Exigen al ministro del Trabajo que cumpla su rol

Ante el juicio de amparo promovido por el ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, para desalojar el campamento de choferes que fueron despedidos de la Línea 49 por intentar conformar un sindicato, la secretaría general de la Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte (Fepatrat), María Candia, repudió la conducta del secretario de Estado, quien en lugar de otorgar un simple registro sindical promueve medidas para reprimir a los trabajadores y apañar las violaciones de las leyes laborales cometidas por la empresa del diputado liberal Celso Maldonado.

En comunicación con el programa Acción Radio, trasmitido por la 1300 AM, Candia señaló que lo único que necesitan para levantar el campamento es que el ministerio cumpla con el simple trámite de reconocer la personería jurídica de los choferes, por lo que no es necesario que dispongan la intervención policial contra trabajadores que solo exigen el cumplimiento de una garantía constitucional, como lo es el derecho a organizarse en sindicatos para velar por el cumplimiento de sus derechos.

Este 2 y 3 de noviembre se realizó un paro de trabajadores del transporte público y de carga en apoyo a los trabajadores de la Línea 49 que fueron despedidos por haber intentado conformar un sindicato. Un total de 23 trabajadores se encuentran crucificados desde hace más de 120 días, cuatro se han atravesado la boca con clavos y 15 están en huelga de hambre hace dos meses. Cuatro están presos en la cárcel de Tacumbú y otros 10 están imputados por “perturbación de la paz pública” tras una manifestación realizada frente a la parada de la empresa en la ciudad de Limpio.

Otra de las consignas del paro es el rechazo al cobro direccional del peaje que está previsto empiece a regir desde 2016 y que afectará fuertemente a los transportadores de cargas. También repudian el aumento del pasaje a 3.400 guaraníes con los buses diferenciales, que fueron adquiridos con un aporte estatal de 11.450.000 dólares pero que de igual manera resulta más costoso para los usuarios.

Este martes la jueza Rocío González Morel notificó a los sindicalistas sobre el inicio de un juicio de amparo para desalojar la vereda de la cartera de Estado y en caso de que no lo realizaran de manera voluntaria, advierte que se ordenará la intervención de la fuerza policial.

Comentarios

Publicá tu comentario