Familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty ocupan Marina Cue

Audiencia sigue mañana y la defensa denuncia «aberración jurídica» por las pruebas fiscales a las que la contraparte no tuvo acceso. 

Reocupación simbólica realizada el pasado 15 de junio en el primer aniversario de la masacre.

A primeras horas de esta mañana campesinos sin tierra y familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty ocuparon las tierras de Marina Cue en reclamo de que sean adjudicadas a los labriegos y víctimas del trágico desalojo del 15 de junio del año pasado.

La ocupación consiste en la creación de un asentamiento que lleva por nombre “15 de junio”, en memoria de los 17 paraguayos asesinados en esa lúgubre jornada.  Al iniciar la ocupación que reivindica la recuperación de las tierras malhabidas, los campesinos y campesinas rindieron un pequeño y emotivo homenaje a los caídos en la lucha por la tierra y en especial a todos quienes fueron asesinados por reclamar esas tierras estatales usurpadas por la empresa Campos Morombí.

Martina Paredes, de la Comisión de Víctimas, explicó que unas cien personas ingresaron al lugar en las primeras horas de la mañana reivindicando que las 2.000 hectáreas de tierras que habían sido donadas al Estado paraguayo sean efectivamente destinadas a los fines de la reforma agraria.

Paredes explicó que unos seis policías llegaron hasta el campamento advirtiendo que una dotación policial de 200 efectivos estaban preparados en la comisaría de Agua’e para intervenir y que les dio tiempo hasta las 13:00 horas de hoy para abandonar el lugar. De lo contrario serían desalojados, según contó Paredes. Sin embargo, agregó que para abandonar el sitio exigen que las autoridades exhiban los documentos que prueben los derechos de propiedad de Campos Morombí.

“Ojechukáro hikúai la kuatia he’íva kóa privado ha rosêta (si muestran los papeles que digan que las tierras son privadas vamos a salir)”, declaró Paredes en un contacto telefónico.

“Presidente ko he’íma kóa tierra del Estado. Ndorohejamoái oñeñoty soja sobre nuestros muertos (el mismo presidente ya dijo que las tierras son del Estado. No vamos a dejar que se plante soja sobre nuestros muertos)”, añadió.

Luego denunció una campaña de difamación de parte de la prensa, que sostiene que los campesinos ingresaron en compañía de grupos armados de izquierda.

“Ndaipóri armas, solo herramientas de trabajo (no hay armas, solo herramientas de trabajo)”, precisó. También aseguró que miembros del campamento que fueron en busca de comida fueron detenidos por la policía y ya no se les permitió la entrada.

Martina Paredes es hermana de los fallecidos Fermín y Luis Paredes y, junto con el presidente de la Comisión de Víctimas, Mariano Castro, la semana pasada le fue prohibida la entrada a la audiencia por la jueza Yanine Ríos a raíz de haberse manifestado frente al domicilio de la magistrada exigiendo justicia.

“Aberración jurídica”

La audiencia preliminar, que se desarrolla en el Palacio de Justicia de Asunción, continuó hoy con la respuesta de la fiscalía a los incidentes presentados por la defensa, que solicita la nulidad del proceso y el sobreseimiento definitivo de todos los acusados por vicios irreparables en el proceso.

La jueza Ríos convocó para mañana la reanudación de la audiencia en que la fiscalía presentará pruebas que no habían sido individualizadas.

La defensa declaró que la jueza cometió una aberración jurídica al haber admitido pruebas codificadas, ya que esto viola el derecho a la defensa. Los abogados defensores denuncian que no saben de qué se trata el ítem “otros medios de prueba” y que están individualizados como M1, M3, etc.

De este modo la defensa no tuvo tiempo de consultar la opinión de otros peritos y contraponer otras pruebas a las presentadas por el Ministerio Público. Los abogados sostienen que tales medios probatorios debieron ser individualizados en instancias anteriores a fin de que la otra parte pueda realizar su propio análisis.

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