Extradición de Vilmar Acosta es un triunfo de la presión ciudadana, afirman

Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), celebró la extradición de Vilmar «Neneco» Acosta», exintendente colorado de la localidad de Ypehú y señalado como el principal autor intelectual del asesinato del corresponsal de ABC Color en Canindeyú, Pablo Medina, y su asistente Antonia Almada ocurrido en octubre de 2014 en la localidad de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú. El político oficialista, vinculado también al tráfico de drogas en la zona, llegó en la tarde este martes a nuestro país tras ser detenido en marzo en Brasil e intentado evitar su extradición con sucesivas presentaciones ante el Supremo Tribunal Federal, las cuales fueron rechazadas.

En un diálogo con el programa de la Revista Acción, trasmitido por la 1300 AM, el dirigente resaltó que esta extradición es producto de la presión ciudadana y del gremio sobre el gobierno para aclarar el caso, que denunciaron desde un principio la complicidad de las autoridades al haber permitido la fuga de Acosta, quien es un protegido de caudillos colorados cercanos al presidente Horacio Cartes. Instó también a toda la sociedad a estar atenta, pues no se puede confiar ciegamente en el sistema de justicia, que responde a los sectores de poder apañando sus actividades ilícitas.

Dijo que la impunidad es ley en los casos de asesinatos de periodistas, con un total de cinco comunicadores caídos en poco más de dos años. El caso de Medina, por trabajar en un medio influyente, es el único que ha avanzado en la identificación de los presuntos responsables, aunque aún permanecen prófugos los ejecutores materiales, que fueron reconocidos por una víctima del atentado que resultó ilesa. Se trata de Wilson Acosta Marques y Flavio Acosta Riveros, hermano y sobrino de Vilmar.

Ortiz señaló que la expectativa de las organizaciones que defienden el derecho a la libertad de expresión es que Acosta reciba una condena ejemplar y que también se avance en la investigación y castigo de los responsables de asesinatos de periodistas, un total de 17 desde el año 1991.

Repudió, asimismo, que las patronales de los medios y el Estado no tomen medidas para mejorar las condiciones de seguridad para el libre ejercicio del periodismo, para lo cual abogó por la instalación de una mesa interinstitucional tripartita en que los trabajadores, los propietarios de medios y las autoridades trabajen de manera conjunta para brindar protección a los periodistas, prioritariamente a aquellos que trabajan en zonas de riesgo e investigan las actividades del crimen organizado.

También exigió a las patronales que cumplan el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo (CCCT) en cláusulas como el seguro de vida y que el Ministerio del Trabajo se dedique a hacer cumplir las leyes laborales en lugar de trabar el reconocimiento de los sindicatos, tal cual es la política del ministro Guillermo Sosa, un instrumento de la política antisindical de Cartes, señaló.

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