Empedernidos enemigos

La amenaza del proyecto de ley de bioseguridad planea sobre la dignidad nacional y podría terminar por permitir que continúe la fumigación con agrotóxicos en cientos de miles de hectáreas de soja y otros granos, que cercan a unos 500 centros escolares en el territorio nacional.

Escuela, camino y sojal: un sojal a 10 metros de la Escuela Nº 6282 Moisés Bertoni, de Rancho Alegre, Itakyry, Alto Paraná, violando las leyes ambientales y exponiendo a cientos de niños y niñas a problemas de salud. El propietario fue obligado a respetar mínimamente la ley. Unas 500 instituciones escolares en el país se encuentran en situaciones similares. Fotografía: Base IS.

De nuevo, la rosca antipatriótica empotrada en el Parlamento nacional, con el estilo sinuoso y cobarde propio de delincuentes, se apresta a golpear al país entero, dándole carácter legal a un proyecto de ley de bioseguridad, sin la menor consulta a expertos, como corresponde, y mucho menos a las instituciones pertinentes, tales el SENAVE, la SEAM, el Ministerio de Salud y el INDI, desconociendo, a su vez, las recomendaciones de organismos especializados de Naciones Unidas.

Desde un principio, sus proyectistas, cuatro diputados colorados y oviedistas, utilizan el lenguaje propio del agronegocio y persisten en presentar sus promociones con la palabra bio, en este caso en enlace con seguridad, y en otro con tecnología, que prefieren para ocultar la nominación correcta que es la de agroseguridad, único objetivo que se busca con el proyecto. También mañosamente usan biotecnología, aunque poco respeten la vida con esos emprendimientos.

La propuesta de Ariel Oviedo, David Ocampos, Andrés Retamozo y Herminio Dávalos, pretende crear la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (CONBIO), para elevarla a única autoridad sobre los cultivos transgénicos en el país, que amenazan la cultura productiva y alimenticia ancestral de campesinos e indígenas, buscando liberar la comercialización, el uso y la importación y exportación de los organismos genéticamente modificados (OGM).

Otro efecto, y quizás el principal, que se busca con esa ley, es reducir la función del SENAVE y la SEAM a la de  simples fiscalizadores de las normas fijadas por el CONBIO, al tiempo de reforzar la autoridad del Ministerio de Agricultura y el Instituto de Tecnología Agraria (IPTA), de probada vinculación con las transnacionales del agronegocio y la agroexportación.

El caso de la Ley Mipymes

Este nuevo intento de agresión a los intereses nacionales, y a ciertos organismos del Estado, entre los más sensibles, está precedido en siete meses por la adopción, entre gallos y medianoche, de la Ley Mipymes, un verdadero sablazo a varios derechos de los trabajadores asalariados contemplados por la Constitución, legalizando la precariedad laboral, al tiempo de facultar a los empresarios a violar el salario mínimo, de por sí humillante, al igual que el seguro social y la jubilación, bajo el pusilánime argumento de que es para abrir más fuentes laborales.

Ambas cámaras acusan males de autismo ante los graves problemas sociales que, globalmente, conforman un volcán que puede comenzar a escupir en cualquier momento, habilitado por más de un millón de personas que sobreviven en el hambre, uno cada seis habitantes, en plena pobreza siete en diez, 80 por ciento de obreros sin futuro, y con registros públicos generalmente por debajo de la realidad, que consignan a 700 mil trabajadores subempleados, carentes del seguro social y estabilidad laboral, sin percibir el salario mínimo.

La Ley Mipymes, que afecta a un millón 800 mil asalariados, fue vetada por el Presidente Fernando Lugo, pero el propio Congreso la levantó enseguida, abriendo un litigio que espera decisión de la siempre lerda Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde las centrales sindicales depositaron argumentos para que la considere inconstitucional.

Si esa ley entrara en aplicación, una vez que se dirima el litigio que ha generado entre el Ejecutivo y el Legislativo, facultará el fraccionamiento empresarial, un recurso que habilita a cualquier gran empresa a dividirse y aparecer legalmente, entre varios familiares o prestanombres, como una mediana o pequeña, para beneficiarse disminuyendo los principales derechos de los trabajadores, es decir, reforzando su explotación y, en contrapartida, la acumulación de ganancias para los patrones.

En ambos casos, los proyectistas han tenido un aliado impensado en la muy pobre, débil y a destiempo reacción de las propias víctimas, lo cual alimenta la nostalgia, entre los sectores ciudadanos más esclarecidos, con las grandes movilizaciones que, hace 10 años, forzaron la anulación de proyectos de privatización de la COPACO, y el año pasado, incluso, desbarató el plan de Efraín Alegre de entregar los aeropuertos nacionales a capitales extranjeros.

La amenaza planea de vuelta

El estudio del mamotreto de la bioseguridad fue aplazado por 15 días, a propuesta de la Diputada Aída Robles, pero esa postergación murió el 26 de abril y, de nuevo, la amenaza planea sobre la dignidad nacional, y podría terminar por permitir que continúe la fumigación con agrotóxicos en cientos de miles de hectáreas de soja y otros granos, que cercan a unos 500 centros escolares en el territorio nacional.

Con fuerte oposición y campañas de denigración por parte de miembros de la UGP, la CAP, la APS y otras fuerzas corporativas, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), es el organismo que más combate la violación de la Barrera Viva, un cerco vegetal de cinco metros de ancho por dos de alto, y de la Franja de Protección, de 100 metros de anchura, que deben separar los plantíos de la presencia humana vecina.

En algunos casos,  los mismos propietarios de las fincas intervenidas, una vez interiorizados de  las normativas vigentes, proceden a destruir la franja plantada, y ello, en definitiva, contribuye a preservar la salud de la población potencialmente víctima de los efectos de los plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc., que vienen en los paquetes transgénicos.
Un ejemplo a recordar, según E’a, entre los nocivos efectos de los OGM sobre el ambiente y las poblaciones, que es el mismo que a menudo se verifican en otros países, es el de la soja Round Up Ready de la transnacional estadounidense Monsanto, que en un solo año registró el uso de 24 millones de litros de agrotóxicos en nuestro país.

Alquilados por esa transnacional, los geófagos locales se han convertido en cómplices de una de las empresas más dañinas para los seres vivos desde su creación hace más de un siglo, causante con sus fibras sintéticas de la muerte de millones de tortugas, cetáceos y ballenas, y medio millón de vietnamitas  y otro tanto de nacidos deformados, además de destruir  selvas y cosechas con su Agente Naranja, y fabricante del cancerígeno Aspartame (Nutra Sweet) y la Somatropina bovina.

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