Enzo Cardozo apoya proyectos de Cartes para “cuidar el boliche que se llama Estado paraguayo”

El legislador liberal lamenta, en cambio, despidos de los entes públicos de sus correligionarios y denuncia que se está volviendo a la vieja práctica de la persecución política.

El senador liberal apoya «responsabilidad fiscal», pero lamenta los «despidos, despidos, despidos» de sus correligionarios. Foto: que.es.

Este martes 24 de setiembre, a las 15:00 horas, el Senado tratará el proyecto de alianza público-privada, que ya fue aprobado Diputados y que, de no pronunciarse la Cámara Alta, tendrá sanción automática este 25 de setiembre. La aprobación es inminente, puesto que los colorados, además de tener mayoría, cuentan con el apoyo de otros sectores como los liberales en el marco del “pacto azulgrana”.

De hecho, el senador liberal Enzo Cardozo calificó de “interesantes” las medidas impulsadas por el gobierno de Horacio Cartes como la llamada alianza público-privada –que cuenta con cláusulas leoninas para el Estado paraguayo, que deberá correr con todos los riesgos– así como la denominada ley de responsabilidad fiscal, ya que, según afirmó “con todo el respeto que se merezca”, hay que cuidar el “boliche que se llama Estado paraguayo”.

“Un proyecto interesante. Sencillamente nosotros habíamos analizado si algunos artículos del proyecto no colisionan con la Constitución. Ver el tiempo de concesión, con quiénes se estaría trabajando, el sistema de concesión, en fin, el arbitraje. (…) Para las concesiones es obligatorio que el Congreso Nacional pueda otorgar su acuerdo”, expresó a radio Cardinal el senador liberal con respecto a la llamada alianza público-privada.

En tanto, sobre los programas de ajuste presentados como ley de responsabilidad fiscal, también manifestó su apoyo diciendo es “interesante” ya que daría “previsibilidad” al país en casos de situaciones de emergencia y no “estar jugando con el presupuesto, inflarlo, porque hay que entender que años anteriores se inflaba el presupuesto. El boliche que se llama Estado paraguayo, con todo respeto que se merezca, desde luego tenemos que cuidar”.  

Sin embargo, su espíritu de reducir los gastos se quebrantó al ser consultado sobre los despidos de los entes públicos de sus correligionarios liberales diciendo que se está volviendo a la vieja práctica de la persecución política.

“Siguen los despidos, diciendo que no hay recursos, diciendo que no se dejó nada (…). Acá se da a entender que nosotros supuestamente venimos a sacar plata en una bolsa del Estado, cuando que no es así. Entonces empiezan los despidos, los despidos, los despidos y que dijeron que a la par de eso también la nueva administración en ciertos ministerios, en ciertas secretarías se están contratando. Entonces vamos a ser un poco serios en ese sentido. Yo tuve la oportunidad de estar por el Ministerio de Agricultura y no le perseguí a ningún ciudadano, sea liberal, colorado o de cualquier extracción política.  Eso queda mal. Hay que respetar la carrera. (…) Se está dejando un mal precedente y se está volviendo a la vieja práctica de la persecución al ciudadano por no ser de un partido político. Tenemos la obligación de solidarizarnos con amigos que estuvieron ocupando funciones en la administración pública.

Todo el riesgo a cuenta del Estado

Por su parte, el senador por el Frente Guasu Hugo Richer sostuvo que no se oponen a la inversión privada, pero señaló que el proyecto atenta contra el equilibrio de poderes al dejar libradas las concesiones a la sola voluntad del Ejecutivo sin ningún control de otro poder del Estado.  

Hugo Richer, senador por el Frente Guasu, alertó que con el proyecto de privatización de Cartes se está haciendo no solo lo más fácil, sino lo más peligroso.

“Nosotros no estamos en desacuerdo con una ley de participación público-privada (…). El problema es con este proyecto. Con esta ley el Congreso ya no va a intervenir en el otorgamiento de las concesiones. Es un cheque en blanco al Ejecutivo. Es un problema grave desde el punto de vista del equilibrio de poderes de la república y de la democracia. Mirá que el Poder Legislativo ya no va ser competente en este tema”, afirmó en un contacto con radio Ñandutí.

Asimismo, alertó sobre la pérdida de soberanía jurídica al establecer que los diferendos serán resueltos mediante el “arbitraje”, entiéndase de organismos externos tradicionalmente favorables a las trasnacionales como el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), y que además todo el riesgo se consigna a cuenta del Estado.

“El otro elemento para nosotros complicado es la pérdida de soberanía judicial. Al quedar todo a un arbitraje es tan impreciso. Seguramente se trata de un arbitraje de carácter internacional. (…). Todo el riesgo lo asume el Estado. Te hablé de las empresas públicas, impuestos, de las tarifas, peaje. El Estado pone todo el riesgo. Cuando se trata de un proyecto de inversión como mínimo existen riesgos compartidos (…). Es importante discutir una alianza público-privada. Necesitamos inversión pensando en un país en áreas importantes, en industrias, en tecnología por ejemplo”, apuntó.

Richer también argumentó     que el tipo de proyecto presentado por el Ejecutivo es propio de países en profunda crisis que necesitan inyectar capital para reanimar las finanzas públicas, que no es el caso de nuestro país, observó el legislador.

“El Paraguay no está en una situación de crisis financiera o en una situación caótica desde el punto de vista de las finanzas. Este tipo de proyectos se aprobó justamente en marcos con esas características, la Argentina de los noventa, en que realmente había un grave problema financiero del Estado, de las deudas, de la crisis de la economía. El Paraguay no está en esas condiciones. En el mundo hoy existen muchos capitales que quieren invertir, de todo tipo y en todas las ramas. Pero me parece que estamos haciendo lo más fácil y no solamente lo más fácil, sino lo más peligroso”, aseveró.

En efecto, en el proyecto planteado por el gobierno de Cartes todo el riesgo lo asume el Estado. Para constituir el Fondo Fiduciario a favor de la Participación Público-Privada, se recurrirá a (art. 46°del proyecto): Bienes (empresas) del Estado, Ingresos presentes y futuros por tasas, tarifas, contribuciones y peajes, impuestos presentes y futuros, créditos y bonos, royalties y compensación de Itaipú y Yacyretá.

En cambio, si el privado presenta una iniciativa, tendrá una preferencia de 10% en cualquier licitación o concurso (art. 50°). Si pierde el concurso, se le devolverá lo gastado (art. 50°) El privado puede garantizar el proyecto de PPP con el proyecto mismo, sin poner garantías propias, por lo que si el proyecto fracasa, será el Estado el que cubra los daños y las pérdidas (art. 38°).

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