Familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty realizarán vigilia solidaria

Familiares de las víctimas de la Masacre de Curuguaty y la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia realizarán una vigilia solidaria por la libertad de los presos políticos de Curuguaty este viernes a las 07:30 enfrente a la sede del Ministerio Público, ubicada en Chile casi Ygatimí.

 

Invitación a la vigilia. Fuente: los organizadores del acto

El objetivo principal de la convocatoria es hacer público el pedido de justicia ante las irregularidades que se evidencian en el proceso contra los 10 presos políticos del caso Curuguaty, ocho de los cuales hoy (jueves) cumplen 38 días en huelga de hambre. También se reclamará la libertad de todos ellos.

“Buscamos justicia y libertad, porque los que están presos son inculpados injustamente en los trágicos sucesos del 15 de junio en Marina Cue, Curuguaty, culminados en la matanza de 17 personas”, dijo a E’a Claudio Rolón, de la Plataforma por la Democracia.

“Es obligación de todos hacer lo posible para que se visibilice el caso de Curuguaty así como la huelga de hambre y reclamar justicia pues a ellos, pues en todo momento se les ha denegado la libertad sin que existan pruebas que sustenten su detención y procesamiento”, manifestó Rolón.

“También les fueron negadas las más mínimas atenciones de salud y humanitarias que corresponden a personas lesionadas encarceladas”, agregó y citó particularmente los casos de de Néstor Castro Benítez y Dolores López.

Castro fue trasladado hace más de dos meses a Asunción y recluido en “La Esperanza”, Tacumbú, esperando que una operación que le reconstruya la mandíbula destrozada por un balazo el 15 de junio. Quienes deben realizarla ya cuentan con los materiales necesarios y aparentemente solamente esperan que se libere una cama en Emergencias Médicas para practicarle la compleja intervención quirúrgica.

El lunes pasado, su esposa, su hijita y su papá, lo visitaron acompañados por el abogado de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), Vicente Morales.

Dolores López también necesita atención especial pues está embarazada de tres meses y recluida en la penitenciaría de Coronel Oviedo.

A cuatro meses y medio de la Masacre, el fiscal instructor de la causa Jalil Rachid, no ha aportado una sola prueba que vincule a los detenidos con los crímenes, pero sin embargo, insiste con mantener en prisión a los detenidos con el aval del juez de garantías José Benítez y el Fiscal General del Estado Javier Díaz Verón.

Recusan al fiscal Jamil Rachid

La defensa de los campesinos detenidos pedirá la recusación del fiscal de la causa, Jalil Rachid, por la «amistad manifiesta» de su familia con la del empresario recientemente fallecido Blas N. Riquelme. Tanto Riquelme como el padre del fiscal, Bader Rachid, fueron presidentes del Partido Colorado y senadores de la Nación por esa organización.

La PEICC asumió la defensa de varios de los campesinos detenidos por los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal.

Según el fiscal, el presunto instigador del tiroteo fue el líder campesino Rubén Villalba, detenido el pasado 27 de septiembre y cuya defensa también quedó en manos del equipo de abogados de la PEICC.

En su informe final, tras la investigación, Rachid concluyó que los campesinos comenzaron el tiroteo con sus escopetas y descartó versiones que él mismo había manejado tras la matanza, de la intervención de tiradores de armas automáticas.

Diferencias en la investigación

Sin embargo, la investigación técnica realizada por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, PEICC, sobre los sucesos ocurridos en Curuguaty arroja resultados diferentes a las argumentaciones sostenidas por la fiscalía a cargo de Jamil Rachid.

Los análisis de detalles, pruebas, informes balísticos, fotografías, filmaciones, testimonios, etc., que presentó la PEICC fueron analizados en España y Canadá, a cargo de instituciones especializadas y existen denuncias y datos que no son investigados por la fiscalía.

Por ejemplo, de las armas incautadas, cuatro escopetas, sólo una fue disparada. Según análisis del sonido de los disparos iniciales, corresponden a armas automáticas de grueso calibre que podrían tratarse de M16 y que las mismas no fueron halladas ni incautadas. Por la cadencia de las ráfagas de disparos, la investigación sostiene que fueron armas automáticas. Se encontró solo un casquillo de arma automática.

Los resultados de la investigación también señalan que la presencia de mujeres y niños en el lugar es indicio de falta de premeditación, por lo que se debería descarta una emboscada preparada por los campesinos.

La PEICC sostiene que en el proceso hubo torturas, detenciones, maltratos a menores y que se habrían plantado evidencias para implicar a labriegos y que no se están respetando las garantías procesales de algunos campesinos.

Investigación unidireccional

El abogado español Aitor Martínez, que asesora al equipo jurídico paraguayo de la PEICC, afirmó que la actuación «unidireccional» de Rachid sólo pretende «criminalizar a los campesinos». «Se cree un abogado querellante y no el fiscal de la causa” dijo y lamentó que el fiscal “no investiga quién mató a los campesinos».

El equipo defensor presentó el pasado 8 de octubre varias denuncias ante el fiscal para demandarle que investigara la presunta comisión de delitos como omisión de auxilio, detención arbitraria, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las que posiblemente incurrieron los organismos de seguridad durante el desalojo.

Martínez expuso que Rachid dijo públicamente que las denuncias fueron desestimadas, pero que aún no llegó la pertinente comunicación oficial.

Los letrados defensores argumentan que la Fiscalía obvió varias líneas de investigación, entre ellas el empleo de las armas automáticas, y denuncian la posible ocultación de pruebas, como los casquillos de ese armamento recolectados en el lugar por los vecinos al día siguiente de la masacre, y entregados a Rachid.

El abogado Vicente Morales, del equipo de la PEICC también afirmó que «los hechos, intencionalmente, no son investigados».

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