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En Uruguay 15 empresas concentran tierras del equivalente a 3 departamentos

1,4 millones de hectáreas está en manos de empresas forestales y ganaderas.

Por: Mauro Florentín
Fuente: Semanario BÚSQUEDA.

Siete compañías forestales, seis grupos agrícolas, un fondo lechero y un empresario brasileño explotan en Uruguay 1,4 millones de hectáreas de campos productivos -como dueños o arrendatarios-, lo que equivale a la suma de la superficie agropecuaria de los departamentos de San José, Colonia y Canelones, según un relevamiento efectuado por Búsqueda en base a datos de las propias empresas e informes y publicaciones recientes. Las tierras aptas para la actividad agropecuaria en el país son unas 16 millones de hectáreas. La propiedad de esos campos preocupa al presidente José Mujica. El director de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, declaró la semana pasada a Búsqueda que el Poder Ejecutivo prepara “cambios en lo impositivo y medidas para frenar la concentración” de la propiedad de los campos. (Nº 1.611)

Entre los principales propietarios de tierras hay empresas brasileras y argentinas. Foto: El Observador, Uy.

Entre los 15 grupos empresariales con más tierras figuran las forestadoras Montes del Plata, Forestal Oriental, Weyerhaeuser, Forestal Tekoayhu, Forestal Atlántico Sur, RMK Timberland Group y Sierras Calmas (Ence); las firmas agrícolas El Tejar, Agronegocios del Plata, Union Agriculture Group (UAG), Adecoagro, Garmet y MSU; también NZFarming Systems Uruguay, de origen neocelandés, dedicado a la lechería. A esa lista se agrega el empresario brasileño Ernesto Correa, que posee 100.000 hectáreas en Cerro Largo y Tacuarembó, destinadas a la producción ganadera y agrícola.

El informe “Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina: El caso de Uruguay”, elaborado en 2010 por el consultor Diego Piñeiro para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), incluye algunos datos sobre la distribución de la propiedad de la tierra en Uruguay.

El autor, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales estatal, aclaró que “esa información puede ser en muchos casos poco precisa debido a los cambios muy rápidos que ocurren en las ventas de tierra. Se está ante un mercado de tierras sumamente dinámico”.

Para complementar y actualizar los datos que surgen de la investigación hecha por Piñeiro, Búsqueda consultó a algunas de las empresas mencionadas. En el caso de las forestales, se tuvo en cuenta la información contenida en la Agenda Forestal 2011, una publicación de Rosario Pou & Asociados.

Los dueños. La empresa con más tierras en Uruguay es Montes del Plata, un consorcio integrado por la suecofinlandesa Estora Enso y la chilena Arauco: posee 250.000 hectáreas en los departamentos de Colonia, Durazno, Flores, Paysandú, Río Negro, Rivera, Soriano y Tacuarembó. Se trata básicamente de bosques que nutrirán con madera a la fábrica de pasta de celulosa que se apresta a construir en la localidad coloniense de Conchillas, con una inversión total superior a los U$S 2.000 millones, según consta en el contrato firmado en enero entre Montes del Plata y el Poder Ejecutivo. (Búsqueda N° 1.610).

Un escalón más abajo, con 200.000 hectáreas, está Forestal Oriental, que pertenece a la finlandesa UPM (ex Botnia). La mayor parte de sus tierras están en Río Negro, Paysandú Soriano y Tacuarembó.

El grupo agrícola de origen argentino El Tejar cuenta con 160.000 hectáreas en el litoral uruguayo destinadas al cultivo de soja, trigo, sorgo, cebada, maíz y otros granos, además de la ganadería.

Weyerhaeuser, una forestadora de capitales estadounidenses que también fabrica paneles y tableros, posee unas 140.000 hectáreas.

Otra empresa agrícola con grandes extensiones de campos en el país (100.000 hectáreas) es Agronegocios del Plata, vinculada al grupo de origen argentino Los Grobo.

El fondo de inversión UAG, creado por empresarios uruguayos, cuenta con 80.000 hectáreas y está en proceso de incorporación de otras 20.000 hectáreas, informaron a Búsqueda fuentes de esa firma. Se dedica al cultivo de soja, trigo, arroz, arándanos y olivos, aunque también trabaja en ganadería, lechería y apicultura.

El informe de Piñeiro incluyó entre las empresas que concentran las mayores extensiones de tierras al fondo Forestal Tekoayhu, que posee 50.000 hectáreas en Uruguay.

Y a RMK Timberland Group (38.000 hectáreas), que comprende tres fondos de inversión, dos de familias y bomberos retirados estadounidenses, y un tercero con ahorros de maestros y profesores suecos, finlandeses y daneses.

Forestal Atlántico Sur, de capitales chilenos y uruguayos, gestiona 45.000 hectáreas de campos.

La lechera NZ Farming Systems Uruguay explota 33.800 hectáreas, en su mayoría propias (28.700 hectáreas) y el resto arrendadas, según datos publicados en su sitio web. En 2010, la multinacional Olam, con sede en Singapur, adquirió la mayoría del capital accionario de ese fondo neocelandés.

Sierras Calmas, una sociedad propiedad de la española Ence, posee 30.000 hectáreas en Lavalleja y Rocha para proveer de materia prima (astillas) a la plantas industriales de ese grupo en España.

En años recientes continuó la llegada de inversores argentinos al agro uruguayo, principalmente para plantar soja y así diversificar sus negocios fuera de su país, donde existen impuestos a las exportaciones de granos y otros productos. Según informaron a Búsqueda operadores del sector, algunas empresas de ese origen que hoy cuentan con tierras en Uruguay son MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 55.000 hectáreas; Garmet -asociada a la familia Pérez Companc- con 45.000 hectáreas en agricultura; y Adecoagro con 45.000 hectáreas.

Aclararon que una parte de la cartera de tierras de las empresas agrícolas y forestales son campos arrendados o que explotan en asociación con productores.

En los últimos meses algunos grupos de gran porte, aprovechando su peso en el mercado, decidieron reducir la cantidad de superficie arrendada como parte de una estrategia que apunta a aumentar la productividad y a presionar a la baja los valores de las rentas de campos, comentaron las fuentes.

Muy grandes. “Las operaciones de compra y venta y de arrendamiento de tierras agropecuarias durante el período 2000-2010 muestran la ocurrencia de un fenómeno que no ha tenido parangón en la historia agraria de Uruguay”, al menos desde 1870, advirtió Piñeiro en su trabajo para la FAO.

José "Pepe" Mujica se mostró preocupado por la propiedad de esos campos. Foto: Latinamericanstudies.org.

En ese período hubo 26.276 transacciones que involucraron una superficie total de 6,4 millones de hectáreas, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería. Esas operaciones fueron por U$S 6.763 millones.

A la vez, entre 2000 y 2010 hubo 19.829 arrendamientos de 7,3 millones de hectáreas, por un monto de U$S 520 millones.

“Hace 140 años hubo un proceso de apropiación privada y fijación de la propiedad territorial, abonada por cambios técnicos como el alambramiento, la introducción del ovino y el reemplazo de los bovinos criollos por las razas inglesas, que terminaron vinculando firmemente nuestra producción agropecuaria a los mercados europeos y en particular a Inglaterra”, reseñó el consultor.

Indicó que el conjunto de las compraventas de tierras derivó en un “proceso de concentración de la propiedad que afectó también a los productores medianos y grandes”. A partir de ese proceso, señaló, “será necesario emplearen Uruguay una nueva categoría de productores: ‘los muy grandes’” ruralistas.

Basándose en consultas y declaraciones de políticos, Piñeiro afirmó que “en los partidos políticos el espectro de opinión sobre el proceso de concentración y extranjerización abarca perspectivas disímiles”.

“Son evidentes las dificultades que el partido de gobierno (Frente Amplio) tiene para tener una posición unificada en este tema”, observó. Argumentó que “el crecimiento del 7% anual del Producto Bruto Agropecuario en los últimos años y el aporte que éste está haciendo a la recaudación impositiva, las exportaciones, los ingresos y el empleo, son aspectos que hacen temer a los sectores del gobierno que controlan la economía y las finanzas que eventuales restricciones desalienten la inversión (aunque sea extranjera) y desaceleren” su expansión.

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