En Paraguay, primero se encarcela y luego se juzga

El MNP advirtió que hay un abuso de la prisión preventiva que queda «al arbitrio del poder” y viola el modelo constitucional de juicio previo. Esto genera una superpoblación carcelaria. Las personas ya no pueden insertarse a la sociedad. Casi el 50 % de los que ingresan vuelven a delinquir.

Quienes entran al sistema penitenciario salen en peores condiciones de las que entraron. “La simple sospecha hace que se encarcele preventivamente”, denuncian.

Tacumbú. Imagen de archivo. Foto: Fabricio Arnella.

Tacumbú. Imagen de archivo. Foto: Fabricio Arnella.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (MNP), dio a conocer ayer su informe en la cámara de Senadores. En uno de los puntos más destacados, el MNP resaltó como preocupación “que la prisión preventiva, que debe ser usada solo extraordinariamente, es utilizada sin fundamentos, fuera del límite del plazo legal, sin respeto a los límites impuestos por el código procesal penal y cuando evidentemente no es necesaria para los fines cautelares que la justifiquen”. Se utilizan estereotipos para justificar la medida, no se exponen razones concretas y demostrables como fundamento de lo resuelto, los más leves delitos llevan a la prisión preventiva, indican.

Justamente, el viernes pasado se dio a conocer la medida de sobreseimiento provisional de Ireneo Vallejos y Gustavo Cardozo, quienes fueron apresados preventivamente por 9 meses, acusados del asesinato del ganadero Luis Lindstron. Además, hubo intenciones de vincularlos al EPP. La fiscalía se basó en el testimonio de un niño de 6 años y otros menores, pero finalmente tuvieron que liberarlos por falta de pruebas consistentes. Los campesinos, que son dirigentes sociales de la comunidad de Tacuati Poty, San Pedro, creen que fueron criminalizados por apoyar a sintierras y denunciar a sojeros de su zona. Casos similares a estos, hay miles en el sistema judicial paraguayo.

Sin juicio previo

“Al permitir que por vía del funcionamiento del sistema penal la persona sea sancionada por vía de la prisión preventiva, se abandona el modelo constitucional del juicio previo y se fomenta una justicia sumamente insegura, que generalmente afecta al más débil y no al más peligroso”, expresa. Según el informe, los jueces apañan estos encierros, y hasta la corte suprema los sostiene, a pesar de la situación penitenciaria superpoblada y violatoria de derechos humanos.

La prisión preventiva en ningún caso puede durar más de dos años según la ley. “Esta tardanza constituye un modelo de reclusión penitenciaria que produce aflicciones violatorias a la Convención contra la Tortura”, indican.

“Estas violaciones a la ley hacen que la prisión preventiva quede al arbitrio del poder; la simple sospecha hace que se encarcele preventivamente; al pasarse la pena mínima que hubiera correspondido al imputado”, denuncian. De esta manera pasa a un segundo plano la importancia de hacer un juicio oral y público para demostrar la culpa con pruebas irrefutables, dice el Mecanismo.

Superpoblación carcelaria

Presentación del informe. Foto: MNP.

Presentación del informe. Foto: MNP.

El MNP sostiene que una de las razones de la superpoblación carcelaria reside en el uso abusivo e irracional de la prisión preventiva. “Por la renuncia del poder jurisdiccional de controlar los encierros para que estos no se den fuera de los marcos permitidos por la ley”.

La reclusión y sus aflicciones devienen en este caso de un acto arbitrario y prohibido por la ley. “La judicatura de la república se transforma así en un aparato de privaciones sistemáticas ilegitimas de libertad”.

Casi el 50 % vuelve a delinquir

El sistema punitorio actual no garantiza la “seguridad ciudadana” por la inexistencia de programas de asistencia post – penitenciaria. Esto hace que la mayor parte de las veces, las personas que han entrado al sistema tengan enormes dificultades para reinsertarse a la sociedad por diversas razones que van de la estigmatización social, la experiencia traumática sufrida intramuros, al hostigamiento policial posterior a la entrada al sistema; luego de la experiencia carcelaria tienen muy pocas probabilidades de obtener un empleo honesto o de escapar de ese círculo vicioso de entrada-salida-entrada al sistema.

“De las 5076 personas que salieron del sistema entre enero de 2013 y enero de 2014, es factible que 2095 vuelvan a delinquir. Esto demuestra lo contraproducente que resulta encerrar personas sin una debida justificación y necesidad”, aseguran.

La «política contra el crimen», hace que más tarde o más temprano, quienes entran al sistema penitenciario, vuelvan a salir, pero en peores condiciones de las que entraron y con menos posibilidades de reinsertarse a una vida honesta y productiva

Condiciones infrahumanas en penitenciarias

El sistema penitenciario paraguayo sigue teniendo graves deficiencias, según el informe. Siguen las situaciones de hacinamiento; prevalencia de la tortura y los malos tratos como herramienta disciplinaria y método extorsivo; sumado a la infraestructura inadecuada, precaria o inexistente atención sanitaria, inadecuada e insuficiente provisión de alimentos, falta de personal técnico y profesional, muertes y violencia intramuros, falta de preparación del personal de seguridad, falta de clasificación y falta de separación entre condenados y procesados, desconocimiento del principio de presunción de inocencia, imposibilidad de ejercicio de derechos procesales por parte de los internos, adolescentes en estado de abandono, corrupción sistémica y endémica y ausencia de servicios sociales y de asistencia post-penitenciaria.

El informe asegura que la superpoblación crítica se ha agravado por encima del 200% en las principales penitenciarías del país, rebasando cualquier nivel de alojamiento en mínimas condiciones de dignidad humana. Hay una “institucionalización de la crueldad y de la violencia por parte del estado y un grave incumplimiento de normas constitucionales y legales y compromisos internacionales asumidos por el país”, expresan.

El MNP

El MNP es organismo autárquico e independiente, creado para reforzar y colaborar con la protección de las personas privadas de libertad y en situación de encierro. Integra el sistema internacional de control para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Fue creado por la Ley 4288/2011.

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