El reduccionismo fiscalista y los estallidos sociales

Análisis.

 

La manifestación del 3 de enero contra la suba del pasaje, que terminó con represión y detenidos. Foto: Cigarrapy.

El contexto en el cual se puso en marcha lo que se conoce como neoliberalismo en América Latina, era el de la crisis de la Deuda Externa ocasionada por la sobreoferta de los petrodólares. No es casual que el plan piloto de ese neoliberalismo se diera a partir del golpe militar cruento que derrocó a Salvador Allende en 1973, fecha del acuerdo suscripto entre Arabia Saudita y EEUU, mediante el cual la comercialización del petróleo se haría en la moneda norteamericana.

En ese contexto es que se aplican los tristemente famosos planes de ajuste para América Latina, creando las condiciones para la privatización a mansalva de los bienes estatales a favor del gran capital transnacional. Esos planes de ajuste dictados por el Fondo Monetario Internacional, estaban destinados a una política fiscalista a ultranza, con la justificación de que los estados estén en condiciones de cubrir sus insalvables compromisos financieros. Los recursos locales se depreciaron tanto que las consabidas privatizaciones se realizaron a precio de chauchas, o como dicen los brasileños, a precios de bananas, con la complicidad venal de las burocracias estatales locales, tanto que Joseph Stiglitiz, calificara de sobornización.

Esos planes de ajuste que priorizaban la “salud” fiscal, se realizaban obviamente en detrimento de las necesidades de las mayorías, provocando más tarde los terribles estallidos sociales. En Venezuela de 1989, lo que se conoce como el Caracazo, en la Argentina del 2001, cuando los saqueos y violencia a los locales bancarios, o los de 2000 y 2003, en Bolivia en contra de la privatización del agua y el gas. Esos estallidos sociales devinieron posteriormente gobiernos autonomistas a los que hoy algunos califican de bolivarianos. Todos esos estallidos provienen por tanto de las tremendas deudas externas de esos países y sus planes de ajustes consecuentes.

Allá por los años 80 del siglo pasado, en tiempos de la dictadura de Stroessner, había un pintoresco dirigente sindical de la CPT, que decía: “este es un país divino”. En realidad no estoy seguro de que le quepa el apelativo de “divino”, pero lo que no deja lugar a dudas, es que tiene un proceso histórico invertido y por eso atípico respecto a los de los que le rodean.

Cuando el conjunto de países latinoamericanos estaba ahogado en tremendas deudas externas, el peso de nuestra deuda externa no era muy significativo, por lo que mal se podía  hablar de crisis de deuda como la que explota con el famoso default mexicano en el año 82. No tuvimos planes de ajuste como los enunciados más arriba, y las privatizaciones consecuentes estuvieron seriamente frenadas por el carácter clientelista prebendario y patrimonialista del Estado paraguayo. Cuando se produce la caída de Stroessner, año en que se suscribe el Consenso de Washington , en pleno auge neoliberal, nuestra inserción al modelo instalado en A.Latina no fue posible porque nuestro país no se podía liberar de aquel carácter clientelista prebendario y patrimonialista.

Hoy, que en América Latina se consolidan gobiernos que surgieron en el marco de aquellos estallidos sociales consecuentes de los devastadores planes de ajuste, con políticas que apuntan a liberarse de la tutela norteamericana y los dictados de los organismos financieros multilaterales manejados por la potencia del norte para iniciar una historia post-neoliberal, el nuestro bajo la batuta de Cartes, se aboca a iniciar un proceso inverso: rebobinando la historia, hacemos un recorrido de contramano, con una política fiscalista a ultranza para facilitar y seducir al gran capital transnacional, sin ninguna contemplación a los costos sociales consecuentes. Para preservar la “salud” fiscal, en lugar de echar mano a la tributación sobre el sector que más recauda como el agroexportador, se contrae el gasto público retirando el subsidio a un inservible y corrupto empresariado del transporte, para justificar el aumento del pasaje. Por otro lado, siempre en honor a esa “salud” fiscal, el ministro de Hacienda anuncia que no habrá aumento salarial.

Esta reduccionista política fiscal sin la justificación del apremio financiero que existía  en los años 80 sobre Latinoamérica, se concibe e implementa en Paraguay, para llamar la atención del gran capital transnacional, a cuya voracidad serán entregados nuestros recursos.

Pero la singularidad mayor se da cuando antes de iniciarse la entrega,  como consecuencia de la compulsividad del gobierno por preservar el equilibrio fiscal, promueve los costos sociales, atizando el fuego del estallido, cuando toca algo tan sensible, como el pasaje del transporte público, y al mismo tiempo anuncia que no habrá reajuste salarial.

Como vamos de contramano en cruce con nuestros vecinos, avizoramos con facilidad un futuro que los mismos vienen de padecer: el de los estallidos sociales incontrolables.

La gestión estatal jamás puede ser reduccionista, porque el Estado comprende al conjunto de la sociedad políticamente organizada, y el elemento fundamental primero es la población. Quien considere al mismo  como un boliche de barrio regido por la relación costo-beneficio preservando su caja chica, tiene sus días contados, sencillamente porque no hay gobernabilidad que pueda garantizarse cuando los costos sociales superan tanto los beneficios, que provocan estallidos imposibles de salvar.

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