Exponen contradicciones del proceso a campesinos acusados por la masacre de Curuguaty

El pasado jueves se realizó en la Parroquia Cristo Rey un conversatorio donde se expusieron las principales contradicciones reveladas durante el juicio oral del caso Curuguaty iniciado en agosto pasado. Durante el encuentro, Néstor Vera, del colectivo #NulidadYa, presentó un informe en el que se explican las serias fisuras entre la teoría fiscal expuesta en la acusación y las declaraciones de testigos policías y forenses durante el juicio. Finalizada la presentación, el abogado defensor de los campesinos Amelio Sisco respondió a las preguntas del público.

Las contradicciones entre las declaraciones forenses, la cantidad de policías y campesinos, las posiciones de los diversos comandos policiales, el ocultamiento de radiografías de los cuerpos, videos, fotografías, la falta de autopsia y negación de la necropsia son algunos de los puntos más controversiales desarrollados en juicio hasta el mes de febrero, señalaron.

Entre las contradicciones apuntaron que en total doce campesinos están procesados bajo los cargos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa, mientras que ningún agente policial ha sido investigado ni imputado por la muerte de los once campesinos.

Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro Benítez, Néstor Castro y Arnaldo Quintana están acusados de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal en calidad de autor y homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de coautor.

En tanto, Lucía Agüero Romero, María Fani Olmedo Paredes y Dolores López Peralta están acusadas de los hechos punibles de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal en calidad de autor y como cómplice del homicidio doloso en grado de tentativa. Por su parte, Alcides Ramírez Paniagua y Juan Carlos Tillería están acusados por los hechos punibles de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno en calidad de autor.

La joven R.R.V.O. enfrenta cargos por los hechos punibles de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno en calidad de autor y homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de cómplice. En su caso se lleva un proceso penal diferenciado en virtud de que al momento de los hechos era adolescente. El juicio oral estaba previsto para el 7 de marzo, sin embargo será nuevamente postergado.

La tesis de la emboscada

El 13 de diciembre de 2012, el fiscal del caso Jalil Rachid presentó acusación formal contra las campesinas y campesinos sobrevivientes de la masacre de Curuguaty. Durante la Audiencia Preliminar y al inicio del Juicio Oral se ratificó en afirmar que el 15 de junio de 2012 los efectivos policiales fueron víctimas de una emboscada planificada por las campesinas y campesinos, quienes supuestamente recibieron a balazos a los efectivos policiales con el objeto de permanecer en las tierras de Marina Kue.

Para este efecto sostiene que se constituyeron en una organización clandestina jerárquicamente organizada con el objetivo de invadir una propiedad privada y permanecer en ella al costo que sea. El 15 de junio “pusieron en marcha todo su conocimiento sobre armas y preparación sobre posicionamiento táctico en el lugar”, siempre según la acusación fiscal.

Durante las sesiones del juicio oral numerosos efectivos policiales de diversas unidades y diferentes rangos relataron su versión de los hechos, evidenciando enormes contradicciones de demuestran la imposibilidad de que la comitiva fiscal-policial haya caído desprevenida en una emboscada.

Trabajo previo de inteligencia

En la propia acusación fiscal se afirma que “el helicóptero Robinson de la Policía Nacional, al mando del piloto, oficial inspector Gilberto Salinas, quien en compañía del subcomisario Erven Lovera, encargado de los efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), recorrió el lugar. En el vuelo, pudieron constatar la presencia de aproximadamente 50 a 70 ocupantes armados y parapetados entre el pastizal y malezas”.

Según las declaraciones de los policías durante el juicio, los jefes policiales tenían pleno conocimiento de la cantidad y posición de los campesinos. Sin embargo, el comisario Miguel Anoni declaró en juicio que los ocupantes eran alrededor de 200, todos ellos con capuchas y armados. En contraposición, el suboficial Rolando Insfrán declaró que eran entre 40 a 50 personas, así como el policía Néstor Ramón Rojas, quien afirmó que había entre 20 a 25 personas delante de ellos y entre 12 a 14 a ambos costados.

Durante el juicio se vertieron declaraciones contradictorias sobre la cantidad de campesinos ocupantes, que de cualquier manera fue muy inferior a la cantidad de efectivos policiales, según se puede ver con claridad en la fotografía panorámica incorporada en el juicio y los informes y registros incorporados al expediente.

En la imagen también se puede apreciar que el grupo de campesinos se componía de un pequeño grupo en el centro y dos pequeños grupos extendidos en los costados del arroyo rodeados completamente por dos grandes columnas de policías del GEO, Fuerza Operativa de la Policía Especializada (FOPE), antimotines, agrupación montada y efectivos regulares de apoyo de las comisarías aledañas.

Sobre la ubicación de los diversos cuerpos policiales participantes del operativo, los suboficiales tácticos fusileros del GEO Fredy Toledo y Julio César Báez coincidieron en declarar que el contingente que acompañó a Lovera en su avanzada hacia la ubicación de los campesinos estaba conformado en su primera línea por Lovera, Sánchez y dos más del GEO; la segunda línea en un primer momento por efectivos antimotines que luego, por orden de Lovera (según testigo Nelson Zaracho), pasan a la tercera línea, ocupando su posición, en la primera línea, efectivos tácticos de GEO con sus armas reglamentarias (Fusiles Galil de 30 a 40 tiros).

Estas declaraciones contradicen el relato de la acusación que afirma que los dirigidos por Erven Lovera fueron desarmados a encarar el diálogo inicial, y solamente portaban fusiles automáticos los efectivos de GEO en la última línea, quienes entraron a actuar únicamente después de la “lluvia de balas”.

Estas contradicciones sobre el número de campesinos sumado al conocimiento previo de los jefes policiales del número y la ubicación de los mismos, a la luz de lo observado en la fotografía panorámica, más las contradicciones sobre la disposición táctica y desplazamiento de los policías, ponen en seria duda la teoría de la emboscada asentada en la acusación fiscal.

El inicio de la balacera

En la acusación fiscal desarrollada en juicio, en correspondencia con la teoría de la emboscada planificada, se expone un relato sobre lo que se afirma fue un enfrentamiento provocado e iniciado por los campesinos. En resumen, la fiscalía afirma que Erven Lovera y sus acompañantes de la primera línea fueron atacados con arma blanca y luego de fuego por parte de los campesinos de la primera línea, hecho que marcó el inicio de la “lluvia de balas” por parte de los campesinos de los laterales que se alternaban entre los yuyales para pararse, disparar, agacharse, cargar arma y volver a pararse a disparar a los policías desarmados de las primeras líneas, produciendo sus muertes.

Dice la acusación: “Avelino Espínola se abalanzó sobre Erven Lovera e intentó apoderarse de la pistola que tenía guardada en su chaleco táctico, específicamente, en el pecho. Lovera retrocedió y Avelino Espínola sacó un revólver calibre .38 y empezó a disparar indiscriminadamente hacia los efectivos policiales que se encontraban en el frente. Así mismo lo hizo Rubén Villalba, quien portaba una escopeta y todos los que se encontraban en la línea del frente.”

Luego de esta “lluvia de balas” –siempre según la fiscalía– la última columna táctica de GEO que se hallaba al fondo de los comandados por Lovera “respondió” en defensa propia, con sus fusiles reglamentarios produciendo las muertes campesinas.

Sobre el inicio de la balacera, durante las declaraciones en juicio, la gran mayoría de los policías dijeron no haber visto de dónde provinieron los primeros disparos y de qué tipo fueron. Entre los numerosos testigos, el suboficial Fredy Toledo afirmó que Rubén Villaba portaba un revólver niquelado calibre 38, declaración que contradice a la acusación.

Posteriormente, el oficial Hernán Thomen afirmó que Villalba portaba una escopeta. El comisario Miguel Anoni en su declaración afirmó haber escuchado una ráfaga después de dos disparos iniciales.

En su declaración, el suboficial Nelson Zaracho, quien se encontraba junto con Lovera, dijo que la formación que se dirigía hacia los 7 u 8 campesinos de la primera línea, se dividió en dos para acaparar más terreno. “Les llegué a decir: ‘pemombo pe nde armas’. Según Zaracho, en ese momento se produjo un forcejeo, “uno de los campesinos intentó herir al subcomisario Lovera con un machete y entonces se produjo el primer disparo para defenderlo, fue entonces que los campesinos abrieron fuego contra los intervinientes, dando inicio al tiroteo”.

Los suboficiales antimotines Derlis Sosa, José Villalba y otros testigos policiales durante el juicio afirmaron no haber distinguido quiénes o de dónde provinieron los primeros disparos. Estas y otras declaraciones testificales dejan dudas, o en algunos casos contradicen abiertamente la versión sostenida por la fiscalía sobre el inicio de la masacre.

Las balas, los cuerpos, la autopsia

El análisis sobre los impactos de bala recibidos por los policías en la acusación fiscal y durante el juicio se realizó con base en el informe y las declaraciones del perito balístico comisario César Silguero Lobos, basados en el informe del médico forense Pablo Lemir.

En el caso del Comisario Erven Lovera, el informe del perito Comisario Silguero afirma que “recibió 3 disparos por arma de fuego de proyectiles múltiples (escopeta), con 10 orificios de entrada de proyectiles esféricos calibre .28, todos en la zona superior del tórax y nuca y quedó agonizando tendido en el suelo, hasta su muerte”. Este peritaje fue elaborado con base en el informe del médico forense Pablo Lemir, quien posteriormente durante el juicio afirmó que realizó una simple inspección a los cuerpos, no así una autopsia.

Esta afirmación es contradicha por las declaraciones en juicio del médico forense Floriano Irala, quien fue el primero en inspeccionar el cuerpo del comisario Lovera. Irala declaró que según su observación Lovera recibió cuatro impactos de balas de grueso calibre –uno de ellos en la parte posterior del cuello– y un refilón, también en el cuello.

Durante el juicio el médico forense Floriano Irala afirmó que la totalidad de los policías fallecidos recibieron impactos de bala de armas de grueso calibre, en contradicción a las declaraciones de Pablo Lemir, que afirma que fueron balines de escopeta.

Estas abiertas contradicciones abren un manto de dudas sobre este punto, que sumado al hecho de que la fiscalía “extravió” las placas radiográficas tomadas a los policías dejan como resultado la imposibilidad de determinar con bases científicas el tipo de balas que recibieron los policías.

La realización en tiempo y forma de una autopsia a cada uno de los cuerpos hubiera podido concluir sin equívocos y con base científica el tipo de balas que impactaron en dichos cuerpos, su trayectoria y origen. Ante la ausencia de este estudio, las defensas solicitaron en juicio la realización de una necropsia, a fin de extraer las balas de los cuerpos para determinar sus calibres. La fiscalía se opuso a la realización de la Necropsia y el tribunal resolvió rechazarlo.

Fuente: #Nulidad Ya

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