Empresa brasileña se arrogó facultad de aplicar la ley en Y’apo

En caso inaudito, Laguna S.A. ejecutó lo que en un Estado de Derecho corresponde a la fiscalía y a la policía: contrató un grupo paramilitar que intentó desalojar de un inmueble a supuestos «invasores» indígenas. 

Indígenas Ava guaraní en la colonia Y'apo, distrito de Corpus Cristi, en Kanindeju. Fuente: Conapi

Indígenas Ava guaraní en la colonia Y’apo, distrito de Corpus Cristi, en Kanindeju. Fuente: Conapi

El propietario de la empresa agroganadera Laguna S.A es un capitalista brasileño que vive en la ciudad de San Pablo, Brasil, cuyo nombre hasta ahora se desconoce. El brasileño actúa, vía telefónica, a través David Morandini Benítez, administrador de su empresa, y Luis Talavera, su abogado.

El 20 de mayo pasado, la jueza Silvia Cuevas, del distrito de Salto del Guairá, ordenó el desalojo de los indígenas del pueblo Ava guaraní de las 5.000 hectáreas de tierra ubicada en la colonia Y’apo, basada en una resolución de interdicto de posesión y obra nueva que firmó y que favoreció a la Laguna S.A. .  El «interdicto» es un trámite por el cual se retiene una propiedad a favor de una de las partes en litigio de forma provisoria, y «obra nueva» es para detener obras ajenas que afecten la propiedad en litigio. La orden de desalojo se ejecutó con rigor aquel 20 de mayo pasado: un ejército de policías arrasó las viviendas y las pertenencias de los indígenas, los que huyeron al monte, sin salir del inmueble.  

Seguidamente, la jueza Cuevas fue recusada por los representantes legales de los indígenas, con el argumento de que la magistrada, en el 2001, ya había favorecido a los Ava guaraní con una resolución de interdicto de posesión y obra nueva; pero, extrañamente, semanas atrás, revocó aquella resolución del 2001 y firmó otra del mismo carácter, pero esta vez a favor de Laguna S.A. . En este interín, los indígenas volvieron a su lugar de vivienda.

Ante la recusación de la jueza y la vuelta de los indígenas a sus lugres de vivienda, el capitalista brasileño, a través de su administrador y su abogado, decidió tomar la aplicación de la ley paraguaya en sus manos: entre el jueves y el viernes pasados contrató a un contingente de alrededor de 50 personas, les dio armas de fuego y les ordenó que volvieran a desalojar a los Ava guaraní del inmueble. Los civiles armados atacaron a los indígenas ayer a las 5:00 am aproximadamente, hecho que arrojó un saldo de un muerto y 13 heridos.

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