«Están hipotecando nuestro futuro»

La economista Lila Molinier alerta sobre los riesgos de la agresiva política de endeudamiento del gobierno de Horacio Cartes.

En una entrevista con el programa de la Revista Acción, trasmitido por la 1300 AM, señaló que el actual gobierno ha cambiado los niveles moderados en los que la deuda pública creció en el contexto de la recuperación y crecimiento económico en el período 2003-2011, así como también sus estructuras, aumentando la carga financiera para el Estado paraguayo y el riesgo de sobreendeudamiento por efecto de la presión del pago de los servicios de la deuda sobre los recursos públicos.

“El saldo de la deuda pública total pasó de 2.700 millones a 5.554 millones de dólares entre diciembre 2011 a mayo 2015, con lo cual ha crecido a más del doble en tan solo tres años. Dentro de este, la deuda pública interna duplicó su participación relativa, en porcentajes, a 32%”, graficó la experta.

En poco más de dos años, la administración Cartes ha endeudado al país por más de 2.000 millones de dólares entre “bonos soberanos”, títulos emitidos en el mercado local y préstamos contraídos de organismos financieros internacionales. Asimismo, rechaza los argumentos esgrimidos por el gobierno de que la deuda se mantiene en niveles bajos con relación al Producto Interno Bruto (PIB) y advierte que «están hipotecando nuestro futuro» emitiendo bonos con plazos de hasta 30 años.

Subraya la acumulación de grandes sumas en concepto de intereses y que son superiores a la capacidad de pago, por lo que generará un grave problema en las finanzas públicas.

El riesgo sobre futuros ingresos
Molinier observa que una medida más racional para el cálculo de la deuda debería ser la presión tributaria, de un 13%, es decir la capacidad de recaudación para el pago de esas deudas, y no el 25% del PIB como tope, tal como plantea el gobierno.

Las deudas se están cargando sobre los próximos seis gobiernos y comprometiendo eventuales recursos extras (unos 1.000 millones de dólares anuales), que se obtendrían en el 2023 con el vencimiento del Tratado de Itaipú, luego del cual Paraguay debería tener pleno acceso al 50% de la energía eléctrica producida por la usina. Sin embargo, en caso de renegociarse el tratado, no hay seguridad de disponibilidad, ya que en el caso de Yacyretã el tratado ya venció pero Paraguay no puede mejorar sus ingresos porque la deuda, según Argentina, se mantiene en 16.000 millones de dólares.

A esto se añade que grandes porcentajes de esta deuda se destinan para el pago de deudas pasadas y el alto presupuesto rígido que tiene el país, en que la mayor parte de los recursos son destinados para el pago de salarios. Además, el ente con más presupuesto es el propio Ministerio de Hacienda, por lo que la mayor parte de los gastos se destinan al sostenimiento de la estructura fiscal. Es decir, se pagan impuestos en su mayor parte para sostener a su vez al ente recaudador de esos impuestos. Hacienda insume más de 2.600 millones de dólares frente a la inversión de 1.324 millones de Educación y los 987 millones de salud.

Mientras el ministro Santiago Peña se embandera con la ley de responsabilidad fiscal y la “austeridad”, el pasado abril cobró 21 millones de guaraníes como aguinaldo extra.

Recortes en inversión social
Otra situación predecible que se avecina son las ya conocidas medidas de «austeridad» impuestas por los organismos financieros internacionales, que por lo general se aplican de manera más rigurosa a la inversión social en salud y educación, a fin de que el Estado cuente con los recursos para pagar la deuda y los intereses, además de realizar devaluaciones que golpearán el poder adquisitivo de la población.

La economista advirtió además que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es como un pulpo que tiene escasa capacidad de ejecución de los proyectos, por lo que el país paga cada día intereses por un dinero que está parado y que está generando costos sin prestar beneficios. En efecto, antes de empezar a usar el dinero ya se pagaron 30 millones de dólares en concepto de “servicio de la deuda”, que anualmente totalizan 96 millones de dólares.

Asimismo, aumenta el gasto militar y las grandes obras no aparecen a pesar de ningún otro gobierno tuvo tanto recursos como este. Frente a este cuadro, dijo que hay otras alternativas de financiamiento, como el mismo Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), cuya mayor parte es destinada actualmente a compra de armas, el Fondo Para la Convergencia Estructural de Mercosur (Focem) y el Fondo financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Además, la aplicación de tributos a sectores con aporte mínimo como la soja, la ganadería y el tabaco son otras fuentes de recursos. “Estos son recursos realmente soberanos. No es que se llaman soberanos”, concluyó.

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