En audiencia con el presidente de la Corte piden que se resuelva litigio por las tierras de Marina Cue

Solicitaron rechazo de acción de inconstitucionalidad presentada por Campos Morombí para excluir al Estado del litigio sobre la titularidad de las tierras de Marina Cue.

Vista de la audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser.

Vista de la audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser.

Miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Masacre de Curuguaty mantuvieron una reunión este lunes con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser, en la que solicitaron que la máxima instancia judicial resuelva el litigio de las tierras de Marina Cue, cuya indefinición fue la principal circunstancia que derivó en la masacre del 15 de junio de 2012 en la que fallecieron once campesinos y seis policías.

En la audiencia también tomaron parte los sacerdotes Francisco de Paula Oliva, monseñor Melanio Medina, asesores legales de las víctimas, el senador Pedro Santacruz e integrantes de la Articulación Curuguaty.

En primer término, el abogado Alberto Alderete explicó al magistrado la situación legal de las tierras y pidió que la Corte se expida rechazando la acción de inconstitucionalidad promovida por Campos Morombí, que de esta forma pretende excluir del proceso al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Ante el irregular juicio de usucapión que había sido ganado por Campos Morombí sin que el Estado haya participado, el Indert había presentado una acción autónoma de nulidad, puesto que el ente agrario fue excluido del proceso a pesar de que las tierras habían sido cedidas al órgano estatal para destinarlas a los fines de la reforma agraria. Ante esta medida la firma había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad alegando que el Indert no tenía parte en el asunto. En este punto, la Fiscalía General del Estado emitió un dictamen en contra del Estado en que manifiesta que este no tiene “legitimación activa” para tomar parte del juicio, favoreciendo de este modo a Campos Morombí.

Recordemos que la sentencia favorable a Blas N. Riquelme había sido dictada con el número de otra finca, pero en lugar de anular el proceso el juez José Dolores Benítez aplicó una “rectificación de sentencia”, un hecho que fue denunciado como irregular por los abogados que defienden a los campesinos. El magistrado Benítez fue el mismo que emitió la orden de allanamiento con la que se ejecutó el trágico desalojo.

Prisión domiciliaria

Mariano Castro, de la comisión de víctimas, durante la conferencia de prensa.

Mariano Castro, de la comisión de víctimas, durante la conferencia de prensa.

En una conferencia de prensa brindada al término de la audiencia, Mariano Castro, de la comisión de víctimas, recordó que perdió a uno de sus hijos en la masacre y que tiene a otros dos presos y en huelga de hambre, que fueron encarcelados con heridas de bala. “A perdema peteî che familia ha ndaperdemoái otro”, expresó.

Señaló que solicitan la prisión domiciliaria de los presos hasta que se resuelva la titularidad de las tierras, puesto que si se define que las tierras son del Estado no existe invasión del inmueble. Fustigó que la justicia salga a favor de Campos Morombí, que se apropió ilegalmente de las tierras, pero imputó a tres familiares de las víctimas, entre ellos él mismo, por haber ingresado a cultivar para ganarse el sustento.

A su turno, el Pa’i Oliva invitó a pensar en la manera de detener esta injusticia que se está cometiendo con los campesinos, ya que al ser las tierras del Estado todo el procedimiento y el proceso pierden fundamento. También advirtió que esta es la segunda huelga de hambre que llevan adelante los campesinos y que en las próximas dos semanas si no se hace algo se tendrán que lamentar más muertes.

Por su parte, el monseñor Melanio Medina hizo un llamado a realizar una revolución pacífica, con protestas y manifestaciones, para que se revierta la injusticia que se está cometiendo con los labriegos.

Finalmente, el ministro de la Corte dijo que va a revisar el dictamen de la fiscalía, aunque advirtió que no tiene incidencia en el proceso por no ser vinculante. Apuntó que el recurso interpuesto por Campos Morombí se encuentra en la Sala Constitucional y que intentaría dar celeridad al proceso, pero que “no estaba en sus manos”.

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