El orden y los villanos

Al cierre de la dictadura, luego de que el régimen stronista se fortaleciera y el clima de estabilidad y el orden encajonaran la palabra libertad y la idea de liberación, en los sectores de oposición política maduraba la inapelable idea de que era imposible romper con el orden stronista.

Como muy bien recoge Mauricio Swartzman en Mito y Duelo (1989), en todos los actores de la oposición formal estaba implícita la idea del diálogo subordinado con el antiguo régimen. En ese presagio fatal, se ubicaba al Ejército paraguayo como piedra angular de la recomposición del régimen. La hegemonía del orden social consolidado por el régimen stronista durante el periodo de “transición” estaba a buen recaudo en la propia cabeza de los Domingo Laíno, Euclides Acevedo y otros referentes de la oposición política paraguaya de esos tiempos. De allí que es muy explicable que haya sido el propio Domingo Laíno, exuberante líder de los liberales en los 80 y 90, el que haya encabezado el pacto de gobernabilidad por el cual se incorporaba a los demás partidos políticos en la constitución de los organismos del Estado: La Corte Suprema de Justicia, la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y luego se sumaría la Fiscalía General. Este pacto de gobernabilidad vendría a crear el escenario apropiado para el mantenimiento del orden social paraguayo, cuyas características principales se sostienen en una economía agro exportadora y reexportadora. El mantenimiento del orden económico estaba garantizado.

El latifundio, aun aquellas tierras que se consideran “malhabidas”, sería preservado en nombre del nuevo orden de estabilidad y democracia. La importación de mercaderías de todo tipo seguiría un ritmo ascendente manteniendo al país en el centro del tráfico del sub continente y aceitando una economía del día a día: eso de de vender baratijas en colectivos, en las calles, en los estadios y en cualquier lugar. Es esta economía la que ha estado absorviendo en su mayor parte la emigración del campo a la ciudad, promovida, entre otras cuestiones, por la extensión de las franjas ganaderas (50 por ciento de las tierras cultivables es pastura según el último censo) y el cultivo de granos a gran escala, la soja principalmente, dos líneas de producción que integran a la cadena a muy pocos trabajadores.

En las últimas tres décadas, este modelo económico avanzó sobremanera sobre el antiguo minifundio y el mundo rural en general, lugar de vida de las familias campesinas, quebrando la “armónica” relación entre campesinos y patrones de ciudad. A la apertura política se sucedieron las ocupaciones de tierras en el campo y en los alrededores de las ciudades-pueblo ante la imposibilidad de pagar “las cómodas” e interminables cuotas de las inmobiliarias. Al universo citado ahora se han sumado las comunidades indígenas, en -tal vez- el último y más lacerante período de expulsión de sus antiguos territorios, también quebrados por el modelo agroexportador extensivo e intensivo. En todo ese tiempo, los organismos públicos se organizaron para defender y mantener este orden.

En ese cuadro dantesco, ese orden intenta perpetuarse a como dé lugar. De repente, así como de la nada, el orden intenta hacer creer a todo un pueblo que el grave problema de nuestro país es un grupito de insurgentes al que se adjudican los secuestros. De repente, los mafiosos que controlan todo el territorio paraguayo no son el problema ni los que saquearon esta nación y disfrutan sus bienes impunemente sino que el problema había sido que son estos villanos rurales que andan ocupando tierras y resistiendo las fumigaciones aéreas en los sojales. O esa gente miserable que anda buscando baldíos para asentarse en los alrededores de la ciudad. Hasta ahora el juego le está saliendo muy barato. Todo el sistema judicial está intacto, ni siquiera una mensura administrativa de tierras puede progresar, la policía pega fuerte a miserables y, en medio, un presidente que, bajado del aura celestial al barro mundano (a buena hora), es incapaz de sostener un decreto ley sobre uso de los agrotóxicos.

El orden está reciclando a todos los sectores del poder económico, aún s los de la mafia sicaria en un mismo bando ante el «peligro de la desestabilización». No lo van a reconocer formalmente, claro está. Pero eso está ocurriendo. Tienen mucho poder constituido. La gente común juega en esa línea una de sus apuestas históricas. Si ubicamos el sentido real de nuestras disputas, posiblemente dentro de muy poco tiempo ya tengamos capacidad no de confrontar mediáticamente a los verdugos sino de disputarles con sentido, practicidad y fuerza el territorio. Que así sea, antes de que sigan cerrando plazas a los indígenas y vagabundos. En fin, antes de que sigan privatizando lo que es fundamentalmente nuestro.

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