Esa costumbre policial de fotografiar y filmar a manifestantes

27 de enero de 2014. El comisario Édgar Galeano ordenó fotografiar a manifestantes que lo acusaron de represor y ladrón por haber ordenado el arresto del periodista Paulo López y hacer desaparecer la cámara del comunicador.

27 de enero de 2014. El comisario Édgar Galeano ordenó fotografiar a manifestantes que lo acusaron de represor y ladrón por haber ordenado el arresto del periodista Paulo López y haberse apropiado de su cámara.

Si bien se trata de una práctica extendida en el tiempo, desde la asunción del gobierno de Horacio Cartes y su ministro del Interior, Francisco de Vargas, se ha vuelto sistemático que la policía fotografíe a personas que participan en manifestaciones que transcurren de manera pacífica, sin que por lo tanto quepa como justificación la “perturbación de la paz pública”.

Al respecto consultamos al abogado Hugo Valiente, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que en primer lugar señaló que hay un vacío que se presta a la discrecionalidad, pues es atribución de la policía preservar la prueba en la escena donde se hayan cometido delitos o crímenes, ya sea acordonando la zona, tomando registros fotográficos u otros recursos hasta la llegada del Ministerio Público.

Sin embargo, cuando no se dan estos presupuestos, como en el caso de las manifestaciones que transcurren pacíficamente y sin incidentes, aparece el riesgo de que la policía utilice información con fines represivos y de persecución política, atentando contra el derecho constitucional a la manifestación pública.

“Hay un uso abusivo y represivo de los instrumentos penales con fines de persecución política. La policía debe garantizar la integridad y el derecho de las personas que se manifiestan. Por lo tanto, si no se cometieron hechos punibles no hay razón para fotografiar a las personas. Con esto se pretende hacer un histórico con los rostros que aparecen más en las manifestaciones y hacer un seguimiento de esas personas con fines represivos”, afirma.

Un claro ejemplo de uso represivo de esta información es la persecución contra los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), quienes fueron imputados por “perturbación de la paz pública” por haberse manifestado el pasado 2 de octubre en el interior de la sede del Ministerio de Educación exigiendo una mayor inversión estatal en materia educativa. Los estudiantes fueron citados e imputados sucesivamente tras ser identificados a través de fotografías tomadas en la manifestación.

Especial gravedad reviste el caso del estudiante chileno Patricio Flores, quien fue detenido a la vieja usanza de la dictadura, con policías vestidos de civil y en un vehículo particular, lo cual fue denunciado como un rapto por el afectado. El “delito” de Flores fue filmar la mencionada manifestación.

Valiente apunta que en este caso resultan patentes los fines de represión política, pues la persecución penal resultó tan improcedente que el fiscal tuvo que levantar la imputación por falta de elementos, y ante el rechazo de Flores de ser liberado de los cargos a cambio de admitir la “culpa” y ser expulsado del país.

El abogado también señala que ni la policía ni la fiscalía están preparadas para resguardar el derecho de las personas que se manifiestan, pues las dependencias que hacen la cobertura de estas concentraciones son las mismas que se encargan de perseguir a las barras bravas.

“Cuando las barras bravas se meten tiros en los encuentros de fútbol se justificaría el registro fotográfico para identificar a los presuntos responsables, pero cuando se trata de manifestaciones legítimas la policía y la fiscalía tienen otras obligaciones como la protección de la integridad física de los manifestantes y permitir el ejercicio del derecho a la manifestación”, subraya.

Marcha en solidaridad con Hugo González Chirico, dirigente de la cooperativa de trabajadores de Aceros del Paraguay (Acepar), realizada el 21 de julio de 2014.

Marcha en solidaridad con Hugo González Chirico, dirigente de la cooperativa de trabajadores de Aceros del Paraguay (Acepar), realizada el 21 de julio de 2014.

 

Marcha por la libertad de los trabajadores de la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay (LOMP) realizada el 28 de enero de 2015.

Marcha por la libertad de los trabajadores de la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay (LOMP) realizada el 28 de enero de 2015.

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