¿Federico Franco será procesado por el robo de fondos de comunidades indígenas?

Rubén Quesnel, extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), había involucrado al expresidente Federico Franco y a su hijo, Fredy Franco, en el robo de más de G. 3.000 millones que estaban depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a nombre de las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa.

Por César Centurión

Con sucesivas recusaciones, el pasado miércoles 26 de abril Rubén Quesnel logró la sexta suspensión del juicio que debe enfrentar por el robo de G. 3.127 millones que estaban  depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a nombre de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa. Estas obtuvieron sentencias favorables en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2005 y 2006, respectivamente, que obligan al Estado paraguayo a restituir parte de su territorio ancestral a estos pueblos y habilitar un fondo de desarrollo a manera de resarcimiento para la apertura de caminos, planes productivos, etc.

Luego de permanecer prófugo, el 29 de octubre de 2013 Quesnel declaró ante el Ministerio Público como principal sospechoso del robo, que tomó estado público tras la difusión de un video del circuito cerrado del BNF. Este dijo que a inicios de ese año el entonces presidente Federico Franco le dio la orden de retirar el dinero para entregárselo a Oscar Viera, de la ONG Reforeast Par, que se haría cargo de ejecutar los proyectos en las comunidades. El intermediario de la operación, según dijo Quesnel en la indagatoria, fue Fredy Franco, hijo del exmandatario.

Según nos adelantaron fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, ya fue presentado ante la fiscalía un pedido de incluir en el proceso a Federico Franco y a su hijo, Fredy Franco. Presuntamente el primero habría ordenado el retiro del dinero y el segundo habría supervisado la operación vía telefónica, según esta versión. Si bien en el documento que nos facilitaron se consigna la identidad del autor de la petición, la fuente solicitó mantener en reserva el nombre del denunciante.

En este caso están acusados, además de Quesnel, Marlene Mendoza, exadministradora del Indi, por los cargos de lesión de confianza y apropiación. Asimismo, Ever Otazo, exfuncionario del Indi, y Oscar Viera, presidente de la ONG Reforeast Par, serán juzgados en carácter de cómplices.

Amenazas de muerte

Quesnel se encuentra privado de libertad en la cárcel de Tacumbú por otro caso, la venta ilegal de tierras de la comunidad ayoreo Cuyabia. Tras involucrar a Franco en la apropiación ilegal de los fondos, el representante legal de Quesnel, Rolando Cáceres, denunció que su cliente recibió varias amenazas de muerte. Posteriormente los abogados Rolando y Gustavo Cáceres renunciaron al caso por supuestas presiones políticas y del propio juez Oscar Delgado, que desconocía su personería jurídica. A esto se añadió que Quesnel manifestó luego su intención de desistir de las acusaciones contra Franco bajo supuestas promesas de “ayuda” y en declaraciones a la prensa incluso llegó a negar que alguna vez haya involucrado al expresidente.

El 30 de octubre de 2013, un día después de la declaración de Quesnel, el fiscal René Fernández rechazó rápidamente cualquier participación de los Franco en el hecho ante la falta de pruebas, según adujo, pues se trataba de la palabra de uno contra la palabra del otro.

«A disposición»

Tras el escándalo por la supuesta implicancia de Franco en el caso, este se puso «a disposición» de la fiscalía afirmando que no tenía conocimiento alguno sobre los fondos desviados. En su defensa agregó que su propio gobierno destituyó a Quesnel por la venta ilegal de 25.000 hectáreas de la comunidad Cuyabia. Indicó que el caso de apropiación de fondos salió a la luz cuando ya no estaba en ejercicio de la presidencia, en setiembre de 2013, por lo que es imposible que haya sido el responsable de dar la orden. Aunque la denuncia de la desaparición de los fondos fue hecha pública durante el gobierno de Horacio Cartes, la operación se habría realizado entre enero y febrero de 2013, es decir cuando Franco ejercía aún el cargo de presidente.

Por su parte, Fredy Franco replicó sobre el cruce de llamadas con Quesnel que normalmente hacía de intermediario entre su padre y los funcionarios y ministros del gabinete, quienes recurrían a él en los casos en que no podían contactarse con su padre. Además, reconoció que se contactó telefónicamente con Quesnel en varias ocasiones, pero aseguró que no tuvo ninguna participación en la extracción del dinero y que no tenía vínculo alguno con Reforeast Par.

Entretanto, el representante de la ONG, Oscar Viera, sostiene en su defensa que emitió los recibos bajo presión, pero que nunca recibió los recursos. Relató que en repetidas ocasiones, desde febrero hasta el mes de junio de 2013, intentó reunirse con Quesnel para interiorizarse sobre el destino de los fondos, pero que este nunca lo recibió. En tanto, –continúa– los funcionarios Marlene Mendoza y Ever Otazo ponían el pretexto de que los fondos no eran liberados por el Ministerio de Hacienda. La defensa de Viera asegura que este no se apropió de un solo guaraní, pero que firmó los recibos a raíz de que los funcionarios lo “coaccionaron con ligereza” y abusaron de su confianza.

 

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