Empresa brasileña capitalizó 37.500 hectáreas de tierras del Indert

Toro Blanco S.A. adquirió las 37.500 hectáreas de seis personas que recibieron las fincas de manos del Indert.

Emilio Camacho, interventor del INDERT. Fotografía: Presidencia.gov.py.

Por IPParaguay.

La empresa “Toro Blanco S.A.”, de capital brasileño, se hizo de 37.500 hectáreas en el departamento de Boquerón, Chaco paraguayo, mediante la adquisición de seis fincas que fueron transferidas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a seis personas que revendieron las tierras a la empresa extranjera.

Este es uno de los mecanismos por el que “se vuelven a concentrar tierras que originalmente eran del Indert (Estado paraguayo) en manos de extranjeros, en la región del Chaco”, advirtió Emilio Camacho, inteventor de la institución.

La empresa es propiedad de Nezildo Marini y su esposa Odila Luzia Favero Marini, cuyo parentesco con Tranquilo Favero el Indert no pudo confirmar.

Toro Blanco S.A. adquirió las 37.500 de seis personas que recibieron las fincas de manos del Indert. Se trata de una finca de 2.500 hectáreas, otra de 5.000 hectáreas y cuatro de 7.500 hectáreas, que posteriormente fueron unificadas e ingresados como capital al patrimonio de la firma en diciembre de 2005.

El interventor del Indert en la zona del Chaco, Luis Meza, refirió que se pudo constatar que “personas vinculadas muy de cerca con funcionarios de la misma institución” fueron las que recibieron los lotes posteriormente revendidos a la empresa.

Una de esas seis personas es Angeliza Ruiz, cónyuge de un exasesor jurídico del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR). Los demás fueron identificados como Aníbal Fanego Cardozo, Carlos Centurión Plate, Uwe Stahl Unger (con dos fincas) y Guillermo Fanego Cardozo.

“Hemos pedido a la parte de créditos de la institución y hasta hoy no nos fue proveída la cantidad exacta del pago por esas tierras”, añadió el interventor zonal.

Camacho reconoció que existe todo un “sistema de corrupción instalado en el manejo de las tierras públicas” en el que estaban involucrados funcionarios de la institución de las administraciones anteriores.

La intervención del Indert recordó que la ley de seguridad fronteriza (vigente ya en 2005), en cuya franja estipulada se encontrarían estas fincas, establece que los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros, no podrán ser propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales.

Fuente: Ipparaguay.com.py.

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