Estatizar el transporte, el cascabel al gato

La ley de la selva hecha realidad en un sistema que debería estar al servicio de la población. Reportaje.

4000 colectivos circulan en Asunción. Foto: Cuentos de la calle.

El pueblo en movimiento es poder, de allí que el tema del pésimo servicio de colectivos no sea una preocupación más. Todo lo que padecemos tiene explicaciones en el alto sentido político del transporte, una cuestión que no escapa a los administradores del ejecutivo, pero tampoco a empresarios y organizaciones de trabajadores.

Unos 4.000 colectivos circulan en la Gran Asunción para transportar 1,5 millones de pasajeros. De ellos, 1.000 colectivos fueron habilitados por los municipios de área metropolitana.

Según cifras oficiales la Secretaría de Transporte (Setama) sólo controla a 2.450 de ellos, entre tanto otros 500 colectivos siguen circulando en base a medidas cautelares otorgadas por la justicia.

Este universo es ingobernable desde un órgano corporativo como la Setama donde los acuerdos entre representantes políticos, empresarios y no pocas veces los sindicalistas se entrelazan para formar arquitecturas que impiden ordenar el transporte.

Tiene sentido: Los usuarios dejamos en las boleterías una suma superior a los 2 millones de dólares por día que se manejan en efectivo.

Un botín apetecible en las miras del lucro.

El viceministro de Transporte, Luis Pereira, admite que se debe rediseñar el ente. “En muchos casos los empresarios quedan como juez y parte”, recuerda.

La idea es que tanto Setama como la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) queden bajo la órbita del viceministerio de Transporte y para ello el Congreso Estudia un proyecto de ley.

Es una cuestión de sentido común que debería resolverse de esa forma si es que los legisladores siguen la lógica del servicio público. Cosa difícil si se ven los compromisos de los partidos tradicionales con los tiburones del transporte.

Estado débil = Caos

Foto: Taringa.

El problema tiene directa relación con el estado débil que padecemos. Uno que es testigo privilegiado de cómo los empresarios/políticos se disputan itinerarios encimados y de larguísimo quilometraje en una lucha que tiene el despiadado rostro del “libre mercado”.

Es interesante el ejercicio de pararse en uno de los viaductos del corredor de la avenida Eusebio Ayala/Ruta Mariscal Estigarribia.

Allí se puede obtener una imagen clara de la pelea por “pescar” pasajeros de las por lo menos 10 líneas que hacen el mismo trayecto desde el Mercado 4 hasta el Mercado de San Lorenzo, la arteria central de la Gran Asunción.

Lo mismo, a escala, ocurre en otros corredores importantes como los de las avenidas Mariscal López, Artigas, España, Juan Domingo Perón, Cacique Lambaré, República Argentina/San Martín y también en los tramos de las rutas 1 y 2 que han quedado absorbidos por el conurbano.

Es a todas luces un absurdo.

La ley de la selva hecha realidad en un sistema que debería estar al servicio de la población.

Lo triste del problema es que este esquema se repite en otros conurbanos del país como los de Ciudad del Este y Asunción.

El viceministro Pereira abriga la esperanza de que esta cuestión comience a resolverse para la Gran Asunción con el plan ordenador del transporte en el que se pretenden usar unos 200 colectivos articulados en las troncales y otros 250 colectivos más pequeños en las colectoras.

Comentó que “esperamos tener aprobada antes de fin de año la ley para poder hacer uso del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”. En un primer tramo, el préstamo de 115 millones de dólares se usaría para las obras de adecuación de los corredores, por ejemplo, la avenida Eusebio Ayala y para el llamado a licitación que estimo se daría entre febrero y marzo del año 2012. “Estarían operando básicamente dos consorcios que imaginamos surgirán de las líneas que actualmente prestan los servicios”, indicó.

Suena bien pero es difícil imaginar un acuerdo de ese tipo entre los tiburones del transporte.

La idea es replicar el sistema colombiano que opera con buses de transporte masivo, con 80 pasajeros los de menor capacidad y con hasta 200 pasajeros en el caso de los buses articulados.

En el corredor de Eusebio Ayala/Ruta Mariscal Estigarribia se pretende establecer un carril único para darle mayor velocidad al transporte y entubar los cables de telefonía y electricidad para despejar de peligros y hacer más ágil el acceso de las unidades.

Esto en teoría.

Miguel Zayas, de la Federación de Trabajadores del Transporte manifiesta dudas. “Creo difícil que funcione porque nuestras vías no dan, hay que modernizar los accesos que son muy angostos. Se tienen que ver las vías y después pensar en traer el transporte”, consideró.

Tras la implementación del Metrobús, el siguiente paso sería el sistema eléctrico.

Estatizar el sistema

Vale entonces plantearse un posibilidad de ordenamiento a partir de la estatización del sistema.

Al menos de las líneas troncales.

Pereira dice que no se analizó a fondo dicha cuestión y que merecería un debate, pero admite que si se buscan soluciones integrales no se la puede dejar de considerar

Explica que para reducir el costo del transporte en combustible, sería mucho más eficiente el uso de trolebuses articulados alimentados con energía eléctrica de la que el país dispone en abundancia merced a la copropiedad de las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.

“Un colectivo articulado a gasoil cuesta alrededor de 280 mil dólares, que es un costo elevado, pero un trolebús puede pasar de los 500 mil dólares, una inversión más importante que nos llevaría a pensar en la posibilidad de estatizar los troncales, pero es una situación que requiere evaluación”, apuntó.

En diciembre de este año, luego de muchas discusiones, fue aprobada la implementación del proyecto del Metrobus diésel que utilizará el financiamiento del BID, desplazando algunas propuestas de sistemas por elevado costo. A este proyecto le seguiría la intención de aplicar sistemas de transporte eléctrico como el trolebús. Este último, según el viceministro Pereira, está comprobado que si bien requiere una inversión inicial mayor, es el más factible desde lo que es mantener un sistema con ómnibus movidos a diesel.

Considerando los persistentes conflictos entre empresarios, que como están planteados son de dificil solución, estatizar el sistema de transporte para devolverle al mismo el estatus de servicio público es una medida que debe ser considerada por las fuerzas políticas.

Este desmadre es hijo de una concepción oligárquica, hija del stronismo, donde todo fue coto de caza, que es necesario transformar.

Para ver un cambio real, el que hace falta.

Las cifras del caos vehicular

  • Unos 4.000 colectivos circulan en la Gran Asunción para transportar 1,5 millones de pasajeros.
  • De ellos, 1.000 colectivos fueron habilitados por los municipios de área metropolitana.
  • Setama) sólo controla a 2.450 de ellos
  • Otros 500 colectivos siguen circulando en base a medidas cautelares otorgadas por la justicia.
  • El 70 % de los ómnibus tienen entre 15 y 20 años
  • 361 buses circulan sin la inspección técnica vehicular (ITV)
  • Setama autorizó a que unidades de 21 años de antigüedad sigan operando
  • Renovó el permiso a empresas que deben al Estado cerca de cuatro millones de dólares.
  • 8 de cada 100 colectivos tienen menos de tres años, y más de la mitad de las empresas no han adquirido un solo bus desde el 2007.

Fuente: Secretaría de Transportes (Setama)

Violación sistemática de los derechos laborales

  • √ 674 de 1.542 choferes que fueron encuestados no estaban registrados en IPS
  • √ Entre 155 y 194 choferes de los encuestados superan la jornada laboral de 8 horas
  • √ De las 78 empresas inscriptas en la Setama hay 3 que no están inscriptas en el registro patronal del MJyT y 23 que no presentaron las planillas semestrales
  • √ De las 133 empresas de transporte interior e internacional inscriptas en la dinatrán, 30 no están inscriptas en el registro patronal del MJyT. Y 36 están en mora o no están al día con la presentación de información.
  • √ Habrá nuevos operativos para “favorecer la calidad de vida y trabajo de netre 5 y 6 mil trabajadores del volante”, expuso el MJyT.
  • √ En total se fiscalizaron 61 empresas de Setama, 44 de Dinatrán y un total de 1.945 unidades de transporte.

Fuente: Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT)

 

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