En la plaza no porque les plazca

Indígenas ocupan la plaza Uruguaya denunciando la invasión de sus tierras por terratenientes brasileños. Afirman que hay muertes por fumigación de sojales.

Indígenas denuncian que el ex intendente brasileño de Sete Quedas, ciudad fronteriza de la zona de Salto del Guairá invadió 300 hectáreas de territorio que les pertenecen. Foto: M.A.

Por: Diana Viveros.

Los indígenas que llegaron a la céntrica plaza Uruguaya no están ahí por gusto ni voluntad. Es lo que nos manifestó Zunilda Cáceres, miembro de la parcialidad Ava Guaraní, que instaló sus frágiles instalaciones de polietileno sobre las calles Eligio Ayala y Antequera, en Asunción, hace ya más de 15 días.

Perteneciente a la comunidad Yba Poty, del departamento de Canindeyú, la guaraní nos contó que el terrateniente brasileño, Paulo “Tuneira” da Souza, y su hermano Luiz, mandaron sus topadoras a que arrasaran 15 hectáreas de monte, en una sucesión de breves minutos, para extender sus cultivos mecanizados. “Esto es lo que más sentimos, porque del monte nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir y ahora ya no vamos a tener nada”, lamentó la mujer.

En cuanto a las demás consecuencias, se refirió a la muerte de dos niños, uno de 1 año en 2010 y otro de 6 meses en mayo pasado, con cuadros de intoxicación por agrotóxicos. “Muy raramente se nos mueren las criaturas, no suele pasar”, declaró Zunilda Cáceres.

“Ahora se fumiga tres o cuatro veces a la semana y cuando eso pasa se suspenden las clases en la escuela porque está al lado del sojal; nuestros hijos se enferman, se desmayan”, relató.

El líder de la comunidad, Rogelio Sosa Villalba, dijo que reclaman al Gobierno la entrega de la titulación de 600 hectáreas de tierra. “Nosotros estamos afincados en 308 hectáreas; solo un caminito separa nuestra comunidad de la plantación de soja. Hace poco nos enteramos por el Indi (Instituto Nacional del Indígena) que en realidad nos pertenecen 600 hectáreas”. Esas 300 hectáreas, que no son objeto de disputa, hace como 15 años que están en manos de los colonos brasileños, quienes ahora pretenden mecanizar las restantes 308, a la fuerza y avalados por documentaciones presumiblemente adulteradas.

¿A quiénes protegen nuestras autoridades?

El brasileño Paulo Ferreira ya había sido imputado por delito ambiental, tras deforestar 620 hectáreas de la propiedad "Estancia Estrella Cue" en el departamento de Canindeyu. La fiscalía habría dilatado su caso según la prensa brasileña. Actualmente está en conflicto por la propiedad de las tierras de los indígenas Ava Guaraní. Foto: Jornal Rio Paranazo.

Los indígenas aseguraron que están cansados de recurrir en vano a las autoridades competentes y dijeron sentir mucha desconfianza hacia ellos. Es más, acusaron a los concejales, la junta municipal y a un diputado inclusive, Andrés Giménez (PLRA) –sobre quien pesa un señalamiento por presunto tráfico de influencia–, de proteger y acompañar a los sojeros. Ni la Policía ni la Fiscalía se atreven a ir contra los intereses de estas personas, y lo poco que han hecho es como la labor de la griega Penélope: inconsistente y desesperante.

La Secretaría del Ambiente (Seam) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), igualmente, no responden a las expectativas. Hace más de un año visitaron el lugar y llevaron muestras del agua y el suelo para hacer estudios de laboratorio, ante las frecuentes denuncias de presencia de agrotóxicos, y hasta el día de hoy, esos resultados no han llegado a conocimiento de los pobladores de Yba Poty.

Indeseados

A veces son campesinos y campesinas los que llegan hasta el barrio San Roque para instalarse en la plaza con el monumento a Artigas, como si se hubiese adaptado a este lugar como un simbólico bastión de resistencia. En medio de los añosos árboles, de las semidesnudas estatuas que alguna vez escandalizaron a las monjas de la cercanía, de las tres tiendas de libros, esparcidos aleatoriamente, instalan su carpita, se ingenian para colgar la ropa y preparar el almuerzo, en días en que tienen suerte y consiguen algo que comer. Aguantan como pueden cuando azota la lluvia o cuando golpea el viento. Y se quedan hasta conseguir sus objetivos: ser escuchados en el justo y legítimo reclamo de sus derechos.

Esta vez, los que arribaron a la plaza Uruguaya, tampoco vinieron porque quisieran conocer la ciudad de los naranjos y las flores ni lo hicieron en plan de conquista sobradora. Están aquí porque fueron expulsados de sus tierras por un latifundista llamado Paulo Ferreira da Souza, conocido como “Toneira”, ex prefecto de la ciudad brasileña de frontera, Sete Quedas. Él y su hermano Luiz simplemente entraron, comprando impunidad y silencio, a invadir los territorios ancestrales de los indígenas de la Región Oriental para practicar la agricultura mecanizada tan cuestionada por los movimientos sociales –campesinos e indígenas, sobre todo– y tan ensalzada por los que anoche cerraron la última edición de la Expo en Mariano Roque Alonso, con champaña y comida servida en platos de lujo.

Esos que afean la tan ponderada plaza Uruguaya están ahí, con sus cachivaches y su sonrisa sin dientes, no porque quieran molestar al conservador asunceno que pelea con el limpiaparabrisas, escudado en la seguridad que se respira a través de las redes sociales, o a la higiénica muchacha asuncena acostumbrada a trotar bien tempranito con sus audífonos puestos, alrededor de un espacio público.

Solo vienen hasta la capital porque ya no tienen otro recurso. Esperan la solidaridad del pueblo paraguayo y también la atención de las autoridades nacionales, ya que con las locales no han tenido ningún éxito. Recuperar su “tekoha”, frenar el desarraigo y prohibir el uso extensivo de los agrotóxicos, es lo único que piden de este gobierno que se llenó la boca en la campaña electoral con promesas que hasta hoy, lamentablemente, parecen muy lejos de ser cumplidas.

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