lugo, el 15 de junio, representantes de la rural encabezados por su presidente Germán Ruíz y su abogado, exigieron a Francisco Javier Díaz Verón, entonces fiscal general del Estado, que el Ministerio Público rectifique las imputaciones.

«En primer lugar, no existe ninguna represa sobre Montelindo, son caminos que tienen más de 50 años y sobre el canal principal existen puentes de madera que son más anchos que los puentes que tiene el río sobre la Transchaco. Entonces hablar de represa es violar la ley y mentir», expresó el abogado del gremio, Raúl Antola.

Según las autoridades de la ARP, la inundación que abarcó unas 2 millones de hectáreas, fue una «catástrofe natural». Además negaron que exista poblaciones en los caminos de las propiedades aludidas.

Según los mismos, el 95% de la aguas del río Pilcomayo ingresaron a territorio paraguayo después de más de 20 años, como resultado de los trabajos realizados por la Comisión Nacional del Pilcomayo y de la colmatación de los canales argentinos.

Contradicciones en la Rural

Según el comunicado emitido por la ARP el 15 de junio, los ganaderos imputados vienen trabajando en estrecho contacto con la Secretaría del Ambiente (SEAM), «que ha aprobado los estudios de impacto y planes de ordenamiento ambiental de todas y cada una de las unidades de producción incluidas en la imputación». «En los mismos figuran todos los diques, caminos y presas que son mencionados como elementos de imputación los cuales, vale la pena remarcar, han sido construidos entre 1966 y 1980. Por lo tanto, de haber existido irregularidades, ellas debieron ser señaladas al momento de evaluar los planes y expedir las licencias correspondientes. Además, las leyes ambientales vigentes fueron promulgadas posteriores a la construcción de las obras mencionadas, por lo que los productores afectados son inimputables en base al principio de la irretroactividad de la ley». Es decir, finalmente admiten la existencia de los diques, pero apelan a que la ley solo se puede expedir por hechos futuros, ya que fueron construidas antes.

“Es altamente improbable que tanto la SEAM como la fiscalía puedan evaluar objetivamente, y con ajuste al instrumento técnico exigido por la ley, cualquier daño ambiental”, aseguraron entonces.

Las inundaciones afectaron a más de 13 mil familias.

Tiempo antes de que la ARP negara la existencia de represas,  Tito Núñez en declaraciones a la radio Monumental 1080 AM (20 de abril) admitió que varios miembros de la ARP tienen represas en las zonas inundadas del Chaco, que dificultan el paso de las aguas.

Negó entonces sin embargo, la existencia de una en su propiedad, señaló que fue la primera vez en 24 años que tuvo agua en su establecimiento y aclaró que él «no es un problema para nadie». «Estoy a 400 kilómetros de la desembocadura, soy el último del eslabón. Yo autoricé que se pase por mi estancia, no estoy atajando ni un litro de agua», indicó.

El mismo confirmó en esta entrevista radial que varios miembros de la ARP tienen represas en el río Pilcomayo.

Las inundaciones que se registran en el Chaco paraguayo debido a las lluvias y la crecida del río Pilcomayo y afluentes, en la frontera con Argentina, afectaron a más de 13.654 familias.

Un reporte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) detalla que las persistentes lluvias dejaron sin viviendas a 8.626 familias en el departamento de Presidente Hayes, 3.485 en el de Boquerón y 1.543 en el de Alto Paraguay.

Tras el apoyo ofrecido al golpe parlamentario y al gobierno de Federico Franco, la ARP percibirá unos 50.000 millones de guaraníes en créditos del Banco Nacional de Fomento, según dieron a conocer recientemente.

Germán Ruíz, actual presidente de la ARP, busca salvar a sus socios de las imputaciones. Foto: 780 AM.

 

Las inundaciones que afectaron a varias poblaciones, se cobraron la vida de 4 personas. Quedaron sin vivienda 8.626 familias en el departamento de Presidente Hayes, 3.485 en el de Boquerón y 1.543 en el de Alto Paraguay.

Comentarios

Publicá tu comentario

Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: Las solicitudes de API se están retrasando para esta cuenta. No se recuperarán nuevas entradas.

Inicia sesión como administrador y mira la página de configuración de Instagram Feed para obtener más detalles.