Familiares de campesinos muertos afirman que los mismos fueron ejecutados

Aseguran que la masacre no fue ocasionada por los campesinos que reclamaban las tierras malhabidas, sino por un tercer grupo infiltrado.

Uno de los campesinos asesinados encontrados el sábado. Foto: Vicente Páez.

Familiares de las víctimas de la masacre revelaron en encuentro con la Coordinadora por la recuperación de las Tierras malhabidas y organizaciones sociales locales, que sus familiares fueron ejecutados en la masacre.

En el transcurso de la tarde ayer  domingo se realizó un encuentro entre una delegación de dichas organizaciones con los Familiares de los campesinos y campesinas víctimas de la masacre ocurrida el pasado viernes en la estancia Morombi.

Durante el encuentro los mismos afirmaron que la masacre no fue ocasionada por los campesinos que reclamaban las tierras malhabidas, sino por un tercer grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política que culminó en el nombramiento como Ministro del Interior del exfiscal Rubén Candia Amarilla, del cual las organizaciones resaltan sus oscuros antecedentes de persecución a la lucha social. El mismo ya anunció como primera medida “la eliminación del Protocolo para la actuación de la Policía y la Fiscalía que permitía al menos un dialogo previo ante los desalojos, implementado de esta manera la ejecución directa, como ocurrió”, según testimonios de los familiares. Las organizaciones participantes de la reunión, por medio de un pronunciamiento,  hay evidencias de tortura y ejecución halladas en los fallecidos.

Los familiares y la comitiva de organizaciones locales y nacionales, se reunieron además con el Jefe de Gabinete Miguel López Perito y la Ministra de Salud Esperanza Martínez; exigiendo la inmediata constitución de una Comisión interinstitucional conformada por el Gobierno, Familiares, Organizaciones Sociales de la zona y Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, encargada de llevar a cabo un Plan de Acción Comunitario. Los mismos exigen que se contemple:

1. Las garantías para culminar la búsqueda de heridos y fallecidos en la zona de la masacre.

2. El esclarecimiento de los hechos ocurridos y la aplicación de la justicia a los verdaderos

responsables materiales e intelectuales de la masacre.

3. Resarcimiento material y moral a las víctimas y sus familiares.

4. Libertad a aquellas personas que no estuvieron en los enfrentamientos y/o fueron

detenidos e imputados sin justificación, cuyo número asciende a 46.

5. Garantizar el debido proceso a los detenidos con prisión preventiva acusados de diversos

delitos sin pruebas contundentes, inclusivo algunos siendo menores de edad, como el caso

de Raquel Villalba Ortiz (16) que cargando con niña de 3 meses, la han derivado a la policía

de Cnel. Oviedo, luego al Policlínico de esta ciudad, y pretenden encarcelarla en Asunción.

6. El cese del amedrentamiento de la fiscalía y la policía a los familiares, vecinos y dirigentes

campesinos.

7. La recuperación de las tierras malhabidas en manos de Blas N. Riquelme conocido por su

connivencia con la dictadura Stronista, para la creación de un asentamiento modelo que

lleve a una solución definitiva del conflicto por la tierra que es la causa real del conflicto.

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