En busca de facilitar la entrada de cultivos transgénicos al país

Los diputados colorados y oviedistas presentaron el proyecto de ley de bioseguridad que pretende dejar de lado al SENAVE, la SEAM y el Ministerio de Salud Pública en la definición de la política nacional de cultivos y organismos genéticamente modificados.

Imagen: Patriagrande.

Por Base IS (www.baseis.org.py).

El proyecto de ley de bioseguridad fue presentado por los diputados colorados y oviedistas En el mismo se busca dejar de lado al SENAVE, la SEAM y el Ministerio de Salud Pública, en la definición de la política nacional de cultivos y organismos genéticamente modificados.

El 25 de agosto de 2011 los diputados colorados Herminio Dávalos y Andrés Retamozo, y los oviedistas Ariel Oviedo y David Ocampos presentaron el proyecto de ley de bioseguridad,
con lo cual, supuestamente, quieren “fomentar el uso seguro de la biotecnología moderna y prevenir que existan efectos adversos para la producción agropecuaria y forestal, la diversidad biológica, la salud humana y el ambiente, al tiempo que se incentiva el desarrollo productivo y tecnológico del país”.

Tras una lectura crítica de sus argumentos y sus 38 artículos, se podría concluir que, dada la mayor exigencia que vienen poniendo SENAVE y SEAM para permitir el ingreso y la aprobación de semillas transgénicas en el país, los sectores del agronegocio estarían buscando otras puertas de ingreso por fuera de estas dos instituciones.

Por eso, este proyecto de ley principalmente propone crear una Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO), que sería la autoridad de aplicación y quien dicte la política nacional en temas de organismos genéticamente modificados y transgénicos. Esta Comisión dependerá directamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), uno de los mayores aliados del agronegocio desde el boom sojero de mitad de los años noventa en Paraguay.

¿Desplazar a SENAVE y SEAM?

El organismo estatal que regula el ingreso o el uso de materiales genéticos, transgénicos y semillas en nuestro país es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), y quien define las exigencias y los permisos ambientales de las actividades relacionadas a cultivos transgénicos es la Secretaría del Ambiente (SEAM).

Con esta propuesta de ley, tales atribuciones, las tendrá CONBIO, sin necesidad de la mediación de las citadas instituciones. Es cierto que tanto SENAVE y SEAM estarán como miembros de la CONBIO, pero como invitados a la mesa y con una actuación sólo en la vigilancia del cumplimiento de la política definida de antemano por CONBIO.

Esta comisión, además, estará conformada por el MAG, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), el Instituto Forestal Nacional(INFONA), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Si bien la propuesta de los diputados habla en sus objetivos de fomentar el uso de la biotecnología y a la vez prevenir cualquier consecuencia sobre la salud humana y otros campos, no incluye a representantes del Ministerio de Salud en la comisión.

Argumentos sesgados

En la primera parte del texto del proyecto de ley se nota una decidida parcialidad en favor de los agronegocios, con elogios hacia la producción de soja transgénica en los últimos años. “Con ese sólo cultivo transgénico nuestro país ha logrado catapultar su producción agrícola y poder generar alimento para alrededor de cincuenta millones de personas”, reza.

Es cierto que con esta cantidad de granos podría comer esa cantidad de personas, pero justamente una de las mayores críticas hacia la producción sojera es que ésta se destina como forraje para ganado vacuno, porcino y aviar de lejanos países y no para personas.

Mientras los cuatro diputados proyectistas y el sector del agronegocio local se ufanan de las “bondades” de la soja, su producción expulsa cada año a 9 mil familias del campo, genera intoxicaciones, degrada el medioambiente y le resta tierras a cultivos alimenticios, pilares de nuestra cultura alimentaria, como la mandioca, el maíz chipa, el maní y el poroto.

Durante la zafra 2010/2011 el agronegocio produjo 12.6 millones de toneladas de granos (soja y maíz para forraje). En ese mismo periodo, 51 mil paraguayos y paraguayas más entraron a formar parte de los indigentes de la patria, no comen las tres comidas diarias porque viven con un dólar al día (4.300 guaraníes).

Otro de los argumentos de los diputados promotores de la ley señala que Paraguay es el “furgón de cola” o rezagado en tecnología de cultivos transgénicos. Y seguidamente proponen seguir el camino de Brasil, con 27 cultivos transgénicos permitidos, Argentina, con 20 y Uruguay con 8.

¿Antes que acaparar la tierra para producir soja que se convertirá en forraje para ganado brasileño y europeo, no sería preferible usar dichas tierras para cultivar alimentos para las familias? ¿Antes que el lucro de un puñado de empresarios sojeros, que en su mayoría llevan sus ganancias fuera del país, no sería preferible que las familias campesinas tengan garantizado su derecho a alimentarse? ¿El ganado brasileño y europeo tiene más derechos que el pueblo paraguayo?

¿Cuando se estudiará en sesión?

El proyecto de ley de bioseguridad fue presentado en agosto pasado a través de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Luego pasó a la de Ciencia y Tecnología, donde fue aprobada –¡vaya  ironía¡– por los mismos proyectistas del borrador, que forman parte de esta comisión.

El pasado 12 de abril figuraba dentro del orden del día de sesiones; sin embargo, a pedido de la diputada Aida Robles, bajó a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Ecología y Recursos Humanos, para su mayor análisis. Según el portal de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley será tratado en sesión dentro de 15 días.

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