Ex titular del SENAVE asegura que reglamentación de agrotóxicos sí tenia dictámenes

Miguel Lovera denunció que la nueva adminsitración destruyó archivos de documentos del ente. Afirma que detrás de la invalidación de la reglamentación están los empresarios de agronegocio.

Fuente: boletín informativo de Base Is

 

Miguel Lovera, ex presidente del Senave

Miguel Lovera acusó a la nueva administración del ente de destruir archivos institucionales donde pudieron estar dichos dictámentes. Esto generó la supuesta inexistencia de documentos respaldatorios, principal argumento para derogar la resolución que regula las fumigaciones con agroquímicos.

El lunes pasado el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) dejó sin validez la norma nacional 1.160, del 26 de diciembre de 2011. Ella reglamentaba la realización de fumigaciones en cultivos de soja y sus rotativos, y por lo mismos era un motivo de molestia para amplios sectores del agronegocio.
Uno de sus puntos más resaltantes establecía la necesidad de que el fumigador avise al vecindario sobre sus pulverizaciones, sus horarios y los productos a utilizar, con más rigor cuando se trataba de fumigaciones aéreas. El objetivo de la iniciativa era una mayor protección de los derechos humanos y ambientales de las comunidades campesinas e indígenas del país.
El argumento del que se aferró el actual presidente del SENAVE, Jaime Ayala, para invalidar la resolución fue, justamente que no contaba con dictámenes técnicos ni jurídicos. En respuesta a esto, el ex presidente de la institución, Miguel Lovera, salió a desmentir dicha situación.
“Falso, claro que tiene dictámenes jurídico y técnico, por eso lo aprobamos”, precisó. Y seguidamente denunció que apenas entró la administracióne de Ayala, se encargó de destruir archivos enteros de la administración anterior, la suya. El motor de ese obrar, agregó Lovera, es un resentimiento y sentido de venganza de los sectores a quien representa Ayala.
En otro momento de la entrevista recordó que Ayala tiene acciones en la empresa Pacific Agrosciences, que vende y refacciona agroquímicos y es una activa competidora en el mercado. A esto llamó una clara situación de incompatibilidad por conflictos de interés. “La resolución de Federico Franco fue ilegal, al nombrar a una persona que participa del negocio de agroquímicos. Y así nos va”, señaló.

Guerra química
Agregó que la derogación de la resolución 1.160 es una declaración de guerra de sectores empresariales del agro. “Con ella se había logrado, de alguna forma, frenar las fumigaciones sobre las poblaciones, como estrategia de evacuación de poblaciones”, dijo en relación a la táctica de expulsión de comunidades que ejecutan ciertos productores sojeros. “Era una forma en que el campesinado encontraba una tregua. Y la gente sensata (algunos productores) estaban cumpliendo la normativa, empezaba a haber diálogo”, dijo.
También recordó que antes de que su administración entrara al SENAVE, la inexistencia de normas claras en torno a las fumigaciones, convertía a los fiscalizadores de campo en los jueces, que obraban de acuerdo a sus intereses personales y muchas veces motorizados por coimas que recibía de ciertos sectores económicos.
Finalmente dijo que la supuesta ausencia de dictámenes es sólo una excusa de sectores del agro, como la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que no simpatizaban con la normativa. Agregó que ahora, este gremio maneja la política estatal referente a lo agropecuario, al tener cautivo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al SENAVE y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).

Ver aqui copias de los dictámenes sobre la reglamentción: http://www.senave.gov.py/docs/resoluciones/senave/Res1160.pdf

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