Exigen el cese de la criminalización de las familias campesinas

Responsabilizan al ministro De Vargas de lo nuevos ataques que puedan sufrir los campesinos.

Un grupo de dirigentes y militantes de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) fue esta mañana al Ministerio del Interior con la intención de entrevistarse con el ministro Francisco De Vargas, a raíz de las acusaciones y versiones de dicha institución que vinculan supuestamente a los asentamiento de la OLT de Yvyrarobana, Canindeyú, con el ataque a la estancia Pindó. Fueron acompañados además por dirigentes campesinos de otras organizaciones y activistas de derechos humanos.

El ministro no los recibió, haciéndoles decir que agendaría una reunión para el próximo martes con los dirigentes. Argumentó que tenía una reunión con el presidente Horacio Cartes. Los labriegos vinieron para sentar postura sobre el caso.

La OLT realizó luego frente al Ministerio una conferencia de prensa, donde el dirigente de Tava’i –dpto. de Caazapá- Ramón Giménez hizo de vocero. Señaló que responsabilizan al ministro De Vargas de todo lo que pueda pasar hasta el próximo martes, a raíz de la negativa de recibirlos, debido a la grave situación que viven los asentamientos en la zona de Yvyrarobana. Las mismas sufrieron al menos tres ataques de civiles armados y policías en 2014, y no descartan que pueda haber una nueva arremetida en estos días aprovechando las acusaciones que surgieron en contra de los labriegos.

Giménez dijo que el asalto que sufrió la estancia Pindó el sábado fue un hecho montado por la policía y los civiles armados para por fin lograr el desalojo definitivo del asentamiento 1ro. De Marzo, que acusa a la ganadera de detentar tierras malhabidas, exigiendo su recuperación. Señaló que hace tiempo buscan desalojarlos, y que ya hubo dos intentos en los últimos años, pero que no tuvieron éxito.

Como OLT, exigen el cese de la criminalización de las familias campesinas del asentamiento 1ro. de Marzo, rechazando que la organización tenga en alguna de sus bases algún tipo de método violento, asegurando que incluso los campesinos del asentamiento en conflicto estaban con gestiones institucionales para recuperar las tierras, y que ese era el camino que se habían trazado. Informó que el 4 de diciembre pasado se presentó un proyecto de expropiación de esas tierras, y que quedó en manos de la Comisión de Reforma Agraria del Senado.

El asentamiento tenía una línea de conversación institucional con el Indert, que incluso habría negociado con la empresa, y tras el rechazo de la misma, prometió tierras en otro sector.

Cuestionan a los organismos de seguridad que saquen versiones favorables a la empresa antes de iniciar las investigaciones.

Giménez, indicó también que la OLT se reafirma en el modelo de agricultura familiar campesina, agroecológica, como único desarrollo posible. Denuncia que la concentración de la tierra en Paraguay, asociada con el modelo agroexportador genera esta situación.

Por su parte, Alberto Alderete, ex titular del Indert, y quien como abogado hizo un acompañamiento al caso de 1ro. De Marzo, recordó que las tierras la Ganadera Pindó S.A., le fue cedida a la familia Bendlin en 1963, a cambio de una “avioneta” cuyo destino se desconoce. No descarta que la empresa busque desprestigiar a la comunidad para degradar el proceso de expropiación.  Señala además que los empresarios tuvieron varias incongruencias en sus versiones, primero hablaron de 200 atacantes, luego de 150, luego de 50. Posteriormente hablaron de un segundo ataque el domingo, pero jefes policiales de Canindeyú desmintieron tal situación.

Por otra parte, aseguró que la matriz del conflicto es la misma que la de Curuguaty, “las tierras malhabidas, la injusticia de base”, la estructura de la tierra que genera una serie de conflictos sociales a partir de una matriz espuria.

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