El verdadero invasor “de inmueble ajeno” fue Blas N. Riquelme, aseguran organizaciones

La Mesa de Unidad de Organizaciones Sociales y Políticas se pronunció sobre la acusación del fiscal Jalil Rachid, en el caso de la matanza de Curuguaty; en un comunicado enumera las mentiras de Rachid y exige que el agente sea separado del caso.

Organizaciones sociales exigen justicia por la matanza de 11 campesinos el pasado 15 de junio.

Tres son las mentiras descriptas por las organizaciones sociales:

1. El verdadero invasor de Marina Kue fue Blas N. Riquelme. El fiscal Jalil Rachid persiste en la versión tergiversada de que las personas que ocupaban las tierras de Marina Kue eran invasores irregulares de un inmueble, y que respondieron de manera violenta a un operativo fiscal-policial. Por eso imputa a las personas ocupantes por “invasión de inmueble ajeno”. El fiscal debe explicar cómo puede permitirse esa imputación si quien se apropió de manera fraudulenta de esas tierras fue el ex senador y político colorado, Blas N. Riquelme, mediante procedimientos torcidos en la Justicia. Las tierras fueron donadas por la Industrial Paraguaya (LIPSA) al Estado en 1967; la Armada Nacional ocupó las mismas hasta 1999, y en 2004, el Estado la destinó a la reforma agraria. Es en ese momento que la empresa de Riquelme se apropia del inmueble y, desde entonces, los campesinos y campesinas reivindican de manera legítima que se haga justicia con esas tierras.

2. La verdadera emboscada fue policial. El fiscal Jalil Rachid habla, sin pruebas razonables, de la supuesta acción premeditada de las personas que ocupaban el inmueble. Según el fiscal, campesinos y campesinas supuestamente emboscaron una intervención de fuerzas públicas en Marina Kue. Lo que el fiscal debe explicar a la ciudadanía es cómo 60 personas, incluyendo niños, niñas y personas de tercera edad, con media docena de armas viejas, pudieron haber emboscado a más de 300 policías fuertemente entrenados y armados, que llegaron por, al menos, dos frentes al encuentro de las personas ocupantes, con apoyo aéreo y una poderosa retaguardia. Además, el fiscal debe investigar la naturaleza irregular de la intervención encabezada por la fiscala Ninfa Aguilar el 15 de junio, de una orden de allanamiento, con fines de desalojo, en tierras que pertenecen al Estado.

3. El uso de las armas policiales sigue encubierto. El fiscal Jalil Rachid insiste en la versión, parcial, de que los campesinos estaban fuertemente armados, y así emboscaron a una Policía supuestamente desarmada. Lo que el fiscal debe mostrar a la ciudadanía es el verdadero armamento policial utilizado, como las armas automáticas, fusiles, ametralladoras, y el uso abusivo que hicieron de ellas. El fiscal debe explicar por qué no investiga los indicios de ejecuciones ilegales, de torturas y otros maltratos a campesinos y campesinas; por qué la Policía incendió el campamento y las pertenencias de las personas ocupantes; y por qué no muestra la autopsia de los 11 campesinos fallecidos para investigar sus muertes, incluyendo también la de los propios 6 oficiales abatidos.

Para los movimiento sociales, la investigación fiscal, hasta ahora, se ha mostrado parcial e incapaz de encontrar respuestas objetivas sobre lo que sucedió en Marina Kue el 15 de junio de 2012. “El fiscal Rachid no investigó la muerte y maltratos sufridos por campesinos y campesinas, no transparentó los resultados de los estudios (autopsias, balística, nitritos, otros) que hubieran dotado a la investigación de elementos objetivos para fundamentar sus imputaciones y acusaciones, y tampoco procesó a policías o a la anterior fiscala a pesar de los indicios graves de actuación irregular”.

Finalmente, la Mesa de Unidad de Organizaciones Sociales y Políticas exige que el proceso se rectifique con transparencia y que la Justicia sea capaz de determinar con exactitud la responsabilidad y participación de todas las personas que cometieron delitos en Marina Kue el 15 junio pasado. Piden que el fiscal Jalil Rachid sea separado del cargo, y que la fiscala Ninfa Aguilar y el juez José Benítez sean investigados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Alertamos, por último, de una condena cantada para los campesinos y las campesinas que perdieron su libertad para justificar el golpe de Estado parlamentario, teniendo en consideración la triste e indignante realidad de la Justicia paraguaya, y el funcionamiento corrompido del Poder Judicial y de la Fiscalía, que generan inseguridad manifiesta en la ciudadanía. Esta situación será respondida por la sociedad con el justo repudio que se merecen las autoridades involucradas en los asesinatos perpetrados en Marina Kue, a través de acciones de resistencia y movilizaciones masivas”, concluye el pronunciamiento.

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