Faltan control y rigor científico sobre transgénicos

Monsanto anunció  que triplicará  sus negocios en el Paraguay e intensificará la provisión de sus órganos genéticamente modificados (OGM) por todo el cono sur de América.

Imagen: Tecnosegura.

Un portavoz de la gigante transnacional Monsanto anunció  días atrás que la empresa triplicará  sus negocios en el Paraguay en los próximos cinco años e intensificará la provisión de sus órganos genéticamente modificados (OGM) por todo el cono sur de América.

Además del contenido soberbio y transgresor de esa declaración, la misma es una aseveración exitista que debería fracasar si las políticas de Estado comenzaran a ejercer un mínimo control soberano sobre el comportamiento de los consorcios extranjeros que operan en nuestra región y, en el caso concreto de los transgénicos, se exigiera rigor científico en la investigación sobre los mismos.

Frente a esa presencia, urge que la ciudadanía y las autoridades aborden el problema en su profundidad, abarcándolo desde varias ramas científicas, de la ecología, la economía, la política, el derecho, la sociología, los servicios sociales y otros, dado que está en juego la contradicción existente entre los experimentos realizados en laboratorios y la liberación  al medio ambiente de los OGM.

En el Paraguay y en otras naciones subdesarrolladas, las empresas impulsoras de los transgénicos están envalentonadas porque gozan de muchas facilidades para introducir ilegalmente las semillas y plaguicidas, cuyo uso les resulten más rentables en la explotación de la tierra con los métodos tecnológicos creados por la inescrupulosidad y la mercantilización visible en amplios espacios de la investigación científica moderna.

Con la excepción honrosa de la buena voluntad y el empeño de pocas instituciones públicas, como el SENAVE y en menor medida la SEAM y otras secretarías de Estado, las transnacionales cuentan en nuestro país con complicidades en todo el abanico corrupto del aparato estatal, con bolsones de profesionales y técnicos habituados a beneficiarse con las coimas que, junto con el contrabando, conforman una industria nacional a plena luz del día.

Cierto es que los transgénicos, con relación a la salud humana, están en el centro de numerosos debates animados en todo el mundo entre científicos y técnicos, sin que aún lleguen a conclusiones definitivas acerca de sus efectos, pero lo que ya no ofrece dudas es el daño que provoca la utilización de sus muy peligrosos pesticidas sobre la biósfera, es decir, el conjunto de los seres vivos que estamos sobre la superficie terrestre.

Una de sus primeras víctimas es la seguridad alimentaria, prisionera de la alianza que forman la mezquindad e insensibilidad de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la angurria de las transnacionales que imponen reglas tiránicas a los gobiernos dependientes, generando una irrefrenable carrera del alza de precios de los productos de primera necesidad.

Oportuno es, además, precisar que el principio de soberanía alimentaria también es tema de discusión, porque la realidad social se la niega sistemáticamente a los miles de millones de seres que conforman la población excluida de la mesa diaria.

Desde la FAO hasta –lo más sorprendente– ¡el propio G-20! reconocen que el libre mercado, dominado absolutamente por las transnacionales, está pisoteando el derecho fundamental de todo ser humano a la alimentación, cuya importación de productos por los países del sur, insumió 1.3 billones de dólares el año pasado,  pagando las naciones empobrecidas 30 por ciento más que en el 2010.

Las gigantes agrícolas, que predominan el negocio cerealero en todo el mundo,  comenzaron hace unos 20 años a instalar los transgénicos en los cultivos y la alimentación en los distintos continentes, con intensa publicidad que prometía ayudar a eliminar el hambre y mejorar la producción en calidad y rapidez.

Sin embargo, la realidad desmiente todo eso y justifica los temores expresados por científicos y los movimientos ecologistas desde que irrumpieron los OGM, alertando sobre los graves impactos sociales, ambientales y económicos que van contra la soberanía alimentaria y los métodos de la agricultura familiar y el rescate y la protección de las semillas nativas.

La coincidencia entre quienes están en contra de las transnacionales se produce también por el temor y la incertidumbre que genera la liberación al ambiente de los transgénicos, los plaguicidas y los diversos OGM patentados por las corporaciones del agronegocio que, en virtud de los derechos intelectuales, se adueñan de patentes sobre la vida.

Christian Vélot, profesor francés de genética molecular, estima que oponerse a los transgénicos no significa estar contra la ciencia, pues hay medicinas producidas con ellos, como la insulina para los diabéticos, pero una cosa son los ensayos sobre el funcionamiento de tejidos y células al interior de laboratorios y otra muy diferente es lanzar esos nuevos seres vivos al ambiente.

En los discursos oficiales de las transnacionales irresponsablemente se habla de biotecnología, cuando lo correcto es decir agrotecnología, y también dicen que los alimentos transgénicos son los más seguros,  pero todo ello alimenta las dudas más legítimas porque es el resultado de los análisis efectuados por esas mismas corporaciones que, criminalmente, aprueban muchos gobiernos.

Esos informes nunca aluden, siquiera, a los efectos sobre la biodiversidad de los herbicidas de amplio espectro, tan excesivamente publicitados, tales el glifosato o la proteína insecticida Bt, que se encuentra en muchos OGM y que círculos científicos, sin compromiso con las transnacionales, denuncian como muy nocivos para la vida.

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