Familias campesinas fueron desalojadas de sus tierras por «error» y ahora viven en la calle

Fue durante el gobierno de Federico Franco. Sus viviendas y cultivos fueron arrasados con topadoras. El INDERT denuncia que fueron despojados por un error del informe de mensura, presentado por la que se dice propietaria de los terrenos. Existen documentaciones que prueban la propiedad de los campesinos.

Las familias campesinas tras el violento desalojo de sus tierras. Foto: INDERT.

A mediados del año pasado en la Colonia San Miguel, Puerto Indio, distrito de Mbaracayú, Alto Paraná fueron desalojadas familias campesinas de tierras que les fueron adjudicadas legalmente por el INDERT. Actualmente, las familias afectadas están sobreviviendo a la vera del terreno de 28 hectáreas, en condiciones muy precarias, en tanto se sustancia una demanda promovida por Regalada Martínez de Algarín, quien reclama la propiedad del inmueble individualizado como Lote 67.

“El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) promoverá todas las acciones tendientes a reivindicar sus derechos sobre la finca Nº 67, y sobre todo, no declinará su alto compromiso con los sectores sociales vulnerables a los que finalmente corresponden esas tierras”, aseguró el presidente del ente rural, Justo Cárdenas.

El mismo expresó su indignación por la penosa situación por la que atraviesan unas 15 familias desalojadas por orden judicial de las tierras que les fueron cedidas por el INDERT.

Cárdenas dijo que son varias las familias afectadas por este tipo de casos en el país.

Inmisericorde desalojo

El desalojo de las 15 familias ocupantes de las 28 hectáreas se produjo con mucha violencia, en julio del año pasado, mediante la utilización de tractores topadoras que arrasaron totalmente las casas de los humildes pobladores. Todos sus cultivos de sustento, como maíz, mandioca y otros, así como los árboles, fueron totalmente destruidos.

Antecedentes del caso Puerto Indio

La Asesoría Jurídica del ente rural sostiene que la accionante probablemente tenía algún terreno en la zona, pero no en el lugar que está reclamando. El lote 67, categóricamente, según los datos georreferenciados de la institución, le corresponde legalmente al INDERT.

«Es indignante que esas familias de compatriotas hayan sido violentamente desalojadas por orden judicial de las tierras que ocupan legalmente, ya que accedieron a ellas mediante la expropiación finiquitada y pagada totalmente», expresó el presidente del INDERT, Justo Cárdenas.

Informe topográfico particular erróneo

Los registros del ente rural certifican que la demandante está equivocada, pues se basa en el informe erróneo de un perito mensor que ella misma contrató para «verificar» la ubicación de la fracción que reclama, con lo que presentó una acción judicial de reivindicación de inmueble.

La Asesoría Jurídica del INDERT sostiene que la finca N° 67 pertenece legalmente a la institución.

El inmueble fue expropiado por Ley N° 1137 de fecha 10 de Octubre de 1997, modificada por ley 1354 del 21 de Octubre de 1998, “que declaraba de interés social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) hoy Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), inmuebles individualizados como Fincas N° 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68 y 69 del Distrito de Hernandarias (actualmente distrito de Mbaracayú).

La demanda fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Minga Porä, y obtuvo rápidamente una sentencia favorable.

Demanda

Recientemente, la Asesoría Jurídica del INDERT y un equipo de topógrafos procedió a verificar la situación en el lugar, comprobando fehacientemente que esa finca le corresponde al ente rural. Ese informe consta en los expedientes administrativos y judiciales del caso.

El INDERT entabló una demanda en los tribunales de Asunción, Juzgado de Primera Instancia, Cuarto Turno, Secretaría Octava, por reivindicación de inmuebles e indemnización de daños y perjuicios.

La señora Regalada Martínez de Algarín contestó la demanda, argumentando que el ente rural no podía presentar la acción en tribunales capitalinos, ya que el problema se suscita en el departamento de Alto Paraná. No obstante, el ente rural rechaza esa argumentación, ya que el Art. 2 de la Ley 2419/04 Orgánica del INDERT, establece que la institución tiene su sede central en Asunción y que su jurisdicción abarca todo el país, a través de sus agencias regionales y departamentales.

Resolución favorable al INDERT

El juzgado dio la razón al ente rural el 5 de diciembre de 2013, estableciendo que el INDERT tiene legalmente jurisdicción en el lugar del conflicto.

La contraparte apeló esa decisión judicial el 6 de diciembre del año pasado, y el juzgado concedió la apelación en relación y con efecto suspensivo. En relación quiere decir que la demandante ya no puede presentar otra prueba más de la que hay en el expediente, y con efecto suspensivo quiere decir que puede afectar si los camaristas dicen que tienen razón los demandados. Pero el INDERT ratifica que tiene la razón y que la jueza se ajustó solamente a lo que sus abogados habían solicitado.

A la vuelta de la feria judicial

La Cámara de Apelaciones tiene que seguir el caso al término de la feria judicial de enero, es decir, recién el próximo mes se volverá a mover el expediente.

La demandante tendrá cinco días después de ser notificada para fundamentar la apelación y luego debe correr traslado al INDERT, también por cinco días, tras lo cual el ente rural pedirá que se confirme la decisión del juzgado de primera instancia, para posibilitar el retorno de las familias desalojadas a sus respectivos lotes.

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